No hay Economía Social sin democracia económica

A no ser que hablemos de otra cosa. Quiero proponer unos ejes de reflexión sobre la nueva Ley de Economía Social. Disculpad la longitud, pero aún así me he reprimido en los temas a tocar. Modelo socio-económico Si no se hubiese propuesto en el grupo de trabajo del borrador de la Ley de Economía Social (LES) que se modificase el concepto de la Economía Social pasando de sector económico a modelo socioeconómico, no empezaría la crítica a la LES por este punto. Para empezar, un modelo socioeconómico se basa en la posibilidad de contar con una serie de insumos (tierras, …

A no ser que hablemos de otra cosa. Quiero proponer unos ejes de reflexión sobre la nueva Ley de Economía Social. Disculpad la longitud, pero aún así me he reprimido en los temas a tocar.

Modelo socio-económico

Si no se hubiese propuesto en el grupo de trabajo del borrador de la Ley de Economía Social (LES) que se modificase el concepto de la Economía Social pasando de sector económico a modelo socioeconómico, no empezaría la crítica a la LES por este punto.

Para empezar, un modelo socioeconómico se basa en la posibilidad de contar con una serie de insumos (tierras, materias primas, etc.), una manera de producir y consumir aquello que la sociedad precisa, y unos criterios o valores que orienten, evalúen y den alcance a los dos primeros requisitos del modelo.

Algo que se aproxime a esta definición descriptiva no se encuentra en la LES. Quizá hubiese sido más coherente que, quienes han redactado la LES, hubiesen mantenido el concepto de sector económico – como dando a entender que es un sector dentro del sistema económico liberal – que no introducir el cambio de dicho concepto por el de modelo social. Al final, el modelo económico de Economía Social propuesto en la ley, queda reducido a una serie de características internas que lo definen como democrático y participativo, pero sin el alcance social en cuanto a la democracia económica o a la participación que podría tener un modelo real de Economía Social participado por el mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas.

En la LES, no se desarrolla, regula ni articula un modelo de Economía Social, según los criterios dichos en el párrafo segundo. Se diseña una estructura que deje contentos a algunos de los actores de Economía Social, no a todos, dándoles buenas palabras que les hagan mantener la esperanza en lo que el gobierno de turno quiera hacer. Han desaparecido, aunque las cite la ley, la autonomía y la autogestión propias de un modelo de Economía Social.

«Favorecer la corrección de los desequilibrios territoriales, apoyar procesos de desarrollo en las zonas rurales, estimular las actividades económicas en declive o ser aliado del gobierno en las políticas de empleo» no parecen ser objetivos propios de los actores de la Economía Social, sino objetivos de la política de un gobierno; política que, eso sí, puede ser desarrollada por medio de una Economía Social. Una política económica gubernamental, en mi opinión, tendría que crear las condiciones precisas en cuanto a inversiones en infraestructuras, regulaciones de actuación en determinados nichos productivos, coordinación de empresas y sociedad, etc., de modo que la actuación socioeconómica de la ciudadanía pudiese desarrollar su proyecto económico como sociedad. En mi opinión, en la LES, no se marcan unos objetivos en este sentido, salvo las referencia a «la política social del gobierno», que es como no decir nada.

Llenar el inicio de la ley, en su sección de «Motivación», de referencias y propuestas dichas en Europa o en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, por muy bien que suenen, no significa que hayan sido asumidas en la ley porque ¿qué significa que se persiga un modelo económico respetuoso con el planeta y se diga que las entidades de Economía Social son las que están mejor preparadas para respetar el medio ambiente?, ¿por sí solas pueden desarrollar un modelo así?, ¿pueden afrontar por sí mismas ese «estar preparadas»? ¿Cómo se pueden señalar en el primer párrafo del apartado II de las motivaciones una serie de objetivos propuestos por la Agenda 2030 y asignárselos a la Economía Social si en la ley no se determinan los desarrollos de esos objetivos y de qué manera pudieran estar regulados, y si, además, comprobamos que esos mismos objetivos, aún siendo propios del derecho humano, no forman parte de la política pública ni de la empresa privada o de que su cumplimiento no es real? Creo que, aún siendo inspiradoras ambas fuentes de referencias, han sido cogidas por los pelos, no por su filosofía ni por su naturaleza. Dejo aquí el enlace a una página web en la que documentar las respuestas a las preguntas que hago: https://bit.ly/3aqNsxs, Así mismo, enlace al programa de trabajo del Gobierno español sobre la Agenda 2030, mucho más amplia que lo que se menciona en la LES: https://bit.ly/2KzWZYb.

Porque, a propósito del medio ambiente y de la situación económica y social actual, ¿cómo es que no se ha aprovechado el concepto de modelo de Economía Social para hacer una propuesta de nuevo tipo de política económica y social? La Economía Social y Solidaria hace tiempo que está proponiendo crear una alternativa socioeconómica, pero ni tan siquiera ha sido tenida en cuenta, ni en las propuestas hechas al borrador de ley.

