¿Le interesan a Aragón los acuerdos comerciales con Andorra?

Los Gobiernos de Aragón y Andorra se han emplazado a futuras citas para avanzar en acuerdos comerciales. Sin embargo los políticos responsables en Aragón deberían valorar si interesa una asociación comercial que burlará a la Hacienda aragonesa mediante el fraude y la elusión fiscal

El martes 26 de abril el Gobierno de Aragón recibió a una representación del gobierno de Andorra. Encabezadas ambas delegaciones por sus presidentes, Javier Lambán y Antoni Martí, ambos expresaron el deseo de establecer y reforzar vínculos comerciales, dentro de la Comunidad de trabajo de los Pirineos.

Señalaron un cambio, entre otros, que favorece estas relaciones, el hecho de que Andorra ha dejado de ser un paraíso fiscal ¿Pero es esto cierto?

Efectivamente Andorra desapareció de la lista de paraísos fiscales de la OCDE, igual que lo hizo Panamá, a raíz de la operación de maquillaje encargada en 2009 por el G-20 y el FMI a la OCDE y que requirió su firma de acuerdos de intercambio de información a petición con más de doce países, algunos de ellos también paraísos fiscales. El firmado con España entra en vigor en 2011 desapareciendo también de la lista de paraísos fiscales de España, igual que pasó con Panamá.

A estas alturas ya sabemos de la honorabilidad de Panamá que cayó de ambas listas igual que lo hizo Andorra, si bien los dos continúan en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. Y es que los territorios offshore, denominados por la OCDE paraísos fiscales, son jurisdicciones fiscales y financieras especiales, consentidas dentro del ordenamiento internacional en beneficio de los grandes capitales y corporaciones. Andorra sigue siendo uno de ellos aunque se haya caído interesadamente de las listas de la vergüenza.

En Andorra, como en otros territorios offshore, resulta fácil constituir, mediante gabinetes de abogados andorranos especializados, empresas pantalla, fideicomisos o entramados societarios en contacto con otros territorios offshore, que sirven para esconder las titularidades de negocios y fortunas. Una vez dentro del permanente flujo offshore global, resulta prácticamente imposible detectar el fraude fiscal o el delito del blanqueo de capitales. Si evasores, delincuentes o criminales actúan “bien” cualquier empresa o particular puede tener fondos en una banca andorrana sin que incluso sus responsables conozcan la titularidad. Es esta opacidad, que proporciona su facilitador sistema jurídico, la que sigue atrayendo a Andorra capitales ilícitos ¿De qué van a informar  a las autoridades españolas o de otros países cuando el rastro de titularidad se pierde entre entramados societarios y fideicomisos?

Por otra parte la firma en 2015 de un acuerdo CDI entre España y Andorra para evitar la doble imposición, supone que las empresas españolas podrán, a través de sociedades filiales o asentando allí su sede social, pagar legalmente impuestos únicamente en Andorra por los beneficios obtenidos en España, o sea eludir impuestos legalmente. Esto simplemente trasladando allí, mediante sencillas operativas que permite la actual normativa contable internacional, los beneficios a sus filiales o sedes establecidas, aunque no tengan actividad en Andorra, sino en España.

Mediante este y otros CDI Andorra pretende emular a Luxemburgo, un país que como sabemos a través del escándalo Luxleaks, atrajo durante tiempo a empresas como Apple, Amazon, Heinz, Pepsi, Ikea o Deutsche Bank, en total 370, que lograban condiciones fiscales muy ventajosas y cercanas fiscalmente al 1% sobre el impuesto de sociedades. En Andorra, de hecho, el impuesto de sociedades es de un máximo del 10% y además abundan los incentivos fiscales y la posibilidad de conseguir un régimen especial del 2% en sociedades que se dedican a la gestión, inversión intragrupo, comercio internacional, explotación de intangibles o sociedades de tenencia de valores.

No, Andorra ha hecho avances fiscales, pero no ha acabado con la opacidad y su sistema jurídico offshore, esto se demuestra desde la entrada en vigor de la ley de intercambio de información en 2011, sólo una mínima parte de las peticiones de información de los jueces españoles ha sido atendida. Incluso en el caso Pujol, la Audiencia Nacional obtiene información tarde y parcial, siendo que los Pujol en libertad, continúan haciendo viajes a Andorra.

Los Gobiernos de Aragón y Andorra se han emplazado a futuras citas para avanzar en acuerdos comerciales. Sin embargo los políticos responsables en Aragón deberían valorar si interesa una asociación comercial que burlará a la Hacienda aragonesa mediante el fraude y la elusión fiscal, disminuyendo los recursos fiscales de una mayoría de aragoneses para beneficio exclusivo de sus empresas.

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Antonio Fuertes Esteban es miembro de la Mesa de Coordinación de ATTAC España

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