La previsión de cierre del acuartelamiento Sancho Ramírez de Uesca en 2016 ha generado fuertes críticas del Ayuntamiento oscense y de algunos partidos políticos (PP, PSOE, PAR), así como de las familias de los militares afectados. Según el colectivo antimilitarista Mambrú: "Están promoviendo medidas de presión para evitar el traslado a Zaragoza y a Chaca, así como evitar la pérdida económica derivada del mismo y cifrada en unos 8 millones de euros anuales".
Desde Mambrú creen que todavía hay tiempo y existen alternativas a la permanencia de las unidades militares en Uesca que supondrían "una transferencia del gasto militar al presupuesto civil y un beneficio para la ciudad y sus habitantes". "No en vano -añaden-, un estudio elaborado en 2011 llega a la conclusión de que la inversión en el sector educativo genera casi el doble de puestos de trabajo que en el ámbito militar".
El colectivo antimilitarista afirma estar de acuerdo con la propuesta de uso de las instalaciones formulada por la Asociación Vecinal del Perpetuo Socorro, en el marco de su propuesta de Plan Urbanístico del barrio, "aprobado por unanimidad y tras un proceso de participación donde han estado implicadas todas las asociaciones del barrio". Esta propuesta, explica Mambrú, consiste en un uso social para los “edificios nobles” y la conversión de la zona deportiva en un espacio “de ocio para toda la ciudad”.
"Las fuerzas políticas oscenses deberían apoyar este ejemplo de implicación en la gestión pública y en dar respuesta a las necesidades de un barrio necesitado de infraestructuras tales como un nuevo centro de salud, un centro cívico, residencia de ancianos, guardería, zonas deportivas, etc.", sostienen.
En este sentido, Mambrú propone que el Ayuntamiento de Uesca negocie con el Ministerio de Defensa el traspaso de los fondos ahorrados con el traslado de la guarnición del cuartel y destinarlos a financiar las actuaciones contempladas en el plan de las y los vecinos. De esta manera "la generación de empleo derivada de las obras y de la puesta en marcha de equipamientos públicos compensaría la pérdida de los puestos de trabajo derivada del traslado".
Además, sugieren al Ayuntamiento de la capital altoaragonesa que diseñe, en colaboración con la Diputación, un plan de transferencia del personal militar a la administración civil cuyo destino podría ser la prevención y extinción de incendios, Protección Civil, etc. "De esta forma -continúan-, se podría evitar el traslado de una parte de dicho personal y contribuir a la necesaria y urgente disminución de efectivos militares en un ejército claramente sobredimensionado, como reconocía implícitamente el propio gobierno en el inicio del curso político con comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados del Secretario de Estado de Defensa (SEDEF), del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y de la Subsecretaría de Defensa".
De esta comparecencia, Mambrú extrae algunas cifras: "Los 53.000 efectivos restantes hasta completar los 120.000 actuales comprenderá los medios de apoyo a la fuerza y los cuarteles generales, siendo estos sobre los que se aplicarían reducciones progresivas en caso necesario según el escenario presupuestario".
"Nuestra reflexión precisamente es que lo que sobra es el esfuerzo que se exige a la población para dotar al estado de sobredimensionados presupuestos y recursos militares que deberían ser volcados urgentemente desde el Ministerio de Defensa (en forma de transferencias económicas o de personal) al ámbito civil", apostillan, para recordar que "el número de personal recortado en Sanidad y Educación, 28.500 y 24.000 respectivamente, en los dos últimos años vendría a suponer una cifra similar a la que estima el propio gobierno de efectivos prescindibles del ejército, y que buena parte del gasto militar real (3 de cada 4 euros) permanece oculto en otros ministerios".