Por cierto, Naciones Unidas lleva trabajando hace unos cuantos años sobre la Economía Social y Solidaria, reconociendo a ésta unos aportes de dimensiones sociales y políticos transformadores del modelo económico neoliberal y, por ello, con el potencial teórico suficiente en su propuesta de un nuevo modelo de Economía Social y Solidaria. De esta perspectiva la LES no recoge nada. ¿Por qué tanto temor a una transformación socioeconómica que no pretende perjudicar a nadie y sí facilitar la vida a todas?

Entidades de Economía Social

La ley estatal de Economía Social (Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social) incurre en el grave error de no diferenciar y tratar por separado, según su naturaleza, a las distintas entidades de Economía Social. Error que fue ampliamente criticado por bastantes catedráticos de Economía y Derecho de distintas universidades españolas. Sin embargo, y a pesar de ello, la LES no clarifica ni ordena el abanico, amplio y ambiguo, de las entidades discriminándolas según el tipo de estatuto que tengan o de su objeto social o del tipo de actividades que desarrollan y cómo las desarrollan. Creo preciso decir que no todas las entidades calificadas como de Economía Social tienen y/o cumplen con las características que se les pide a este tipo de entidades desde Europa.

En la ley estatal se señala a las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones como entidades de la Economía Social, éstas últimas siempre que desarrollen «actividad económica», además de las que la ley señala como inclusas en la Economía Social aunque «se regularán por sus normas sustantivas específicas» (art. 5,3), refiriéndose a las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior, en el cual se establecen los criterios de las mismas (art. 4). Sí se integra en la ley a las fundaciones, por ejemplo, de las que se puede decir que sólo su objetivo es social, pero no su estructura ni funcionamiento, o a las empresas de educación laboral o a las empresas de inserción o, incluso, a la ONCE, la mayoría regidas por fundaciones pero de carácter privado. Rápidamente se puede observar lo que digo leyendo en las páginas web de, por ejemplo, la fundación de Ibercaja Banco y la Fundación Rey Ardid. En 2014, Arrieta Idiaquez, intentó clarificar el panorama de las entidades, según la ley estatal (https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/45717).

Además, echo en falta la presencia de asociaciones no de mercado, por cuanto no operan ni con los mismos mecanismos que las entidades anteriormente citadas, ni en base a un intercambio mercantil. En Economía Solidaria estas entidades rigen por mecanismos de reciprocidad, en ocasiones faltos de intereses propios tangibles y donde destacan las personas como centro y eje de actuación. Para muchas entidades dentro de un modelo de Economía Social estas asociaciones son un elemento integrador y difusor de la Economía Social en un toma y daca constante. Son la red social que se menciona en la LES pero que no las contempla como propias de la Economía Social.

En muchas ocasiones, estas asociaciones son las que, constituidas espontáneamente por la población, tratan de alcanzar objetivos socioeconómicos que no pueden ser alcanzados por medio de empresas privadas o del libre mercado. Disponen, así mismo, de un carácter democrático en el que la participación de sus miembros determina su modo social de proceder y de obtener objetivos. Son asociaciones capaces de articular actuaciones con las entidades locales, sobre todo en núcleos pequeños de población, dado que es la institución más a mano que tienen para que apoye sus proyectos e, incluso, están relacionadas con empresas tipo cooperativas apoyándoles en diversidad de aspectos.

Esta exclusión de este tipo de grupos y asociaciones sólo tiene explicación desde la concepción de la economía como la producción mediante el trabajo asalariado y la determinación de los productos y del mismo trabajo en un medio como es el mercado libre. Dos categorías con las que tradicionalmente juega la economía capitalista pero que, según comprobamos ampliamente en nuestra propia experiencia diaria, son el impedimento de una reproducción social integradora, mientras que sí buscan la reproducción de capital, lubricante que reproduce el sistema opresivo y marginante.

En mi opinión, tanto este tipo de asociaciones como la relación que mantienen con otras entidades sociales o con las entidades locales de administración, son las que dan la dimensión de la solidaridad, en base a la responsabilidad social ciudadana. Responsabilidad social que, aunque citada en varias ocasiones en la LES, sólo habla, en general, de la responsabilidad social empresarial hacia el interior de la empresa, con lo que, mucho me temo, estamos hablando de distintos conceptos de responsabilidad social.

Mantener en la ley un conjunto de empresas heterogéneas pero definidas bajo los mismos criterios sin que en realidad algunas los tengan, es un mecanismo más de control del posible poder que puedan tener en la sociedad aquellas entidades de la Economía Social que no buscan las subvenciones, sino una participación democrática en los asuntos socioeconómicos de Aragón. Invito a sondear en internet los precedentes, medios y objetivos de las distintas asociaciones incluidas en el último párrafo del acápite primero de la «Exposición de motivos» de la ley.

