La asociación Movimientos Hacia Un Estado Laico (MHUEL) ha hecho llegar una carta a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, para que presenten una Proposición No de Ley que revierta la situación en torno a los bienes inmatriculados por la Iglesia en Aragón.
Desde MHUEL consideran que la Iglesia católica sigue siendo favorecida frente a otras confesiones e instituciones sociales en cuestiones como el pago de impuestos o la recepción de ingresos públicos. Pero recuerdan que hay una cuestión que en Aragón, como en otros territorios del Estado español resulta “sangrante e injusta”, refiriéndose a las “inmatriculaciones de bienes inmuebles de dominio público a favor de la Iglesia Católica, mediante un procedimiento que equipara a la jerarquía eclesial con los funcionarios del Estado y autoridades públicas”.
Recuerdan también que fue el primer gobierno del Partido Popular bajo el mandato de José María Aznar, el que volvió a facultar a la Iglesia para inmatricular, también, los templos destinados al culto, algo que no había podido hacer desde el franquismo.
Durante el año 2007 se descubrió, casi por casualidad, que aprovechando esta situación legal y normativa, las Diócesis de Iruñea y Tudela habían inmatriculado nada más y nada menos que 1.087 bienes inmuebles, desde 1998 hasta el año 2007, un 78% de los cuales serían lugares de culto.
En Aragón no hemos tenido la casualidad de conocer el número de bienes inmatriculados en la anterior legislatura pero sí se conoce que se han inmatriculado bienes inmuebles dedicados a culto por las Diócesis aragonesas.
Desde MHUEL consideran esta situación es reprobable por diversas consideraciones sociales, jurídicas y éticas. Por un lado, desde el punto de vista social, porque la mera lectura histórica de la vida de nuestros pueblos y ciudades, en la abundante documentación de los archivos municipales, parroquiales y notariales, avala la pertenencia de esos bienes a los pueblos donde se ubican, de forma comunitaria.
Desde el punto de vista jurídico, porque se ha aprovechado una ley franquista, ventajista, predemocrática e inconstitucional para despojar a la comunidad lo que legítimamente le pertenecía.
Finalmente, consideran que desde el punto de vista ético, produce sonrojo, incluso a los propios feligreses, esta actuación codiciosa y avarienta por parte de sus ministros de culto.
La asociación laica considera que ante esta situación, las Cortes de Aragón no pueden permanecer impasibles. La anulación de esta posibilidad legal en el año 2015 no permite a los municipios recuperar, para su gente, los bienes inmuebles hurtados por la Iglesia Católica. Es por ello de justicia que esta institución se posicione y adopte las resoluciones oportunas, a fin de que sea posible la recuperación de aquellos bienes para el pueblo.
Unos bienes que incluyen la Catedral Metropolitana de San Salvador La Seo -Zaragoza-, inmatriculada en 1988 por el Arzobispado de Zaragoza (10 años antes que la ley hipotecaria lo permitiese); la Iglesia de San Juan de los Panetes -Zaragoza-, inmatriculada en 1989 por el Arzobispado de Zaragoza; la Iglesia de la Magdalena -Zaragoza-, inmatriculada por el Arzobispado de Zaragoza en 1987; la Iglesia de Santiago el Mayor -Zaragoza-, inmatriculada en 1987 por el Arzobispado de Zaragoza; la Iglesia Parroquial de Pozuel de Ariza, inmatriculada por el Obispado de Tarazona en 2015; la Catedral de Chaca, inmatriculada por el Obispado de Jaca en 2015; la Catedral de Roda de Isábena, inmatriculada por el Obispado de Barbastro-Monzón en el año 2005; el Conjunto monumental de la Colegiata de Alquézar -Huesca-, inmatriculado por el Obispado de Huesca en el año 2015 y la Iglesia de San Juan Bautista, de Zaidín -Huesca-, inmatriculada por el Obispado de Barbastro-Monzón en 2005.
Con la Proposición No de Ley MHUEL pretende que el Gobierno de Aragón cumpla con la resolución del 8 de octubre de 2015, para que sea esta institución la que recabe la información sobre inmatriculaciones realizadas por parte de la Iglesia Católica a través del Ministerio de Justicia.
Que sean las Cortes de Aragón las que insten al gobierno aragonés a revisar toda su política institucional referida a subvencionar el mantenimiento y conservación de esos bienes inmtariculados mientras no sean recuperados, así mismo a personarse en todos los procedimientos judiciales iniciados a instancias de entidades locales cuyo objeto sea la recuperación de bienes inmatriculados.
Además, entienden que es la Mesa de Las Cortes, la que debe presionar al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno de España a iniciar los trámites para declarar la inconstitucionalidad de los artículos modificados (artículo 206 de la Ley Hipotecaria y artículo 5 del Reglamento Hipotecario), a fin de evitar una amnistía registral y posibilitar la recuperación de lo inmatriculado.
