Por mucho que el hombre intente adaptar el medio a sus intereses, lo cierto es que deberíamos empezar a asumir que vivimos en un país de bajas precipitaciones y altas temperaturas en verano, ciclos climáticos irregulares y excesivo estrés hídrico en períodos estivales. Es decir, por mucho que saquemos a pasear santos en peanas y clamando al cielo, seguiremos sufriendo largos períodos de sequía que, junto a las altas temperaturas del verano, es más que probable que provoquen más incendios -y más virulentos-en nuestros montes.
Esta es la realidad de España y la realidad de Aragón, aunque no hay más ciego que el que no quiere ver y en eso, por lo menos hasta ahora, la gran parte de nuestros dirigentes se llevan la palma.
Desde el año 2009, bajo gobiernos del PSOE y el PP –ambos en coalición con el PAR-, Aragón ha recortado más del 50% del presupuesto destinado a Medio Ambiente con la excusa de la crisis. Y la tendencia, a la vista de los presupuestos de 2016, sigue igual. Todo esto, a pesar de haber sufrido el pasado verano uno de los incendios más dañinos de la historia reciente de Aragón, con casi 14.000 hectáreas calcinadas.
Europa apuesta por las tareas de prevención, el Gobierno de Aragón habla de conservación y gestión, y la Ley de Montes destaca la importancia social de nuestros montes y el deber de las administraciones públicas de protegerlos. Sin embargo, esto se convierte en una tomadura de pelo cuando a las palabras no les acompaña una inversión económica mínima para cumplir los objetivos.
2016 ha comenzado con la mitad norte del país devorado por las llamas; mientras tanto, el Gobierno de Aragón, después de más de seis meses de legislatura, continúa la ruta que marcó el PP en gestión forestal. Y, por supuesto, siguen sin cumplirse las tareas de prevención de incendios, básicamente porque todo el personal que debería estar ahora mismo realizando esos trabajos está de patitas en la calle. Unas tareas de prevención que justificarían más de los meses de contratación de Bomberos Forestales, meses de contratación estipulados en la Ley 15/2006 de Montes y el Acuerdo del 2011, firmado por el gobierno del PP-PAR, y que por supuesto, no se cumplen.
Un acuerdo, por otro lado, firmado por Roque Vicente, Director General de Gestión Forestal del PAR, la tercera pata de este banco junto al PP-PSOE. Tres partidos que han exprimido en Aragón durante años la dedocracia y clientelismo, aprovechando estructuras tan opacas como las “empresas públicas”, que reciben enormes cantidades de dinero de la administración pública para colocar a sus favoritos y protegidos como altos cargos, a costa –eso parece no importar- de un servicio deficiente y caro.
Ahora mismo, más de mil bomberos forestales se encuentran en estos momentos en la calle, sin una estabilidad laboral que les permita poder vivir dignamente en sus pueblos; habiendo cotizado una media del 60% a la Seguridad Social, lo que no les permite cobrar el paro; y sin una Categoría Profesional de Bombero Forestal, a pesar de estar aprobada en Cortes por mayoría absoluta, que les permita el reconocimiento de enfermedades laborales en una profesión de obvio alto riesgo. ¿Y todo para qué? Para seguir manteniendo “sueldazos Nescafé” de ciertos puestos en SARGA, de los cuales no conocemos funciones ni competencia alguna.
Con estas bochornosas políticas, pierde nuestro rico patrimonio natural, que tardará décadas en volverse a regenerar; pierde nuestra economía, que no puede aprovechar los recursos naturales para crear nuevos puestos de trabajo; pierden las familias, que se quedan sin futuro al no tener estabilidad laboral; y por supuesto, pierde el mundo rural, que cada vez ofrece menos oportunidades a gente que lucha por seguir poblando nuestro territorio.
Está claro que no siempre se puede evitar un incendio, pero sí que se puede prevenir. Y las Administraciones Públicas deben empezar a dirigir parte de su inversión a tareas como la limpieza de cortafuegos, aclaramiento de bosques, acondicionamientos de puntos de agua, etc. Tareas sencillas pero muy eficaces, que ayudan a que el monte esté mucho mejor preparado para afrontar un incendio, frenar su propagación, o mejorar accesibilidad de los trabajos de extinción.
Para ello, es necesario que los políticos empiecen a cumplir con sus promesas, y lo más importante, deben empezar a cumplir con la legislación que ellos mismos han redactado. Los nuevos presupuestos para 2016 son una magnífica oportunidad para alcanzar los mínimos legales y destinar dinero suficiente para la contratación de las cuadrillas forestales durante los doce meses del año que tanto les han prometido.Porque, como comentamos siempre entre los compañeros que hemos trabajado años cara a cara contra el fuego en el monte, “los incendios se apagan en invierno”.
