Entidades sociales y vecinales de los pueblos afectados por la expansión de las macroplantas de biogás en el Alto Aragón han constituido la Federación de Asociaciones Stop Biogás Uesca, una iniciativa con la que pretenden coordinar la respuesta ciudadana frente a la proliferación de estos proyectos y reclamar una regulación que impida sus impactos sobre el territorio. Su presentación pública tendrá lugar este viernes, 13 de noviembre, a las 18:00 horas, en una concentración convocada en la plaza de Navarra de Uesca, donde también se dará lectura a un manifiesto que marcará el inicio de las movilizaciones.
La nueva federación agrupa a asociaciones y ciudadanía de distintos municipios afectados por la amenaza de estas instalaciones. Su objetivo inmediato es trasladar al Gobierno de Aragón tres reivindicaciones: una moratoria de los proyectos actualmente en tramitación, la negativa a admitir nuevas iniciativas y la creación de un marco legal que regule la actividad del sector del biogás y biometano.
Las entidades promotoras insisten en que su oposición no se dirige contra esta tecnología, sino contra un modelo de implantación de grandes instalaciones sin una regulación que garantice la protección de las poblaciones y del territorio. “No estamos en contra del biogás, sí queremos la regulación del sector”, subrayan. Su mensaje es también una advertencia frente a un modelo que, denuncian, convierte al Alto Aragón en un territorio de sacrificio: “No queremos ser un territorio de sacrificio”, reclacan.
33 macroplantas proyectadas en el norte del país y cerca de cinco millones de toneladas de residuos
La dimensión del despliegue proyectado es uno de los principales motivos de preocupación de las asociaciones. Según los datos publicados en marzo de 2026 que recoge la plataforma, en Aragón existen 93 proyectos de macroplantas de biogás, de los cuales 33 corresponden a las comarcas del norte, más del 40% del total.
Estas instalaciones supondrían la gestión de cerca de cinco millones de toneladas de purines, residuos cárnicos, cadáveres y otros desechos. Una concentración de proyectos que, a juicio de las entidades, exige una respuesta conjunta y una regulación que tenga en cuenta sus consecuencias para las localidades afectadas.
Las macroplantas proyectadas se distribuyen por un amplio número de municipios altoaragoneses: Saidí, Vencillón, Albelda, Sant Esteve de Llitera, Tamarit de Llitera, Balbastro, Villanueva de Sijena, Fraga, Penyalba, Esquedas, Candasnos, Albalatillo, Alcalá de Gurrea, Alcolea de Cinca, Altorricó, Almudévar, Azlor, Binéfar, Esplús, Loporzano, Lupiñén, Siétamo, Huerto, Fañanás y Velilla de Cinca, están entre los municipios y redoladas afectadas.
Según las cifras difundidas por las asociaciones, más de 62.000 habitantes, casi el 30% de la población del norte de Aragón, residen en localidades donde se proyectan estas instalaciones. Si se incorpora también a las poblaciones próximas a los emplazamientos previstos, la cifra superaría el 60% de la población altoaragonesa.
“No podemos regalarles nuestro territorio a los fondos de inversión”
Las asociaciones alertan asimismo sobre los intereses económicos que, según denuncian, se encuentran detrás de estos proyectos. Fondos de inversión, en ocasiones extranjeros, y entidades bancarias estarían impulsando buena parte de las iniciativas. “No podemos regalarles nuestro territorio. No somos una tierra de sacrificio”, reiteran.
Frente a este modelo de implantación, la Federación Stop Biogás Uesca quiere convertirse en un espacio de coordinación entre las poblaciones afectadas y articular una respuesta colectiva que permita reclamar decisiones políticas y normativas antes de que avance la tramitación de las instalaciones.
La concentración de este próximo viernes será el primer paso público de esta estrategia. Durante el acto se presentará oficialmente la federación y se leerá un manifiesto con el que las asociaciones formalizarán sus demandas ante el Gobierno de Aragón: paralizar temporalmente los proyectos en trámite, no admitir nuevas solicitudes y aprobar una ley marco que regule el sector del biogás.
Finalmente, las entidades llaman a la ciudadanía a participar en esta primera movilización para defender el territorio y exigir que el desarrollo de esta actividad esté sometido a una regulación que proteja a las poblaciones afectadas.
