Tras nueve años de implicación en diversas luchas, primero anticoloniales, luego contra las cárceles, más tarde en otros frentes, incluido el antifranquista, Michel Foucault alcanza a dar con una fórmula que pone en entredicho el marco conceptual sobre el cual se venían desarrollando los análisis políticos a mediados de la década de los setenta, especialmente en sus modalidades más críticas y/o con pretensiones revolucionarias. La voluntad de saber ―un texto, en principio, meramente propedéutico a un conjunto más amplio de estudios sobre la historia de la sexualidad moderna que Foucault llevaba más de una década barruntando y que nunca llegó a redactar―, propone ciertos desplazamientos en lo que se refiere a la manera de entender el poder. Aquí sólo vamos a referirnos a uno de estos desplazamientos, centrando la atención en la crítica de eso que el propio Foucault llamó la "hipótesis represiva" y tratando de conducirla a la actualidad.
Tratemos de situar de modo rápido el sentido de la intervención foucaultina. A la hora de redactar su texto, Foucault se encuentra en un contexto político y teórico en el que los debates en relación al sexo están dominados por eso que él mismo denomina "hipótesis represiva". Estamos en 1976. Los discursos históricos así como filosóficos en torno a la sexualidad, pero, quizá más importante para nuestro objeto, también los discursos de los movimientos sociales críticos, desarrollan un cierto consenso en torno a la idea de que el sexo, en la modernidad, ha sido reprimido. Los referentes teóricos claves de esta concepción son Reich y Marcuse. La hipótesis, muy resumida, afirma que el poder y, más en concreto, el poder capitalista reprime la sexualidad. Foucault remplazará esta hipótesis por otra diferente que ha sido denominada "hipótesis productiva". Si, según la primera hipótesis, todo lo relativo al sexo ha sido silenciado y convertido en objeto de censura discursiva, según Foucault, al contrario, la modernidad se caracteriza por hacer hablar al sexo y acerca del sexo. El desarrollo de todo un campo de investigación científica en relación al sexo sería efecto de ello. Hasta aquí en lo que se refiere a las prácticas discursivas. En lo que se refiere a las prácticas no discursivas, mientras según los defensores de la hipótesis represiva la pluralidad de prácticas sexuales ha sido limitada a las formas propias de la heterosexualidad monógama y reproductiva, según Foucault, lo que ha tenido lugar ha sido, más bien, una "implantación perversa" que supone la especificación, intensificación y consolidación de las sexualidades periféricas.
Durante los años previos a la publicación de La voluntad de saber Foucault había ido perfilando su crítica a las concepciones que entienden el poder en términos de ley y soberanía. Desde esta perspectiva soberanista el ejercicio de poder consiste en prohibir, en decir no. Su función es estrictamente negativa. La hipótesis productiva permite a Foucault desarrollar, por contra, una concepción del poder en términos positivos. No niega, en ningún caso, que, en circunstancias concreta, el poder se ejerza como represión; pero ésta ha de ser considerada en el marco más amplio de un ejercicio que es, fundamentalmente, productivo. El poder, por tanto, no sólo dice no, también instiga, marca, configura, incita, desarrolla, especifica, promueve, consolida… El ejercicio de poder no tiene, para Foucault, un efecto exclusivamente disuasorio, sino, antes bien, un efecto constitutivo.
El desplazamiento teórico es importante. Una vez descrito, aunque sea de modo tan breve e impreciso, la cuestión pendiente no es otra que la de aplicar el modelo conceptual a la actualidad para comprobar si los resultados que ofrece son interesantes, iluminadores y, tal vez, medianamente útiles. La aplicación, por supuesto, puede llevarse a muy diversos ámbitos de la actualidad. Uno en el que puede ser oportuno hacerlo es el anteproyecto de ley ciudadana aprobado en Consejo de Ministros, y ello, precisamente, porque el discurso crítico de los movimientos sociales parece, a partir de dicha aprobación, haber encallado en la hipótesis represiva. Hasta el punto de que se ha bautizado a la proyectada ley como "Ley Mordaza". Efectivamente, sin necesidad siquiera de la aprobación de la anunciada ley, la presentación del anteproyecto ya ha tenido unos efectos constitutivos sobre los movimientos sociales (como la reintroducción de ciertas lógicas de acción-reacción) y sobre los discursos emanados de dichos movimientos sociales (desde donde se insiste en considerar exclusivamente los efectos represivos de la ley).
