Hay momentos que parece que el acelerador es activado. Lo ha hecho la indignación popular ante la compra con dinero público de un ático de lujo para la ultraderechista presidenta de la comunidad de Madrid en contraposición al desahucio de Maricarmen. El estallido que estamos viendo no se puede dar sin las condiciones trabajadas cotidianamente por el Sindicato de Inquilinas. Movilizaciones importantes en diferentes ciudades del país, porrazos de la policía en la nada conflictiva Valladolid y una acampada en la puerta del Sol. Síntomas de algo más importante: puede estar siendo el comienzo de un cambio de ciclo político. Los cambios cualitativos se suelen dar cuando hay una suma de cambios cuantitativos. “La gota que colma el vaso” dice el refrán popular.
Parte de la indignación se explica por el descontento de grandes sectores de población que no han visto mejorar, más bien han visto empeorar, sus condiciones materiales de vida desde la entrada del autodenominado “Gobierno progresista”. Esperanzas y expectativas incumplidas. Se abre un abismo entre quien tiene acceso a la propiedad de la vivienda y quien no. Hoy en España es casi imposible acceder a la propiedad de una vivienda solo por la vía salarial. Da igual lo que te esfuerces, el empleo que consigas, la propiedad, la tenencia de capital inmueble es lo determinante.
Parece que decirle a la gente que apriete los dientes, que a la ultraderecha se la para pagando la mitad del salario por una casa, un 40% más que hace cinco años por la cesta de la compra y 2 euros por el litro de gasolina con un salario casi congelado no funciona. Sin meter en el cálculo el estado precario de nuestros servicios públicos.
En Zaragoza, los desahucios continúan produciéndose cada semana. Familias enteras afrontan procedimientos de lanzamiento sin que se les ofrezca una alternativa habitacional digna, ni desde el Ayuntamiento, ni desde la Comunidad Autónoma.
La política de vivienda del Gobierno municipal de Natalia Chueca no sólo no ha frenado esta situación, sino que la ha agravado. Se han desaprovechado oportunidades clave, como la ampliación del parque de vivienda social, el uso del derecho de tanteo y retracto sobre casi 200 viviendas de protección oficial que podían haberse incorporado al parque público municipal.
Lejos de esto se ha cerrado la Oficina de Mediación Hipotecaria y del Alquiler y no se ha hecho efectiva la posibilidad de gravar las viviendas de grandes tenedores desocupadas con un recargo del IBI.
Además el Gobierno de la señora Chueca ha regalado los suelos de equipamiento de los barrios a fondos buitre para que sigan haciendo negocio con la falsa etiqueta de "alquiler asequible". Se trata de suelos dotacionales, donde deberían ir colegios o centros de salud que se ceden a promotores privados a 75 años que construyen viviendas minúsculas para maximizar sus beneficios, mientras solo se prometen ayudas en 15 o 30 años para que realmente el precio sea asequible.
Ante esta situación hay que acudir a las movilizaciones del Sindicato allí donde se realicen, hay que dar a conocer el Decreto presentado, hay que afiliarse al Sindicato si eres inquilina. Hay que ir mañana martes 29 de septiembre a la Calle Ourense a parar el desahucio de Esmeralda y su hija. Tenemos que apretar para que el martes se apruebe el decreto Maricarmen. Es positivo para el movimiento por la vivienda y por lo tanto para la organización social, lo es para los partidos que conforman el gobierno y también obviamente para los millones de inquilinos de este país.
Es positivo para el movimiento por la vivienda porque el poder se demuestra ejerciéndolo. Se demuestra doblando el brazo a quien tienes enfrente. Se refuerza la conciencia y la capacidad cuando un juez dice que hay que echar a una familia, pero el estado no tiene la capacidad de hacerlo porque 100 personas se plantan en la puerta. Se demuestra en la práctica que la lucha sirve para algo. Esto forma parte de las experiencias del movimiento obrero durante los últimos siglos. En España hubo un sindicalismo combativo en los años treinta porque se consiguió la jornada de 8 horas en la huelga de La Canadiense. Siendo atrevidos se puede decir que el movimiento feminista de este país no hubiera sido tan poderoso si no se hubiera parado la reforma de Gallardón. No hay acumulación de fuerzas sin victorias concretas. Si las fuerzas populares organizadas en el Sindicato de Inquilinas logran aprobar el Decreto Maricarmen lograrán una enorme acumulación de poder tangible; habrán conseguido aunque sea por un día doblar las garras de los fondos buitre. Haciendo posible, imaginable, realizable una sociedad en la que los ultrarricos no sean los amos del cortijo.
