Conocido es que la actual organización social de los cuidados en el estado español, ante la falta de recursos públicos y debido a otros factores como el envejecimiento de la población o la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, prioriza la externalización y mercantilización de los cuidados que las familias ya no pueden o no quieren asumir.
Esta externalización se lleva a cabo, entre otras formas, mediante la contratación de empleo doméstico, una opción laboral tradicionalmente desvalorizada, feminizada, precarizada, racializada, mal retribuida y carente de derechos asociados como el desempleo.
Pero paradójicamente, en estos momentos de pandemia en los que se ha parado gran parte de la actividad económica, excepto la considerada esencial para el funcionamiento de la sociedad, el gobierno ha establecido que el empleo doméstico es una actividad esencial, al igual que la atención sanitaria. Al fin se reconoce lo que llevamos años reclamando desde las asociaciones de trabajadoras y desde los feminismos: la importancia social de los trabajos de cuidados.
Parece que el coronavirus ha hecho emerger la parte del iceberg que permanecía oculta al sacar a la luz que los trabajos de cuidados son los que sostienen vidas, por eso mismo son esenciales; pero también ha puesto de manifiesto en toda su crudeza que la privatización y los recortes en sanidad han mermado seriamente el cuidado de la salud de la población.
Ahora bien, sigue habiendo jerarquías dentro de los trabajos de cuidados, pues no se reconoce de igual manera la labor de los médicos y enfermeras que la de los celadores, limpiadoras, dependientas o empleadas domésticas. Además, resulta ciertamente contradictorio que el gobierno considere en este momento como esencial el trabajo de hogar y cuidados, un trabajo tradicionalmente desvalorizado y precarizado. Por eso es importante intentar dar respuesta a estas dos preguntas:
¿Por qué se produce este reconocimiento justamente ahora?
La crisis del coronavirus al poner en evidencia la vulnerabilidad de la vida, ha dado a los trabajos de cuidados una relevancia y visibilidad que no tenían anteriormente. Muestra de ello es el reconocimiento social que la ciudadanía otorga estos días a la tarea desempeñada por el personal sanitario, una tarea ligada al cuidado de la salud y, en definitiva, al sostenimiento de la vida. O el reconocimiento a las trabajadoras de la limpieza, a las trabajadoras de las residencias de ancianos, a las empleadas de hogar y cuidados o a las dependientas de supermercados, trabajos feminizados y precarizados que se están poniendo en valor estos días, pero que no se habían tenido en cuenta anteriormente o se despreciaban.
Esa visibilidad de las tareas de cuidados se ha producido en un momento histórico de crisis sanitaria y de miedo generalizado a la muerte, en el que se ha dado prioridad a las actividades que contribuyen al sostenimiento de la vida, pese a que contradictoriamente sean desarrolladas por personas en condiciones de precariedad tal que apenas les permite sostener sus vidas.
Pero estas actividades no solo son esenciales e imprescindibles en este momento histórico, sino que lo han sido siempre y lo seguirán siendo. De hecho, el trabajo de hogar y cuidados constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene la actual organización social de los cuidados y si todos los trabajos que engloba esta actividad dejasen de hacerse, surgirían grandes tensiones en los hogares. Y si todas esas personas dependientes a las que cuidan las trabajadoras dejasen de recibir atención, el sistema colapsaría.
¿Por qué un trabajo tan importante está tan desvalorizado?
La economía neoliberal al poner en el centro de sus preocupaciones la maximización de beneficios (capital), en lugar de los cuidados, siempre ha minusvalorado esta actividad que ahora establece como esencial. Además, es una actividad realizada por mujeres pobres y muchas de ellas racializadas, lo que le resta aún más valor en una sociedad clasista, patriarcal, colonial y racista. Asimismo, si se valorara el trabajo doméstico en su justa medida casi nadie podría pagar unos salarios justos, porque ahora mismo este trabajo viene a cubrir las carencias de unos servicios sociales deficitarios y de unas familias que quieren cubrir sus necesidades de cuidado a bajo coste.
De hecho, si se pagaran unos salarios justos, pocas familias podrían asumir la atención de sus familiares ancianos por esta vía o no todo el mundo se podría permitir que le limpiaran la casa por cuatro duros. Sin duda, mientras no haya una mayor corresponsabilidad en los cuidados por parte de las políticas públicas, los hombres y el mercado laboral, el trabajo doméstico tal cual lo conocemos no sufrirá grandes cambios, pues quienes se benefician de cómo está organizado actualmente no van a querer perder sus privilegios.
Por eso hay que aprovechar el reconocimiento (aunque sea interesado) que se hace en estos días del trabajo de hogar y de los cuidados como servicio esencial, para visibilizar las contradicciones que alberga el hecho de considerar como imprescindible un trabajo que tiene más de un 30% de economía sumergida o que carece de derecho a paro.
En cuanto a cómo ha incidido la crisis del covid-19 en la situación de las trabajadoras del hogar, aunque aún es pronto para hacer valoraciones globales, sí podemos apuntar por lo que transmiten las organizaciones de trabajadoras que se ha agravado aún más. Numerosos son los casos de empleadas que cuidan de personas mayores enfermas de coronavirus sin que se les provea de protección, o los de empleadas que al confinarse con la familia para la que trabajan han visto ampliada su jornada laboral cobrando lo mismo. Por no hablar de los despidos arbitrarios (en algunos casos vía whatsapp), sin ningún tipo de indemnización o con indemnizaciones muy inferiores respecto al resto de sectores.