Plan de impulso a la Economía Social

A lo largo de la LES se habla del impulso que se dará a las entidades sociales para conseguir «la Economía Social en el medio rural», «formación para la Economía Social» y «políticas activas en materia de empleo». El impulso que se preconiza no es el de la Economía Social, sino el de las entidades de Economía Social. Distinto. No hay un plan previsto de impulso de la Economía Social. No hay objetivos previstos desde una política pública.

Vistos estos nichos, rural, formación y empleo (reiteradamente referidos a los largo de la ley), crea un capítulo completo para hablar de un «Plan de impulso a la Economía Social» donde podría pensarse en un plan suficientemente distribuido en el tiempo y en los recursos, pero no. Es un plan que: a) «prestará especial atención a las entidades de Economía Social de singular arraigo en su entorno y a las que generen empleo de calidad en los sectores más desfavorecidos de Aragón y contribuyan a luchar contra la exclusión social y la despoblación”; b) «será aprobado por Acuerdo del Gobierno de Aragón, previa propuesta del departamento competente en materia de Economía Social e informe preceptivo del Consejo de la Economía Social de Aragón», y c) «se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y se remitirá a las Cortes de Aragón para su conocimiento». En el capítulo VI se habla de un plan al que nadie tendrá acceso, donde el gobierno será quien lo diseñe, lo redacte y lo de a conocer al Consejo Aragonés de Economía Social, el cual deberá de informarlo preceptivamente en quince días, y lo dé a conocer a la Cortes, diputados que, si quieren, se lo pueden leer y nada más. Me pregunto si sirve de algo todo lo dicho hasta ese punto sobre la democracia, la participación, la responsabilidad en las empresas e, incluso, si sirve la creación del Consejo Aragonés de Economía Social. Todo queda reducido a ser meros espectadores de la iniciativa, delineación y gestión del gobierno.

Puedo suponer que, en el caso de que el gobierno de turno quiera actuar sobre la Economía Social, se incluirán en los presupuestos correspondientes partida o partidas para ello. Mientras en la LES no aparezca la obligación de planificar y ejecutar en períodos concretos y con el compromiso de los respaldos presupuestarios, no creo que haya una política continuada a favor de la Economía Social.

Sí, pero no...

Sí, pero en un Consejo de Economía Social conformado por entre 20 y 25 miembros (dependiendo el número de centrales sindicales que quieran estar presentes y del número de organizaciones empresariales que, también, quieran estar presentes), sólo 7 serán los representantes de las distintas familias de la Economía Social, familias citadas por la ley, según hemos visto antes; 11 representantes de los distintos departamentos del gobierno; otro por parte de los municipios; otro de la universidad y el resto de centrales sindicales y organizaciones empresariales. Personalmente, tal y como he ido exponiendo algunas ideas, se me hace casi imposible pensar que es un auténtico Consejo enfocado a la Economía Social.

Sí, pero el medio ambiente que se cita en la LES deja que desear. Si ya, hace tiempo y antes de la pandemia, se estaba hablando de la necesidad de potenciar un modelo económico global, transversal y urgente que tuviese en cuenta el cambio climático, aquí se ha perdido la oportunidad de aportar unas líneas reguladoras donde la reproducción social por medio de la economía incluyese la del cuidado del medio ambiente, tanto desde los medios de producción y consumo como desde los objetivos a conseguir. Por ejemplo, repoblar las zonas rurales sí, pero ¿con qué plan concreto de repoblación?

Sí, pero en la LES no aparece ningún mecanismo de control sobre las acciones que se proponen acerca de la Economía Social. Ni aún tan siquiera la obligatoriedad de las entidades de hacer un Balance Social participado por los integrantes de cada empresa.

Sí, pero no se aprovecha la ley para crear instituciones públicas de financiación abocadas exclusivamente a la Economía Social, dejando la puerta abierta a las entidades financieras tradicionales. Ni tan siquiera menciona la existencia en Aragón de dos entidades financieras nacidas, sobre todo, desde el empuje de gentes de la Economía Social y Solidaria, y que están diseñadas para apoyar un modelo socioeconómico propio.

Sí, pero ¿dónde aparecen las concreciones de las políticas de fomento y difusión de la Economía Social? En el capítulo III sólo veo que se usen futuros (potenciará, promoverá, fomentará, etc.) sin plazos y sin medios. Falta añadir el cómo se hará lo que se dice.

Más miradas sobre la ley podrán aportar aspectos no recogidos en estas líneas o mejor presentados a como lo hago. Lamentablemente, tengo muy poca esperanza de que se modifique tan siquiera una coma del texto ofrecido. Y es que, cualquier gobierno de los que se han sentado o están sentados en los sillones del Gobierno de Aragón, siempre se ha dicho: «políticas transformadoras, las justas para que nada cambie».

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