Durante el 2025 y actualmente, decenas de miles de hectáreas ardieron o siguen ardiendo en la región, particularmente en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, poniendo en evidencia no solo la gravedad del fenómeno, sino también la deficiente respuesta del Estado argentino ante una emergencia prevista y repetitiva.
Según datos oficiales de organizaciones ambientalistas, los incendios en la Patagonia ya han consumido miles de hectáreas de bosque nativo, con focos activos que ponen en riesgo comunidades, turistas y ecosistemas frágiles. En Chubut, por ejemplo, el incendio cerca de Puerto Patriada y El Hoyo ya superó las 5.500 hectáreas quemadas, forzando evacuaciones y destruyendo viviendas mientras las llamas avanzan con condiciones climáticas adversas, como altas temperaturas y fuertes vientos.
Frente a esta emergencia, el gobierno nacional de Javier Milei ha adoptado una estrategia comunicacional que busca atribuir responsabilidad fuera de la esfera estatal. Autoridades provinciales y nacionales vinculan algunos focos de incendio a supuestos “grupos radicalizados”, señalando la presencia de comunidades mapuches con antecedentes de violencia —incluso con menciones a “terrorismo ambiental”— como posibles iniciadores de algunos incendios.
Este discurso tiende a desviar la atención hacia conflictos sociales o políticos y a soslayar la discusión sobre las causas estructurales, ambientales y de gestión que hacen que estos incendios sean cada vez más recurrentes.
Probablemente el aspecto más crítico y menos discutido en los medios hegemónicos es el papel de la política presupuestaria del gobierno de Milei en agravar la crisis de los incendios. En un contexto en que la prevención y el combate del fuego requieren inversiones consistentes, los recortes y la subejecución de fondos destinados a esos fines han sido severos.
Los datos son contundentes
El Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), organismo clave en la prevención y combate de incendios, ha sufrido una caída real del presupuesto que ronda el 70% respecto a 2023, y aún mayores recortes frente a 2025.
Durante 2024, el SNMF ejecutó apenas alrededor del 22% de los fondos asignados para esa función, pese a ser el año con la mayor cantidad de incendios en años recientes.
En 2025 se repitió la subejecución, dejando sin utilizar casi 25% del presupuesto asignado, lo que equivaldría a decenas de miles de millones de pesos que podrían haber mejorado equipamiento, infraestructura y condiciones laborales de brigadistas.
El presupuesto proyectado para 2026 contempla una reducción real de más del 70% en los fondos para gestión del fuego respecto a 2025, y casi un 69% menos que en 2023, consolidando un patrón de desfinanciamiento que lejos de fortalecer capacidades las debilita.
Este ajuste no solo limita la capacidad de reacción ante incendios activos, sino que también minimiza profundamente la prevención y la detección temprana, dos pilares fundamentales para evitar que incendios pequeños se conviertan en desastres de gran escala.
El recorte también se traduce en condiciones laborales precarias para quienes están en la primera línea de combate donde brigadistas y bomberos padecen salarios bajos, falta de equipos adecuados y jornadas extenuantes que dificultan su trabajo y aumentan los riesgos.
A su vez, la subejecución de recursos refleja una falta de priorización política que no solo afecta al SNMF, sino también a otros organismos vinculados a la protección ambiental y a la gestión del territorio, debilitando capacidades que deberían ser robustecidas ante una crisis ambiental que se profundiza con el cambio climático.
Una enfermedad estructural de larga data
La crítica al gobierno de Milei no puede quedar aislada de la evidencia más amplia: la falta de políticas sostenidas de preservación de recursos naturales ha sido una constante en Argentina, más allá del signo político de cada administración. Los incendios forestales, la deforestación y la degradación de ecosistemas han sido fenómenos reiterados en décadas, impulsados por múltiples factores como el cambio climático, la expansión de fronteras productivas sin planificación ambiental, la ausencia de un modelo de desarrollo sostenible, y la falta de inversión estructural en gestión del fuego y protección del bosque nativo.
Distintas organizaciones, sindicatos y movimientos sociales han señalado que los incendios no son hechos aislados o inevitables, sino el resultado de un conjunto de políticas públicas que priorizan otros intereses —económicos, inmobiliarios, extractivos— por sobre la preservación de los ecosistemas y la vida de las comunidades que habitan esos territorios.
Las consecuencias sociales de estos incendios son profundas: miles de turistas y residentes debieron ser evacuados, familias perdieron sus hogares; economías locales basadas en el turismo y la producción rural se ven seriamente afectadas, y las comunidades, en muchos casos, han tenido que organizarse de forma autónoma para socorrer a brigadistas, vecinas y animales atrapados por las llamas.
Gremios, sindicatos y organizaciones comunitarias, como Adosac en Santa Cruz, han denunciado que la política ambiental del gobierno nacional ignora las necesidades reales de preservación y respuesta, y exigen estrategias integrales que prioricen la vida y el ambiente por sobre los intereses políticos o financieros.
El fuego como política y la naturaleza como variable de ajuste
Los incendios que hoy arrasan la Patagonia son la consecuencia directa de políticas conscientes de ajuste, vaciamiento y desprotección ambiental, profundizadas por el gobierno de Javier Milei pero asentadas sobre una historia larga de saqueo de los bienes naturales por parte de todos los gobiernos que administraron el Estado al servicio de intereses empresariales, extractivistas e inmobiliarios.
El discurso oficial que busca explicar el desastre apelando a la “intencionalidad” de grupos aislados, a la criminalización de comunidades mapuches o a supuestos enemigos internos, no es más que una cortina de humo para ocultar una realidad inocultable: no hay prevención porque se recortan los recursos, no hay combate eficaz del fuego porque se desfinancia el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y no hay política ambiental porque el ambiente es considerado un gasto prescindible en nombre del ajuste fiscal.
El incendio se vuelve estructural cuando el Estado renuncia deliberadamente a su rol de prevención, desmantela organismos clave, precariza a los brigadistas y subejecuta presupuestos mientras las llamas avanzan. En ese marco, el fuego deja de ser un fenómeno natural para convertirse en una herramienta funcional a la especulación, habilitando negocios inmobiliarios, reordenamientos territoriales y mayor avance sobre bienes comunes que deberían estar protegidos.
El gobierno de Milei lleva esta lógica al extremo donde recorta, ajusta y abandona, incluso frente a una emergencia ambiental declarada. Pero sería un error reducir el problema a una sola gestión. La Patagonia arde porque durante décadas se consolidó un modelo que prioriza la rentabilidad por sobre la vida, que mira los bosques como mercancía y no como ecosistemas, y que responde tarde para administrar la catástrofe.
Frente a este panorama, la salida no vendrá de quienes hoy gobiernan ni de quienes gobernaron sin romper con este esquema. La defensa del territorio, de los bosques nativos y de la vida misma exige organización popular, denuncia política y un cuestionamiento de fondo al modelo de saqueo y ajuste permanente. Porque mientras el fuego siga siendo una variable más del ajuste, la Patagonia seguirá ardiendo.