No es nuestra intención aquí analizar los efectos que ya se están produciendo y cuya descripción exigiría un estudio de campo medianamente serio del que somos incapaces. Más modesto, pero también más peligroso, nuestro objetivo se limitará al ámbito de la ficción política: a saber, a imaginar los posibles efectos constitutivos que la aplicación de una ley como la anunciada en el anteproyecto pudiera tener. Porque entendemos que el resultado de la aplicación de la ley (independientemente de los deseos de los legisladores) no va en ningún caso a consistir en poner freno a la intensa movilización social de los últimos tiempos (supuesto que se correspondería con la hipótesis represiva), sino en producir modificaciones en las relaciones de poder y en el marco estratégico en el que se desarrollan las luchas. Imaginar los posibles escenarios puede resultar útil a la hora de trazar líneas de acción. A pesar de ello, es necesario hacerlo tomando la precaución de saber que nos movemos en el terreno resbaladizo de la ficción y que, por tanto, las concreciones efectivas probablemente distarán mucho de lo expuesto. Los procesos históricos son altamente complejos e imprevisibles. Con el fin de evitar que, finalmente, cualquier parecido de la ficción teórica con la realidad sea mera coincidencia, hemos tenido la cautela de desarrollar tendencias que, entendemos, ya están presentes con independencia de la ley. En todo caso, aquí nuestro objetivo se reduce a abrir un campo de problematización. Y ni siquiera a través de la referencia pormenorizada a todos los cambios que anuncia el anteproyecto de ley, sino sólo a algunos de ellos. En concreto a cuatro: la creación de un registro de personas, la monetarización del castigo, la ampliación de la discrecionalidad policial y las medidas de gestión y organización del espacio.
1. Creación de un registro de personas. Desde la perspectiva foucaultiana, tan dependiente de la epistemología histórica francesa, el proyecto de creación de un registro de personas que propone el anteproyecto de ley es tal vez el ejemplo más obvio del carácter productivo del poder. El poder no reprime los discursos, más bien los incentiva. Y no tanto, o no sólo, los discursos de tipo, digamos, ideológico, sino, sobre todo, los discursos con valor de verdad. La institucionalización de un registro de personas identificadas supone la implementación de la tecnología elemental para el desarrollo del conocimiento de las poblaciones. Si a lo largo de la modernidad los registros habían estado asociados fundamentalmente a las arquitecturas disciplinarias (las listas de alumnos en las escuelas, de prisioneros en las cárceles, de obreros en las fábricas, de enfermos en los hospitales, etc.), permitiendo el seguimiento y estudio de la evolución de los individuos a través de estos espacios de encierro; hoy el archivo tiende a adecuarse a las nuevas configuraciones post-disciplinarias. Un registro en plena calle parece ser requisito necesario para la profundización en el conocimiento de los sujetos políticos emergentes. Si la agencia refractaria al orden instituido ya no es la clase obrera, pero tampoco los jóvenes, ni las mujeres, ni, en definitiva, ningún grupo previamente especificado, sino la turba, entendida ésta como multitud abierta, diferencial y en constante proceso de rearticulación democrática, entonces las viejas tecnologías de registro resultan anacrónicas. De hecho, es conocida la dificultad que ha entrañado la definición de la agencia que se expresó en la toma de las plazas. El nuevo sistema de registro parece querer responder a este desafío. Es más, la creación de un archivo es un procedimiento epistemológico que supone la conformación de un nuevo objeto de análisis. La especificación de este objeto supone, al mismo tiempo que la apertura de un nuevo campo de saber, la precisión del blanco para el ejercicio de poder. Un saber mejor afinado acerca de las poblaciones que asisten a manifestaciones u otras acciones permitirá intervenciones más efectivas. Saber y poder, sin llegar a confundirse, se refuerzan mutuamente. El poder delimita campos de análisis e incentiva el desarrollo del conocimiento, el saber mejora la efectividad de las intervenciones políticas e intensifica la asimetría de las relaciones de poder. En definitiva, el saber y el poder se encuentran entrelazados en una muy productiva relación de apoyo e incitación mutuos.
