Partido Popular: balones fuera, ataques y recurso al canto

Las declaraciones del Partido Popular tras la sentencia del caso Gürtel al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años de prisión y al Partido Popular al pago de alrededor de 245.000 euros, han pasado de la aceptación al rechazo y de la defensa al ataque

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado que la sentencia hecha pública este jueves condena al PP únicamente por una cuestión civil, puesto que en ningún caso se exigen responsabilidades penales al respecto.

“El PP no ha sido imputado ni procesado, está condenado a efectos de obligación civil y, por lo tanto, tiene que resarcir de unos supuestos actos electorales que hicieron terceras personas, candidatos a las elecciones municipales de Majadahonda y Pozuelo en 2003”, ha explicado Maíllo.

La situación en el PP es crítica en uno de los peores días de su historia lo que ha provocado que Maíllo haya manifestado su  “respeto a todas las decisiones judiciales” para posteriormente mostrarse “radicalmente en contra, porque creemos que hay una apreciación de los hechos completamente errónea”, anunciando que el PP recurrirá la sentencia.

Maíllo ha escenificado el papel de poli bueno. El de malo le ha vuelto a tocar a Rafael Hernando. El portavoz del PP ha hinchado vena y ha decidido atacar al PSOE por el caso Filesa, juzgado en 1991, a Podemos por una supuesta financiación ilegal a través de Venezuela, que se ha demostrado falsa en los juzgados, y, sorprendiendo a la sala de prensa a Ciudadanos por el reciente bloqueo de cuentas al tesorero de la formación naranja en Brasil, sin caer en la cuenta que al que fuera tesorero del PP le acaban de caer 33 años de prisión.

El partido por su parte lanzaba un comunicado, que ha replicado en su mayor parte Maíllo, pero en el que lo más destacable es el retorcimiento jurídico que ha hecho de la sentencia, asegurando que la condena como “partícipe a título lucrativo” implica el desconocimiento de los hechos. Sin embargo, la figura se refiere a quien es responsable civil directo por haber obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito derivado del comportamiento penalmente punible atribuido a otro.

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