Otra fuente de información útil para conocer la incidencia del coronavirus en el empleo doméstico es la encuesta (aún inconclusa) lanzada el pasado 24 de marzo por diversas organizaciones de trabajadoras hogar y de cuidados del estado español. Este instrumento, además de recoger información real y de primera mano sobre cómo está afectando esta situación a las trabajadoras domésticas, aporta datos con los que avalar la necesidad de poner en marcha medida políticas concretas. Porque detrás de estos datos hay personas que están sufriendo y están siendo abandonadas por las instituciones. Algunas de las cifras hechas públicas por las organizadoras de la encuesta son las siguientes
- El 53% de las trabajadoras que han respondido a esta encuesta han sido suspendidas de empleo y sueldo desde el comienzo de esta crisis.
- El 24,5% de las participantes en la encuesta han sido despedidas, de las cuales el 94% sin haber recibido la indemnización correspondiente.
- En el 63% de los casos afirman no haber recibido medidas de protección para atender a las personas que cuidan.
- Las trabajadoras en régimen interno manifiestan (43%) tener más tareas y menos descansos; el 33% ha sido presionada para permanecer en el domicilio en el que trabaja los días de descanso; el 40% manifiesta que no se ha respetado el derecho a su propia protección y cuidado y el 45 % afirma que tampoco se ha respetado el derecho al cuidado de sus propios familiares, incluso cuando han necesitado atención y no ha habido otra persona que pudiera ocuparse.
La primera alusión a las trabajadoras de hogar a la hora de tomar medidas sociales y económicas por parte del gobierno se hizo transcurridos más de 10 días del decreto de Estado de Alarma. Fruto de la presión de movimientos y colectivos de apoyo a las trabajadoras, el 31 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley 11/2020 por el que se adoptaban medidas frente al Covid-19. Entre esas medidas se incluye un subsidio extraordinario para aquellas empleadas de hogar que debido a la crisis del covid-19 se hayan quedado sin empleo, siempre y cuando puedan acreditar que la parte empleadora las ha despedido o suspendido de empleo.
Teniendo en cuenta que más del 30% del sector se encuentra en situación administrativa irregular y carece de contrato, esta medida en la práctica deja fuera a muchas trabajadoras. El hecho de que un porcentaje elevado no pueda solicitar el subsidio, nos remite a la histórica reivindicación de los feminismos de que los derechos no pueden seguir vinculados a una supuesta contribución previa sino que tienen que ser derechos de ciudadanía universales. Además, este subsidio (al igual que otras medidas puestas en marcha por el gobierno) responde a un tipo de sociedad que ya no existe, una sociedad en la que la mayor parte de las personas son asalariadas, con rentas procedentes de un contrato en regla e indefinido y un estado del bienestar intacto.
Por eso no puede atender ni de lejos los graves perjuicios materiales que las trabajadoras del hogar y cuidados están teniendo como consecuencia de la crisis del coronavirus. Y aunque ciertamente ha sido un avance que el empleo doméstico haya sido objeto de debate social, la ayuda debe llegar al conjunto de todas las trabajadoras, no solo a aquellas que tienen un contrato formal o sus papeles en regla.
Ante esta situación, la Asociación de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados de Zaragoza ha tenido que organizarse para ayudar a las trabajadoras que no pueden acceder a ninguna protección social y que tienen serias dificultades para pagar los alquileres o la comida. Además, muchas de ellas carecen de red social y no tienen a nadie que les pueda apoyar. Con el fin de dar una respuesta colectiva y urgente a una situación ya insostenible antes de esta crisis, se han puesto en marcha principalmente dos herramientas:
- Un espacio de acogida online, hecha por y para trabajadoras de hogar y de cuidados, que ofrece información útil, asesoría legal, apoyo mutuo, permite responder a preguntas urgentes y recoger casos de vulneración de derechos.
- Una caja de resistencia para poder atender las necesidades económicas (compra de comida, pago de alquileres, búsqueda de soluciones residenciales de urgencia) derivadas de la falta de trabajo y de la imposibilidad de acceder a ayudas sociales.
En definitiva, si tradicionalmente el empleo doméstico se ha caracterizado por su situación de desigualdad y por la vulnerabilidad de derechos, la crisis del coronavirus ha recrudecido y puesto en evidencia aún más las múltiples discriminaciones presentes en este empleo. Al tratarse de un sector laboral que cubre un porcentaje elevadísimo de las necesidades de cuidados de la sociedad, el gobierno no ha tenido más remedio que considerarlo un servicio esencial, pero esto no quita para que siga siendo un sector altamente feminizado, precarizado, sumergido y con contratos y altas en la Seguridad Social que no se corresponden con las jornadas efectivas de trabajo.
Un sector para el que los efectos de la pandemia se manifiestan en forma de ceses, despidos, aislamiento, exposición, desprotección, sobrecarga y vulneración de derechos. Por todo ello, no podemos conformarnos con el simple reconocimiento de que se trata de una actividad esencial, sino que este reconocimiento por parte del gobierno debe ir acompañado de la puesta en marcha de medidas que ayuden a mejorar la situación de todas las trabajadoras del hogar, como por ejemplo:
- La incorporación de TODAS las trabajadoras de hogar y cuidados en las medidas extraordinarias de protección, en las mismas condiciones que el resto de trabajadores y trabajadoras.
- El reconocimiento de la prestación por desempleo.
- La regularización de todas las personas empleadas en la economía sumergida.
- La integración en la Ley de Prevención de Riesgos laborales e inclusión del sector en la provisión de equipos de protección individual (EPI).
- La suspensión de la cuota de la Seguridad Social para todas las personas empleadoras, afectadas laboralmente por la crisis sanitaria, con el fin evitar despidos o rebaja de salarios, siempre que se garanticen los contratos.
