A últimas horas de la noche del pasado lunes nos llegó una tristísima noticia. En apenas una semana han muerto Casimiro Perales y su hijo Marcelino Perales, naturales del pequeño pueblo zaragozano de Pomer y ambos piezas básicas de las exhumaciones que allí hemos realizado en busca de los cadáveres de 17 pomerinos víctimas de la represión fascista desatada en una parte de España en el verano de 1936. No, ninguno ha sido víctima de la maldita pandemia que ahora nos azota, pero ambos han sido víctimas de la desidia del Estado para con una parte de sus ciudadanos. Por desgracia, en España, salvo en contadas excepciones, no es una prioridad el apoyo institucional a las víctimas del franquismo. Casimiro, pese a su corta edad en 1936, cuando sólo era un niño, guardaba en su memoria muchas historias de aquel tiempo. Se había preocupado por conocer lo acontecido y constituía la “memoria viva” de los que ya hace mucho no podían hablar. Nombres, datos, anécdotas… que fueron fundamentales para los trabajos que allí desarrollamos. Fue él uno de los pocos que recordaban dónde habían sido enterradas las víctimas en el cementerio municipal y con esta información básica pudimos encontrar, excavar y exhumar los cuerpos de las dos primeras fosas comunes allá por noviembre del año 2017.
Marcelino, su hijo, estuvo comprometido desde un primer momento con esta empresa. Le prestó todo su apoyo a Belén García, la impulsora del proyecto, cuando en noviembre del año 2015 hizo la solicitud de exhumación a la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO). Marcelino preguntó, buscó a más familiares interesados, nos proporcionó valiosísimas informaciones e hizo un gran árbol genealógico de su familia, donde llegaba a haber hasta 12 familiares más o menos cercanos asesinados por los escuadrones de la muerte falangistas y por las fuerzas del orden sublevadas. En fin, “revolvió” en la memoria de su pueblo y de sus gentes.
Ambos estuvieron siempre atentos a nuestras necesidades, participaron en la medida de sus posibilidades en los trabajos de exhumación en el cementerio municipal e incluso pusieron dinero de su bolsillo, junto a otros familiares, cuando el Gobierno de Aragón, en una nefasta gestión de plazos administrativos y de deficiencias en las bases de la convocatoria, nos obligó a renunciar a la subvención ya concedida. Todo por no parar una exhumación que tras tantos esfuerzos comenzaba a andar.
Precisamente hace ahora un año, en junio del 2019 pasaron unas horas junto a nosotros, cuando por fin localizamos y exhumamos la tercera fosa común en el cementerio de Pomer. El objetivo de todos estaba ya al alcance de nuestras manos. Por fin habíamos conseguido exhumar todos los cadáveres. Ya sólo restaba concluir los estudios, los costosos análisis genéticos y preparar una tumba digna donde reposasen como sus familias deseaban. Ah, y conseguir la financiación para todo ello.
Vivimos junto a Casimiro y a Marcelino las alegrías y las penalidades que este trabajo reporta. Desgraciadamente, ellos no podrán ver culminado este proceso que dura ya casi 5 años. Ambos se encontraban muy ilusionados en poder rendir homenaje público a los pomerinos asesinados por el fascismo, que pensábamos realizar este verano, hasta que llegó el dichoso coronavirus y retrasó los últimos trabajos.
Vaya desde aquí nuestro más sentido pésame a su familia, lo que en un pueblo tan pequeño como Pomer representa dar el pésame a la mayor parte de los pomerinos, de parte de ARICO y de las demás asociaciones memorialistas implicadas (Charata, Batallón Cinco Villas…), así como del equipo, los técnicos y las decenas de voluntarios que han trabajado desinteresadamente.
Memoria: las exhumaciones de fosas en Aragón
Hoy en día no hay un censo oficial de intervenciones, de fosas excavadas y de víctimas exhumadas en Aragón. Un proyecto de exhumación científicamente tan complejo como el de Pomer, que se ha desarrollado durante casi 5 años, va a costar aproximadamente 60.000 euros. La investigación histórica previa, la localización y exhumación de tres fosas comunes con un total de 17 víctimas, los estudios arqueológicos y antropológico-forenses relacionados, la restauración de los objetos hallados, los análisis genéticos de los esqueletos y de los familiares con la finalidad de identificar correctamente a las víctimas, la construcción de una tumba colectiva y de una lápida, el homenaje público, etc. Y todo esto teniendo en cuenta que parte de los trabajos han sido realizados por voluntarios o de forma desinteresada por parte de miembros del equipo técnico.