2. Monetarización del castigo. La promoción de la multa como forma de castigo en una coyuntura de empobrecimiento generalizado de la población tiene como efecto la extensión de la sujeción por deuda. La tendencia a la reducción de la fuerza de trabajo socialmente necesaria acarrea un importante vector de ingobernabilidad al suponer la liberación de amplias capas de la población respecto de la brida salarial. El trabajo, incluso cuando es precario y su efectividad disciplinaria ha decaído, tiene aún la virtud de servir como tecnología de control de las poblaciones. En un contexto de disolución de las relaciones laborales la deuda funciona como tecnología de sujeción sustitutiva. La deuda hoy supone la producción de nuevas formas de subjetividad adecuadas a la racionalidad neoliberal. La deuda es una tecnología post-disciplinaria, propia de un modo de producción biopolítico que extrae valor directamente del ámbito de reproducción de la vida. Como hemos indicado en otro lugar [1], el "hombre endeudado" es la versión sombría del emprendedor, de aquel cuya vida se ha transformado en activo financiero. El hombre endeudado es la vida hipotecada: no tanto o no sólo un hombre pobre, sino un hombre atado, sujeto a la deuda, constituido por ella. Se ha convertido ya en un tópico referir la potencia individuante de la deuda, en cuanto que ésta se desarrolla conforme a una moral de la responsabilidad personal. Sin poner esto en entredicho, a nuestro entender la gran efectividad política de la tecnología de la deuda consiste en que ésta es capaz de afectar a una dimensión pre-individual, sobre los procesos moleculares de singularización, esto es, sobre los devenires subjetivos. Como ya mostrase Nietzsche, la deuda no es efecto de un préstamo pasado, sino de una inscripción sobre el cuerpo de una obligación futura, de una promesa de pago. La deuda es una memoria del futuro. Acuérdate de que tienes que pagar. En ese sentido, la tecnología de la deuda funciona sobre el campo de lo virtual, determinando el horizonte de posibles y reconduciéndolo al imperativo del pago. Así, su poder no se reduce al ámbito de lo actual, sino también al de lo potencial. Es un lazo que se efectúa sobre el campo de posibles y, por lo tanto, que encauza los procesos de transformación subjetiva. Supone una captura de los devenires, pues mientras estos exigen para su elaboración de una cierta ejercitación en la amnesia, la deuda obliga a recordar siempre quién eres: cambia cuanto quieras, arriesga, innova, reinvéntate, pero no olvides nunca que eres el que tiene que pagar su deuda y que todos las transformaciones que hagas no deben ni pueden conducir a otro sitio que no sea al pago. La deuda convierte la vida, con sus devenires y transformaciones, en un arriesgado proyecto empresarial embridado a un objetivo externo. De este modo, la proliferación de multas, en la medida en que sirve al desarrollo de la tecnología política de la deuda no sólo tiene como efecto la represión de la protesta, sino que supone la extensión y profundización en los procesos de producción de la subjetividad neoliberal.
3. Aumento de la discrecionalidad. Se ha insistido en que la ley proyectada aumentará el grado de discrecionalidad policial, ampliándose con ello el margen de arbitrariedad de las intervenciones y de las sanciones. Esto, junto con el refuerzo de la autoridad policial que se contempla, podría leerse como la antesala a una generalización de la represión. Sin embargo, en el marco de las lógicas neoliberales, que buscan el más por menos, mejorar los resultados reduciendo costes, la mayor discrecionalidad no necesariamente supondrá una generalización en la aplicación, cosa que llevaría aparejada un elevado coste político. Más bien parece razonable pensar en un escenario tendente a la mayor especificación de las poblaciones y comportamientos objeto de penalización. Ahora bien, dicha especificación no parece que se vaya a llevar a cabo a través de segmentaciones duras de la población, sino más bien mediante una gestión flexible, gradual y distribuida de las sanciones. Si, como apuntábamos, la agencia del tumulto ya no es un sujeto constituido según un modelo de identidad fuerte, molar, sino más bien un conglomerado molecular de singularidades, no es de extrañar que los sistemas de control también devengan moleculares, tomando como objeto de intervención no tal o cual individuo, sino más bien los procesos de singularización peligrosos que puedan desatarse y acabar arrastrando una masa crítica. Esta tendencia permite efectuar una gestión global de las multiplicidades al introducir un vector de diferenciación dentro de los movimientos de protesta y del campo social en general, y reconstituir la cuadrícula de distribución diferencial de los sujetos que movimientos como el 15M, la PAH o las mareas habían comenzado a disolver.
