Hace algo más de un año, vecinos del entorno del Río Huerva, del Parque Bruil y de la Madalena nos movilizamos ante la señalización para tala de varios árboles maduros en el marco del proyecto de renaturalización de la ribera y la construcción de un colector. No fue una reacción impulsiva. Fue una preocupación fundada.
Tras conversaciones sobre el terreno con responsables municipales y con Ecociudad, se alcanzó un acuerdo razonable: se revisaría el trazado del colector para preservar la mayor parte de los ejemplares señalados. Aquella negociación fue un ejemplo de algo poco frecuente y valioso: la posibilidad de que la participación ciudadana modificara una decisión técnica. Se salvaban árboles y se salvaba, también, la confianza.
Por eso sorprende que ahora, en el transcurso de las obras, diez de aquellos árboles que habían sido salvados por la acción vecinal hayan sido talados sin comunicación previa ni explicación pública. No se trata de discutir la necesidad de mejorar el saneamiento ni de oponerse por principio a la recuperación fluvial. Se trata de coherencia. Ahora nos hemos enterado de que habían muerto en el transcurso de las obras, según dicen. Mala gestión de nuestro patrimonio natural.
Cuando un proyecto se presenta como renaturalización, y además está vinculado a financiación europea que exige transparencia, participación efectiva y dimensión ambiental real, las decisiones irreversibles no pueden ejecutarse en silencio. La participación no puede consistir en convocatorias puntuales mientras las actuaciones materiales avanzan por otra vía. La confianza no es un recurso infinito.
Renaturalizar no es simplemente intervenir sobre un espacio; es comprender los procesos ecológicos existentes y actuar con prudencia sobre ellos. Un árbol maduro no es intercambiable por una plantación futura. Su función en la ribera —sombra, estabilización del suelo, regulación térmica, hábitat— es acumulativa y no sustituible a corto plazo. La mejora ambiental no puede convertirse en una operación de sustitución de ecosistemas consolidados por promesas de mejora futura.
Más aún cuando la ribera del Huerva y el Parque Bruil forman, en la práctica, son un único sistema ecológico y social. Lo que allí se decide no es solo un asunto técnico de ingeniería hidráulica; es una definición de modelo urbano.
Quizá lo sucedido no sea fruto de mala fe, sino de una debilidad estructural en la gobernanza del proyecto. Y ahí es donde conviene mirar hacia adelante. Las grandes transformaciones urbanas no deberían gestionarse mediante contactos ocasionales, sino a través de mecanismos estables de seguimiento y diálogo. Existen experiencias en capitales europeas donde los parques urbanos cuentan con consejos asesores permanentes que integran administración, técnicos, vecinos y entidades ambientales, generando circulación constante de información y corresponsabilidad en las decisiones.
Zaragoza tiene la oportunidad de dar ese paso. La creación de un Consejo Asesor de la Ribera del Huerva, con representación vecinal y ambiental, acceso a documentación técnica y reuniones periódicas públicas, no paralizaría las obras ni restaría capacidad ejecutiva al Ayuntamiento. Al contrario: reduciría conflictos, mejoraría el diseño final y fortalecería la legitimidad del proyecto.
Porque lo que está en juego no son solo diez árboles. Es la credibilidad de un proceso que se presentó como participativo. Es la confianza construida tras una negociación que ahora parece diluirse. Y es, sobre todo, la manera en que entendemos la renaturalización: como una intervención técnica cerrada o como una construcción colectiva del espacio común.
Renaturalizar exige coherencia. Y la coherencia empieza por cumplir los acuerdos y explicar las decisiones antes de que se conviertan en hechos consumados.