Democracia liberal, democracia popular, democracia monárquica, democracia socialista..., parece que cualquier adjetivo pudiera servir a un sistema político que, por sí mismo y sin adjetivos posibles, le debemos de llamar, simple y llanamente, democracia.
De aquí, podría deducir, que al aplicar uno de esos múltiples adjetivos al sistema democrático siempre podríamos verlo como un sistema parcial, imperfecto y, siempre, inacabado. ¿Cuál es, pues, la naturaleza de la democracia? ¿cuáles sus características que la distinguen de otros sistemas políticos? cuando hablo de democracia ¿he de hablar de sistema político o de ciudadanía política?
En todas las sociedades se da una estructura socio-económica distinguida por alguna o algunas características que nos permiten dibujar un esquema de cómo se detenta el poder y cómo se distribuye la riqueza. Es ésta, en definitiva, la esencia de los distintos sistemas políticos que existen y han existido a lo largo de la historia. Sistemas políticos que son operativos de las estructuras socio-económicas y que, a su vez, están "vestidos" por las doctrinas políticas que los justifican, es decir, por las ideologías.
En muchas ocasiones tratamos de hacer hincapié en la ideología cuando queremos hablar de democracia. En otras, lo hacemos sobre el propio sistema operativo que es donde se dan el mayor número de contradicciones – las leyes imperfectas limitadas por lo tangible-. Y, en las más de las veces, nos enredamos en un sinfín de razonamientos que amparan el propio sistema político a defender o detraer. Es desde la ideología o desde la crítica del sistema político operativo, en su concepción y realización, desde donde intentamos enmendar la realidad política, no dándonos cuenta, posiblemente, que no está ahí la naturaleza del problema.
Tres son los pilares sobre los que se puede construir un sistema político al que denominar democracia: la participación social, económica y política, el debate generado en dicha participación y, como tercer pilar, la toma de decisiones consecuencia de los debates.
Con la participación realizamos y protegemos nuestra libertad, desde la autonomía. Cualquier sistema político, incluso el nuestro actual, que no facilite los cauces e instancias de participación, está coartando a la democracia. He dicho " que no facilite" con la idea de resaltar el hecho real de que el sistema impide, por muy distintos medios, la participación libre y crítica de la ciudadanía. Nuestro sistema político actual, mal llamado democracia, no dispone tampoco de mecanismos que "escuchen y asuman" las propuestas ciudadanas, debiendo de manifestarse éstas en las calles o tratando de darse razón en los tribunales. El primer lugar dominado por la policía y su teoría de la "actuación proporcional" (no se sabe a qué proporcionalidad se refiere, ni con qué se mide, ni cómo, salvo sólo que justifica su violencia), y el segundo lugar dominado por un entramado de jueces déspotas, viciados en sus razonamientos y capaces de hallar en las leyes razones que lo mismo sirven para sentencias cabales como para fallos que son auténticos despropósitos.
Quisiera hacer aquí un inciso. Es frecuente que oigamos que hay policías buenos y policías malos; lo mismo que jueces; lo mismo que militares, etc., pero no estamos juzgando a personas concretas, salvo que delincan de alguna manera. Estamos hablando de un sistema que permite que se den y sigan existiendo actuaciones violentas, contrarias a la ley y, siempre, en defensa de unos determinados intereses y de una determinada ideología.
Nuestra sociedad ha de evolucionar, ha de cambiar en busca de lugares amplios, libres, comunes y felices, pero ha de ser la propia sociedad, desde su autonomía, la que quiera debatir hacia dónde y cómo. En las manifestaciones que nos indican la falta de democracia, nos encontramos los actores políticos (la ciudadanía) truncadas nuestras posibilidades de participación, deliberación y toma de decisiones y, casi siempre, impedidas en su desarrollo. Una democracia es algo más que un sistema administrativo de gobierno de un estado. También, es algo más que un sistema electoral-representativo, con sus claros y oscuros.
En la sociedad actual , sin embargo, existen una serie de obstáculos que actúan contra la democracia, contra la participación, debate y toma de decisiones de la gente. Un primer gran obstáculo para la participación democrática está en la atonía social. Comentada por multitud de artículos y pensadores, señalándola como la consecuencia de un bloqueo sistemático por parte de las instituciones del estado a cuantas actuaciones ha habido en contra de lo que se ha considerado los intereses y voluntad de la gente, y la imposibilidad de disponer de medios que permitan revertir dichas decisiones. Actuaciones de carácter político, judicial, policial, económico, etc. Las leyes que, en algunos casos, han tratado de corregir errores o carencias por el bien de futuras decisiones, han conseguido incrementar la atonía al ser leyes que han individualizado las posibles quejas y reivindicaciones y, además, las han convertido en un camino caro y complejo. Tanto para aquellas quejas de carácter público como las que deseamos iniciar ante grandes empresas privadas.
Considero otro obstáculo la duplicidad de administraciones, gobierno central y autonómico, siempre dependientes éstas de aquél con el objetivo de mantener un estado único y uniforme. Lo mismo puede decirse de los múltiples escalones administrativos desde lo local hasta lo autonómico. Además de observar una multiplicidad de competencias y de funciones, en muchas ocasiones superpuestas unas a otras, nos encontramos con la exigente burocracia y burocratización del sistema. Lo mismo que nos encontramos con una dejación y desvío de la la responsabilidad dando una patada al asunto y pasándoselo "al responsable", al jefe. La falta real de autonomía legal y presupuestaria en los ayuntamientos nos hurta la posibilidad de practicar una auténtica participación, debate y toma de decisiones en los asuntos que más directamente nos conciernen. Los ayuntamientos deberían de ser las plataformas democráticas de la ciudadanía. Deberían de ser el centro coordinador de los grupos sociales. Deberíamos de elegir a los coordinadores o concejales presentados desde dichos grupos y no desde partidos políticos.
La reproducción de poder político-administrativo, en democracia, es una constante presente con cualquier gobierno. En todas las instituciones del estado existen grupos que procuran copar aquellos puestos con funciones generales de dirección y/o coordinación. Grupos corporativos conscientes de que su propia defensa los hace más fuertes y con mayor capacidad de poder ante otros grupos e instituciones estatales, autonómicas o locales. Tenemos la muestra en la trama policial que viene descubriéndose, en parte, que ha actuado en beneficio propio y del poder de turno, y poco en beneficio de la sociedad.
Se podrían señalar algunas de las condiciones que no permiten una democracia sin adjetivos, de concepción amplia y de realización permanente, pero sólo quiero señalar una condición ausente o, cuando en algunos casos está, no vigente en plenitud: la capacidad de control de la ciudadanía ante todas las instituciones y todas las funciones públicas que condicionan nuestra sociedad.
Muchos dirán que la función de control se ejerce desde los parlamentos, pero vemos que dichos controles están mediatizados por los propios intereses, por las mecánicas de reglamento parlamentario o, incluso, por la incompetencia de muchos parlamentarios, bien por escaso fuste político o, sencillamente, por la escasa formación en muchos de los temas que les toca afrontar. Este control no es real. No existe.
Para tratar de conseguir algo parecido a la democracia, es preciso abrir cauces de participación, generar amplios debates al margen de los medios y las instituciones, reconvertir y reformar muchas de las instituciones públicas, restar poder de coacción a las fuerzas de seguridad, flexibilizar los procesos administrativos simplificándolos, educar a la sociedad en el debate y en la toma de decisiones y, sobre todo, limitar la presencia de las personas en los cargos institucionales por períodos no mayores a dos legislaturas, sean los cargos la jefatura del estado, el gobierno o cualquier otra función pública.