4. Gestión y organización del espacio La flexibilización de los procedimientos técnicos de gobierno de las poblaciones se hace especialmente explícita en las propuestas de ordenación del espacio que prevé el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. Frente a las estrías fijas y pesadas que sirvieran como formas de delimitación del espacio típicas de los regimenes disciplinarios, el anteproyecto de ley favorece estrías móviles, eventuales y efímeras. La policía podrá establecer zonas de seguridad, sistemas de restricción de la circulación así como actuar en establecimientos públicos. De este modo, por un lado, la policía se instala en el espacio urbano como si se tratase de un espacio enteramente liso, instituyendo una manifiesta indistinción entre, por ejemplo, un local, como un bar o un restaurante, y la calle. Por otro lado, sobre ese espacio liso la policía misma podrá dibujar las estrías donde considere necesario y por el tiempo que considere oportuno, controlando, además, el grado de porosidad de las mismas. La imagen ejemplar es la del cordón policial, que hay que entender como una segmentación espacial transitoria en su duración y selectiva en su aplicación. El ejemplo más evidente de esta gestión del espacio, de esta nueva configuración dibujada por el poder, la hemos podido contemplar en Madrid en torno al Congreso de los Diputados durante el último año, con el sistema de vallas que se abren y cierran en función de las circunstancias. Sin embargo, es un mal ejemplo, por su carácter estático y todavía demasiado pesado. Más representativos resultan los cordones policiales que han venido sirviendo tanto para desactivar los escraches como para rodear manifestaciones o a secciones concretas de manifestaciones. Como es obvio, mientras en el caso de los escraches se establece un cordón en torno al espacio o sujeto protegidos, dejando afuera a los manifestantes, según el modelo de la exclusión; en el segundo caso, inversamente, el cerco se establece en rededor de los manifestantes, según el modelo del encierro. En ambos casos, ya se trate de exclusión o encierro, si bien en cada ocasión según modalidades específicas que requieren de medidas concretas, lo que se instituye es una segmentación blanda, móvil y efímera, que desaparece con la misma facilidad con la que había aparecido.
Ya sea como incitación al saber, como producción de subjetividad, como gestión distributiva de multiplicidades o como elaboración de nuevos espaciamientos, la propuesta incluida en el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana integra medidas que, nos parece, no tienen una función represiva. Al contrario, sientan las bases legales para un ejercicio del poder en términos productivos, capaz de modificar, si no substancialmente, sí de manera importante el marco estratégico en el que se juegan los conflictos sociales. Como enseñara el detective Dupin en su investigación de los asesinatos de la Rue Morgue, no basta con considerar lo que está ocurriendo simplemente como los desvaríos de un régimen en descomposición. El régimen y quienes nos gobiernan bien pueden estar locos. Eso parece incuestionable. Ahora bien, desde Freud cuando menos, sabemos que los desvaríos de los locos responden a férreas lógicas. Sólo analizando y poniendo en claro estas lógicas inmanentes a la locura se hace posible la intervención quirúrgica y, con ella, la cura.
[Pablo Lópiz Cantó es miembro del Consejo de Redacción y director de Revista Turba]
...
[1] Lópiz, P., “Debtfare. Estado de endeudamiento y lucha de clases”, en Turba. Revista de Filosofía Política, nº 1, Zaragoza, Los libros del señor James, 2013