Actualmente en esta tierra sólo contamos con ayudas provenientes de la Diputación Provincial de Zaragoza y de la Diputación Provincial de Huesca, que desde el año 2015 han apostado de manera decidida por la Memoria Histórica, y con la colaboración y la implicación política de algunos ayuntamientos y de una comarca, la de las Cinco Villas, que desde el año 2018 cuenta con una partida de ayudas.
Desde el 2015 el Gobierno de Aragón sólo ha convocado en tres ocasiones subvenciones destinadas a la Memoria Histórica y en sólo dos de ellas entraban como sujetos las exhumaciones de fosas (años 2017 y 2018). No vamos a incidir en el lamentable episodio vivido en el año 2017 con el Gobierno de Aragón, pero si es necesario señalar que hace ya más de un año que entró en vigor la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón sin que se hayan implementado ninguna de las medidas en ella recogida. Además, entre los 132 puntos recogidos en el acuerdo de gobierno del actual cuatripartito (PSOE, Podemos, CHA y PAR), ni uno sólo recoge reivindicaciones memorialistas.
Desgraciadamente, las cantidades subvencionables a las que actualmente tenemos acceso impiden acometer proyectos complejos como este de Pomer con la rapidez necesaria debido a la avanzada edad de los familiares de las víctimas. Y además contamos con un serio oponente, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, aprobada por el gobierno del PP de Luisa Fernanda Rudi y que al parecer nadie pretende derogar o enmendar, sólo subvenciona el 80 % del proyecto presentado y obliga a las asociaciones a hacerse cargo del 20% restante.
Como bien entenderán no es lo mismo un 20% de 1.000 euros que de 60.000 y más cuando estos proyectos memorialistas tienen una finalidad social y de Derechos Humanos.
La puesta en acción de políticas públicas de memoria es un deber de los estados democráticos, como una y otra vez ha solicitado la ONU a España. Ante los incumplimientos de algunas administraciones públicas, necesitamos el apoyo y la financiación de las que sí lo hacen para realizar este trabajo. En los últimos años, hemos podido recuperar a un centenar de víctimas de franquismo en Aragón, algunos de las cuales ya han sido entregadas a sus familias y otras esperamos que lo sean próximamente, merced a la implicación de las administraciones antes reseñadas y a la colaboración entre diversas asociaciones memorialistas (ARICO, Charata, Batallón Cinco Villas, Pozos de Caudé o Círculo Republicano de Huesca).
La situación actual: entre la esperanza y la frustración
Entendemos y compartimos que la situación actual de pandemia, de gran crisis sanitaria, requiere utilizar todos los recursos públicos necesarios para salvar vidas y defender a sus ciudadanos en peligro sanitario o de exclusión social. Pero pensamos que para solventar la crisis económica consecuente no se pueden seguir utilizando las mismas recetas ya conocidas. Una de ellas, quizás una de las más usuales, es retirar la financiación pública a sectores ya de por sí tradicionalmente débiles: la Cultura, la Música, el Patrimonio… y, como no, la Memoria Histórica.
La DPZ y la DPH ya han reabierto los plazos de sus convocatorias de ayudas en materia de Memoria Histórica. Gracias por su compromiso.
Desconocemos aún cual va a ser la actuación del Gobierno de Aragón, que contaba para este año con una partida de 400.000 euros, la mitad destinada a subvenciones, cuyas bases llevamos años reiteradamente solicitando que se adecuen a la realidad, no a las normas burocráticas. Del Gobierno central aún esperamos que se plasmen sus compromisos en esta materia, pues, aunque es un excelente primer paso, no basta con exhumar al dictador Franco del Valle de los Caidos para resolver este problema.
Las víctimas el franquismo no pueden seguir esperando sine die tras más de 40 años en Democracia. Las viudas, sus hijos y la mayor parte de los familiares directos murieron hace años sin poder ver cumplidos sus sueños debido al pacto de silencio de la Transición. El movimiento memorialista, que muchas veces se ha definido como una reacción de los nietos de las víctimas del franquismo a la inacción del Estado, también comienza a tener una edad preocupante, pues muchos de sus miembros ya son jubilados o les quedan pocos años para ello. En definitiva, parece como si algunas administraciones públicas y sus dirigentes políticos esperasen acabar con este problema simplemente utilizando la tasa de esperanza de vida.
Sinceramente, esperamos que Casimiro y Marcelino sean las últimas víctimas en esta larga lucha que mueren sin poder alcanzar al menos un mínimo de Verdad, Justicia y Reparación, es decir, que de una vez el Estado español se ajuste a las normas básicas que rigen los Derechos Humanos universales.
