Durante años nos han repetido que todo esto ya estaba superado. Que la igualdad formaba parte del sentido común, que la diversidad ya no molestaba a nadie y que las vidas LGTBI podían darse por protegidas porque, al fin y al cabo, las leyes estaban escritas y las calles parecían haber cambiado. Pero basta mirar un poco más de cerca, basta escuchar algunos discursos en las cámaras de representación, basta ver cómo se utiliza la dignidad de las personas cuando llegan los pactos, las campañas o los titulares, para entender que ningún derecho está blindado si no se defiende.
La sociedad avanza porque hay generaciones que ya no están dispuestas a pedir perdón por ser quienes son, porque hay familias que acompañan mejor que antes, porque hay aulas donde se nombran realidades que antes se escondían y porque hubo quienes abrieron camino cuando hacerlo tenía un coste enorme. Pero, al mismo tiempo, la extrema derecha ha decidido convertir las vidas LGTBI en munición política. Lo hace en Aragón, lo hace en el conjunto del Estado y lo hace allí donde encuentra un altavoz desde el que sembrar miedo, sospecha y retroceso. Primero cuestionan las palabras y después cuestionan las leyes, para terminar cuestionando las vidas.
Frente a eso, Aragón tiene que ser un muro de contención. No un muro para encerrarnos, ni para conformarnos con lo que ya existe, sino un muro democrático, feminista y aragonesista para proteger lo conquistado y abrir camino a lo que todavía falta. Un muro frente a quienes quieren devolvernos a un país más pequeño, más gris y más injusto. Frente a quienes creen que la libertad de algunas personas puede negociarse a cambio de estabilidad política y también frente a quienes pretenden que los derechos sean una concesión y no una garantía.
No vamos a aceptar que se negocie con la dignidad de las personas, no vamos a mirar hacia otro lado cuando se utiliza la libertad como moneda de cambio para pactos, discursos o estrategias electorales. No vamos a tratar como una opinión más aquello que busca recortar derechos, sembrar odio o devolver a muchas personas al silencio del que tanto costó salir, o en el que nunca vivieron. Porque el Orgullo nació de la memoria, de la rabia y de la dignidad. Nació de quienes se negaron a vivir escondidas, de quienes entendieron que la libertad no se mendiga, se conquista, y de quienes hicieron posible que hoy muchas personas puedan nombrarse con menos miedo. Pero precisamente por respeto a esa historia, el Orgullo no puede quedarse en celebración, tiene que ser también una responsabilidad política.
Y esta responsabilidad nos obliga a mirar de frente una de las ofensivas más duras de nuestro tiempo, la que se dirige contra las personas trans. No es casualidad que quienes quieren recortar derechos hayan colocado sus vidas en el centro de la diana. No es casualidad que intenten presentar como amenaza lo que en realidad es existencia, ni como privilegio lo que no es otra cosa que igualdad. Acompañar esa lucha exige cuidado, se trata de estar, de escuchar, de sostener políticamente y de entender que ningún proyecto emancipador puede construirse dejando a alguien fuera. Un feminismo que teme a las personas trans no libera sino que estrecha el mundo. Un feminismo que acompaña, que reconoce las violencias específicas y que no convierte la identidad en sospecha, amplía la democracia. Y un aragonesismo que quiera ser útil a la gente debe saber que la libertad también se defiende en el nombre, en el cuerpo, en el aula, en el trabajo, en la consulta médica, en el vestuario, en la residencia y en la plaza del pueblo.
Aragón conoce bien esa responsabilidad, porque nuestro país fue capaz de abrir camino con leyes que reconocían derechos, que hablaban de igualdad, de no discriminación, de identidad, de expresión de género y de vidas libres. Pero las leyes, por sí solas, no cambian la vida de nadie si no se desarrollan, si no se dotan de recursos, si no llegan a cada departamento, a cada comarca y a cada servicio público, porque una ley que no se aplica se convierte en una promesa pendiente. Y las personas no necesitan promesas, necesitan garantías.
Defender el orgullo no puede reducirse a ondear una bandera, tiene que significar protocolos claros en educación para prevenir el acoso y acompañar a menores y jóvenes LGTBI, formación obligatoria, atención específica a la salud integral de las personas trans, medidas de inserción laboral frente a la discriminación en el empleo y mecanismos reales para denunciar y reparar la violencia, el odio y la exclusión. Y tiene que significar también territorio.
Las jóvenes aragonesistas queremos que Aragón sea ese lugar. Creemos en un país que no permite que el odio legisle, que no convierte la diversidad en problema y que responde a cada amenaza con más derechos, a cada intento de retroceso con más democracia y a cada discurso de miedo con más libertad.
La libertad, cuando es de verdad, no deja a nadie atrás.
