Los acuerdos se cumplen

Ni todas las crisis tienen el mismo origen, ni hay una única manera de afrontar las crisis; sin embargo todas las crisis, lamentablemente, acrecientan los niveles de desigualdad de la sociedad. A pesar de estar reconocido en nuestra Constitución, el derecho a la vivienda dista mucho de ser un derecho efectivo para una parte importante de la ciudadanía, y en tiempos de pandemia sanitaria el concepto “vivienda digna” es un matiz que influye tanto en la salud mental durante el confinamiento o para evitar contagios. Un matiz que el ministro Ábalos parece no apreciar, pero sin embargo marca la diferencia …

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Marta Prades. Foto: Podemos Aragón

Ni todas las crisis tienen el mismo origen, ni hay una única manera de afrontar las crisis; sin embargo todas las crisis, lamentablemente, acrecientan los niveles de desigualdad de la sociedad.

A pesar de estar reconocido en nuestra Constitución, el derecho a la vivienda dista mucho de ser un derecho efectivo para una parte importante de la ciudadanía, y en tiempos de pandemia sanitaria el concepto “vivienda digna” es un matiz que influye tanto en la salud mental durante el confinamiento o para evitar contagios. Un matiz que el ministro Ábalos parece no apreciar, pero sin embargo marca la diferencia entre lo que es un derecho o “un bien de mercado”. En Podemos tenemos claro que con los derechos no se mercadea.

En los más de cuarenta años de democracia, se han articulado mecanismos fiscales que incentivaban la compra, facilitaban el acceso al crédito y se “flexibilizaban” los plazos hipotecarios que mantenían al ciudadano atado a un préstamo casi de por vida, mientras se reducían las condiciones y se disparaban los precios para alquilar. Para quienes han tenido responsabilidades de gobierno la vivienda ha sido un motor de la actividad económica que les favorecía a todos, mientras se generaba una burbuja inmobiliaria y se favorecía la especulación, dejando de lado la parte social que propugna la Constitución escudándose en la letra pequeña de un principio rector.

Resulta imposible garantizar el derecho a la vida, a la integridad física, a la intimidad personal y familiar, a la inviolabilidad del domicilio o a la salud como está sucediendo en esta pandemia sanitaria, si no se puede acceder a una vivienda. Y si la política aplicada en la anterior crisis sacó a la gente de sus casas mientras se beneficiaban bancos y fondos buitre, ahora a la falta de oferta hay que sumar que los alojamientos turísticos están provocando que se disparen los precios del alquiler, creando zonas tensionadas en muchas ciudades y escasez de oferta en el mundo rural que impide que vengan nuevos pobladores o que los jóvenes se queden en nuestros pueblos, por lo que resulta imprescindible regular los precios del alquiler como reclamamos desde Unidas Podemos.

Regular los precios de los alquileres es un mandato del Parlamento Europeo hacia los Estado miembros, desde su votación el 25 de enero y también una de las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, pero también es una demanda social. Llevamos una década de encarecimiento desmedido de los precios de los alquileres en nuestro país: un 50% en los últimos 5 años y un 32% en los últimos 10 años. La ciudadanía española ha pasado de destinar el 28% de su nómina a pagar el alquiler en 2015 al 40% de 2020, superando la recomendación de que el coste de la vivienda no debería superar el 30% de los ingresos.

Comprometerse a frenar las subidas abusivas de los precios del alquiler, queda muy bien cuando uno solo quiere quitarse la chaqueta de pana y ponerse la chaqueta progresista, pero cuando se firma en un acuerdo de gobierno, es para cumplirlo, la ciudadanía está cansada de fotos, firmas y declaraciones de buenas intenciones si luego no se cumple lo anunciado. No debe extrañarnos que después la gente no crea ni en la política, ni en los políticos, cada uno recoge lo que siembra.

“Conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos y ciudadanas han decidido en las urnas”. El acuerdo de coalición firmado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos que sostiene el Gobierno, un acuerdo entre dos formaciones políticas de obligado cumplimiento, ya recoge la regulación de los precios de los alquileres como herramienta necesaria para garantizar el derecho a la vivienda. Una política que también está recogida en el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 firmado con ERC y Bildu. No efectuar lo acordado significa incumplir dos acuerdos entre partidos e incumplir un compromiso con la ciudadanía que vio en las políticas progresistas y los partidos que las representan la oportunidad de conseguir, por fin, un Estado social y democrático que garantice derechos y rompa con la desigualdad.

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