Siete retos fundamentales de la sanidad pública en la próxima legislatura

Presupuestos suficientes, recuperar el empleo perdido en el sector, volver al carácter universal del sistema sanitario acabando con las exclusiones, detener el proceso privatizador, mejorar la política farmacéutica y la atención primaria y desarrollar mecanismos de participación... Un nuevo Gobierno del PP sería nefasto para avanzar en estos objetivos

La nueva legislatura que ahora comienza plantea importantes retos para el sistema sanitario público porque este ha sido sometido durante cinco años a un proceso extremo de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatizaciones que no se han detenido, aunque durante 2015 ha habido una pequeña recuperación presupuestaria y las agresiones y privatizaciones se han hecho más silentes y paulatinas. Por otro lado, en las comunidades autónomas que viraron hacia Gobiernos progresistas en las elecciones autonómicas de mayo de 2015 se han producido algunos avances como son una paralización de las privatizaciones, garantizar la cobertura universal y en alguna de ellas sistemas para evitar que los pacientes no tengan acceso a medicamentos prescritos por motivos económicos.

En esta coyuntura, la sanidad pública necesita un cambio radical de rumbo, o lo que es lo mismo una política que tenga como principal objetivo la recuperación del sistema público, universal y de calidad que existía anteriormente, aunque como es obvio existen algunas cuestiones en las se tendría que avanzar para mejorar la situación a largo plazo.

Retos principales

El primer reto es el financiero. La sanidad necesita unos presupuestos suficientes, es decir un incremento presupuestario que debería de situarse, cuando menos, en los niveles de 2009, garantizando luego su mantenimiento, y lo que es muy importante una asignación finalista de los mismos para acabar con las importantes desigualdades que existen entre las comunidades autónomas (por ejemplo, los presupuestos para 2016 tenían una variación de más 500 euros per cápita entre la que más y la que menos destinaba). Se trata fundamentalmente de una decisión del Gobierno central porque en este momento el principal obstáculo en muchas comunidades es el techo de gasto impuesto por el Ministerio de Hacienda.

El segundo, muy ligado al anterior, es la necesidad de recuperar el empleo perdido en el sector sanitario público, que ha sido el resultado de los grandes recortes presupuestarios. Se precisa reponer los entre 40.000 y 55.000 trabajadores que ha perdido la sanidad pública (por supuesto no necesariamente en el mismo sitio), y todo ello para asegurar la utilización intensiva de los recursos del sistema sanitario público  (reabrir camas, quirófanos, puntos de atención continuada, consultas, entre otros).

El tercero es volver al carácter universal del sistema sanitario acabando con las exclusiones, bien por las características de la población (inmigrantes, entre otros colectivos) bien por las barreras económicas para el acceso a las prestaciones del sistema (acabando con los copagos). Estas actuaciones conllevan la derogación del RDL 16/2012 de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud.

El cuarto es detener el proceso privatizador y recuperar lo privatizado. Lo primero es en teoría bastante fácil ya que se trata de dejar de derivar pruebas diagnosticas, consultas con el especialista e intervenciones quirúrgicas a los centros privados y no realizar más privatizaciones directas (concesiones administrativas, PFI... ). Lo segundo es más complejo y precisa de una evaluación caso a caso, en algunos simplemente no renovar las concesiones o los contratos que finalizan en un plazo breve, en otros poner en marcha los sistemas de rescisión de los contratos, e incluso comprar las empresas concesionarias algunas de las cuales están en quiebra técnica... A ello ayudaría la derogación de la Ley 15/97 y de las leyes autonómicas en las que se basan las privatizaciones. Es sobre todo un asunto de voluntad política, de la Administración central y de las comunidades autónomas, pero es evidente que hay que obrar con prudencia y estudiar las características concretas de cada caso.

Los otros retos

Los anteriores son con mucho los retos principales, pero hay otros dos que también deberían de abordarse con celeridad porque tienen una gran capacidad para condicionar el funcionamiento del sistema sanitario, y podrían resumirse en tres cuestiones: reorientar la política farmacéutica, potenciar la atención primaria y desarrollar mecanismos efectivos de participación social y profesional.

Se trataría de poner en marcha una política farmacéutica donde primara la utilización basada en la evidencia, la independencia de los profesionales respecto a la industria y la primacía del derecho a la salud sobre los escandalosos beneficios económicos de las empresas.

La política farmacéutica es desde antiguo uno de los problemas de nuestro sistema sanitario, tanto por el gasto (muy superior al promedio de la OCDE), como por la calidad de la prescripción (por ejemplo tenemos un numero dosis definidas por habitante y año de antiulcerosos  que es el más alto de la Unión Europea y casi el doble que el promedio de esta, una elevada utilización de antibióticos y de resistencias bacterianas...) y por la capacidad de presión de la industria sobre los profesionales (a través de la formación continuada financiada casi en exclusiva por las multinacionales farmacéuticas) y la Administración (lo que se ha evidenciado por ejemplo en el escandaloso precio del Sofosbuvir). Se trataría de poner en marcha una política farmacéutica donde primara la utilización basada en la evidencia, la independencia de los profesionales respecto a la industria y la primacía del derecho a la salud sobre los escandalosos beneficios económicos de las empresas.

La atención primaria precisa de más presupuesto y profesionales, sobre todo en enfermería. La atención primaria ha sufrido un gran retroceso desde los años noventa del siglo pasado, tanto por las privatizaciones como por la tendencia a la hipertecnologización del sistema sanitario que ha dejado de lado precisamente la que podría ser la principal solución de los problemas de salud de la población. La atención primaria precisa de manera urgente un mejor tratamiento presupuestario, mas profesionales, sobre todo de enfermería y una mayor capacidad de resolución.

Y por fin la necesidad de desarrollar mecanismos de participación social y profesional para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario y favorecer el control de la población sobre unos servicios, que se nos olvida con frecuencia, son de su propiedad y se mantienen con sus impuestos.

Todas estas cuestiones deberían de afrontarse en esta próxima legislatura, pero los resultados electorales no permiten mucho optimismo al respecto, un nuevo Gobierno del PP sería nefasto para la sanidad pública porque sus objetivos son claramente la privatización y el deterioro de los sistemas públicos de protección social.

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Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

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