No hace falta una observación profunda para darse cuenta de que esta situación es la consecuencia de una intencionada labor de desmantelamiento para favorecer la supervivencia económica de los servicios privados de salud, y la visión positiva de la población hacia éstos, reforzada con dinero público por medio de desvíos directos de presupuesto público en lo que se denomina colaboración público-privada. Esto se lleva a cabo directamente con externalizaciones y con mecanismos de exención fiscal, e indirectamente permitiendo la penetración de las empresas sanitarias cediéndoles la formación en salud de profesionales y usuarios, normalmente por medio de las llamadas sociedades científicas.
La Sanidad Pública necesita, pues, un plan de regeneración que acabe con las políticas de sabotaje y que aborde de forma decidida los problemas que la aquejan, como son el mencionado desvío del presupuesto a empresas privadas, en lugar de dedicarlo a mantener servicios propios en todos los aspectos de la logística del Servicio de Salud.
Para la Comisión de Salud de la FABZ es imprescindible una mejora sustancial de la Atención Primaria de salud en cuanto a dotación de personal, material y apoyo organizativo de forma que se pueda hacer una labor de educación, promoción y prevención en salud, acabando con el hospitalocentrismo que actúa como una verdadera aspiradora de recursos. Profundizar en la dedicación exclusiva del personal y en la mejora de horarios y turnos, para desarrollar un desempeño del trabajo equilibrado y acorde con las necesidades de la población que se atiende. Penalizar la objeción a la cartera de servicios pública y cambiar la forma de medir la óptima prestación de la misma con criterios de calidad, por encima de los criterios económicos. Mejorar la formación pre y postgraduada de los trabajadores a cargo del sistema de educación público.
Es necesario también profundizar en la integralidad y la universalización de las políticas sociosanitarias que atienda la cronicidad, la salud laboral, la salud medioambiental, de forma que ningún residente en el estado español se vea excluido.