Es positivo para el Gobierno y los partidos que lo componen. Si los partidos actualmente subalternos al PSOE, estén o no estén en el Gobierno, no consiguen forzarle a realizar una reforma de mínimos sobre la vivienda su credibilidad ante la “clase inquilina” descenderá preocupantemente. Probablemente sigan teniendo algo de representación siendo votados como la opción menos mala, aunque cada vez por menos gente y menos ilusión. En el Decreto Maricarmen la izquierda subalterna al PSOE se juega su propio futuro al jugarse su presencia e influencia entre las nuevas generaciones de trabajadores desposeídos de la propiedad de una casa. Es bueno hasta para el PSOE de Pedro Sánchez que ha centrado su supervivencia política en ser un referente progresista internacional; imagen debilitada por las escenas inhumanas del desahucio de la semana pasada. Hasta el demócrata de Mamdani ha regulado los alquileres en Nueva York. Hasta países gobernados por fuerzas percibidas como menos progresistas o directamente de derechas en Europa tienen un mercado de la vivienda mucho más garantista con el inquilino. El PSOE también se la juega. ¿Priorizará su supervivencia como partido progresista a los intereses del gran capital internacional? Poco tenemos que esperar del partido socialista en este aspecto, solo confiamos en que en esta ocasión la inteligencia y el tacticismo venzan a la subordinación hacia los poderosos.
Y por último es positivo para los inquilinos. La reivindicación central, reiterada hasta la saciedad por las portavoces del Sindicato, es convertir en indefinidos los contratos. Arraigo en el lugar de residencia para vivir y resistir. Parar la escalada enloquecida de precios y de contratos de 1 o 2 años. Frenar la expulsión de sus casas de inquilinos porque a la propiedad le interesa echarlos para forzar un nuevo contrato y subir el precio. las otras medidas son la congelación de los alquileres, ahora mismo solo se puede subir el IPC, paralizar los desahucios sin alternativa habitacional para que no se repitan las sangrantes imágenes del desahucio de Maricarmen y regular el alquiler de temporada y habitacional. Medidas que el Sindicato insiste en que son urgentes, de necesidad inmediata. Será necesaria una reforma estructural del modelo, revisar el alquiler social, expropiar a grandes tenedores, bajar los precios, etc. Pero ahora es el momento de la urgencia.
Una derrota sería muy dura. Una derrota política, cuando se han dado las condiciones y las fuerzas para plantar cara a la especulación, sería durísima. El descontento y la desafección alimentan al fascismo. En el plano institucional el escenario de una derecha y ultraderecha con tres quintos en el Congreso estaría más cercano. Quizá las próximas elecciones estén perdidas, pero si está en disputa que la reacción no pueda modificar la Constitución. Se produciría un mayor alejamiento de las fuerzas populares y los movimientos sociales y una izquierda institucional cada día más desorganizada y caótica, algo que no es bueno para nadie. Para los inquilinos la derrota puede suponer la aceptación resignada de la precariedad habitacional. No será la última batalla, pero las derrotas siempre son duras de digerir, y para recuperarse se necesita un tiempo que quizá no tenemos.
Esperamos que el Gobierno entre en razón y que el empuje popular que es deber de todos logre romper la mayoría política que defiende a los especuladores. Si el martes en el Consejo de Ministros el Gobierno no aprueba el Decreto Maricarmen quedará una vez más demostrado que este Gobierno es inútil para los intereses populares y que el mejor lugar para una izquierda que quiera transformar esta realidad precaria en la que vive la clase trabajadora es la calle.
Por todas las Maricarmen, aceleremos.
