PSOE, PP y Ciudadanos se han mostrado en contra de licitar una caseta, que tiene como objetivo la instalación de un repetidor en la ciudad de Zaragoza, de la que ya se han iniciado las obras en las cercanías del Parque de Atracciones de Zaragoza, con dinero de la Federación Aragonesa de Radios Libres, y que permitiría a las mismas llegar a un mayor número de hogares, cumpliendo la legislación actual y futura al sacar el espectro radioeléctrico del casco urbano.
El debate de este punto en la comisión de Urbanismo tenía como objetivo licitar la obra donde se instalará este repetidor. Sin embargo, PSOE y PP, han trabado el debate en un asunto en el que la política municipal no tiene competencias, como es la legalidad o no de los medios libres y comunitarios.
El Partido Popular, impregnado de una comprensión meramente mercantilista sobre la emisión y el acceso a la información, no parece entender el espíritu de los medios libres y comunitarios. Así, no duda, ni lo ha hecho durante la comisión de urbanismo, en tacharlos de “ilegales” y “piratas”, pese a ser asociaciones legalizadas sobre las que el Gobierno de Aragón ya ha pedido un censo y ha iniciado los trámites con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, para dotarlos de las frecuencias necesarias para sus emisiones.
Para los populares, que uno de los representantes de dicha federación sea miembro de una de las fuerzas políticas que confluyen en Zaragoza en Común, es motivo suficiente para haber tachado la licitación de dicho repetidor de “dedazo”. Con estos argumentos, el grupo municipal popular, demuestra desconocer tanto el funcionamiento de la federación como la completa autonomía política de estos medios, que ha llegado hasta el punto de quitar de su parrilla programas de radio que han sido conducidos por miembros electos de algún partido político, en cumplimiento de sus estatutos.
El popular Pedro Navarro, desconocedor quizá del carácter no lucrativo de estos medios y de la legislación que promueve este tipo de emisiones, ha exigido una comparativa con medios comerciales, que viven y dependen de la comunicación audiovisual comercial, completamente prohibida para los medios comunitarios. Así mismo ha solicitado un informe del Ministerio de Energía, sobre la mesa del que ya pesa la solicitud del Gobierno de Aragón solicitando su legalización, en cumplimiento del Artículo 20.1 de la Constitución vigente.
El grupo socialista se ha mostrado también virulento con esta cuestión. Lola Ranera entraba en detalle, y obviando cuestiones técnicas de construcción de la caseta y el repetidor, aseguraba que lo que le preocupaba era que estas radios no tuvieran que pagar o que incluso pudieran acceder a una emisión audiovisual, mostrando también su desconocimiento, no solo de la legalidad que permite y pide – en la Ley 7/2010 – “garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público necesario para la prestación de estos servicios”, en referencia a los medios comunitarios sin ánimo de lucro; sino que además contradiciendo a sus compañeros de partido en el Gobierno de Aragón, que solicitaban el pasado mes de enero al Ministerio de Industria la asignación de dominio público radioeléctrico a estos medios.
Las gestiones realizadas por el Gobierno de Aragón, realizadas por un gobierno socialista, es más que probable que tengan el suficiente valor como para terminar por hacer recular al grupo municipal socialista en la próxima comisión municipal de Urbanismo, cambiando su modo de ver y tratar a estos medios libres y comunitarios.
Por su parte Ciudadanos, se ha unido a la petición del PP de retirar el expediente, como también ha hecho el PSOE, simplemente por unas supuestas interferencias con la red del Tranvía, que se nombran en el Informe de Movilidad y Redes, y en el que se asegura que no las iba a haber, pero como cautela se indican las formas para subsanarlas.
La retirada del expediente obligará a volver a llevar a la próxima comisión municipal de Urbanismo en la que se deberá debatir la aprobación del mismo, tras la petición de nuevos informes.
