Política

Las cloacas del Estado, a debate en el Pleno de Zaragoza

Las graves informaciones conocidas esta semana sobre el caso Villarejo relacionadas con el robo del móvil a Dina Bousselham, asistente de Pablo Iglesias, en el marco de una operación parapolicial para desacreditar al secretario general de Podemos han sido objeto de debate en el Pleno de Zaragoza. ZeC ha presentado una moción de urgencia, aprobada por el pleno, instando a este órgano a rechazar las prácticas antidemocráticas de la llamada “brigada patriótica”, la policía política del PP.
| 30 marzo, 2019 07.03
Las cloacas del Estado, a debate en el Pleno de Zaragoza
Las grabaciones de Público muestran al ministro conspirando con el director de la Oficina Antifraude catalana para implicar por corrupción a políticos vinculados al procès.

Ha sido sin duda el tema de la semana. Este miércoles pasado se conocía que entre la enorme cantidad de material incautado en el “Caso Villarejo” se encontraba una copia del teléfono móvil de la asistente de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, que presuntamente habría sido robado en 2015, al parecer, por miembros de la policía mandados por el propio Comisario Villarejo. Para la investigación judicial en marcha, éste podría ser un nuevo episodio de la actuación de la policía política que albergó el Ministerio del Interior a las órdenes del ministro Fernández Díaz entre 2012 y 2016, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, y que tendría a Pablo Iglesias y a Podemos como uno de los objetivos de dicha policía política, la llamada “brigada patriótica”.

La gravedad del asunto de la aparición del móvil robado a la asistente de Iglesias es tal, que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido abrir una pieza separada de inmediato y ha ofrecido la personación en calidad de perjudicados a Iglesias y a Bousselham, que han aceptado.

El secretario general de Podemos denunciaba de manera contundente en declaraciones a la Cadena Ser que este suceso se enmarca en una operación parapolicial contra Unidos Podemos “para que no formara parte del Gobierno”. Iglesias ha señalado que ésta “es una de las mayores vergüenzas de la democracia de los últimos 40 años” y no ha dudado en vincular al gobierno del PP, que según el político “se ha gastado dinero de todos los españoles para fabricar pruebas para que una formación política no pudiera gobernar en este país”.

El debate político sobre este nuevo escándalo de las cloacas del estado que vincula al Partido Popular y a distintos cargos de la Policía, también ha llegado al ámbito municipal. Zaragoza en Común ha presentado al penúltimo pleno municipal celebrado este pasado viernes una iniciativa de urgencia (urgencia aceptada por todos los grupos políticos) para que el pleno rechace, en primer lugar, las prácticas profundamente antidemocráticas llevadas a cabo por la trama policial al servicio del Ministerio de Interior del Partido Popular en connivencia con algunos medios de comunicación e intereses empresariales, rechace la actuación del ex-ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y la de los miembros de la cúpula policial de su ministerio con el Comisario Villarejo al frente, y por último, muestre su más absoluta confianza en que la actuación judicial esclarezca rápidamente el caso y determine las responsabilidades consecuentes.

Durante su turno de intervención, el concejal de ZeC, Alberto Cubero, ha señalado que “el objetivo del robo de este móvil para obtener información privada por parte de la policía política del PP era dañar a Pablo Iglesias y a Unidas Podemos y la posibilidad de formar un gobierno de izquierdas”. En su segundo turno, Cubero ha arremetido duramente contra el Partido Popular. El edil de ZeC ha afirmado que “el problema no es Villarejo, sino una trama que demuestra que no se ha hecho bien la Transición”. “Una trama en la que hay policías corruptos, pero también hay empresas de comunicación controladas por ustedes, que montan sus fake news en base a su policia patriotica” aseguraba Cubero, quien además ha afirmado que las tramas parapoliciales del PP “no son un problema del pasado, ya que dos de sus máximos responsables forman parte de la ejecutiva de Pablo Casado”.

Carmelo Asensio, portavoz de CHA, ha votado a favor de la totalidad de la moción. “Tenemos que hablar de una investigación de carácter político, algo muy alarmante, que en cualquier otro país hubiera supuesto la dimisión del PP”. Asensio ha aseverado que hay que “reprobar a sus máximos responsables, al ministro que había entonces y al actual portavoz del PP en el Senado, entonces responsable de esa cúpula policial”.

Sara Fernández (Cs) ha señalado que “la etapa en la que se permitían ilegalidades es consecuencia del caduco modelo bipartidista”. Fernández ha explicado que la formación naranja defiende “hacer una profunda limpieza a todos los niveles en los que puedan recaer estas conductas mafiosas” pero sin embargo considera “excesivo” reprobar a cargos públicos responsables. Cs ha votado a favor de la moción, absteniéndose en la reprobación al ex ministro Jorge Fernández Díaz y a los miembros de la cúpula policial de su ministerio, con el Comisario Villarejo al frente.

También el PSOE ha apoyado la moción y calificado de “trama” los acontecimientos conocidos esta semana. El portavoz del grupo socialista, Carlos Pérez Anadón, ha afirmado que “el problema es que no estamos hablando de un hecho puntual, esto es lo grave”.

Sin sorpresa, el PP ha votado todos los puntos de la moción en contra. El edil Pedro Navarro ha declarado que su grupo se fía “del estado de derecho, del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional”.

No es la única operación de la “brigada patriótica”

El juez está investigando también el origen del llamado “informe PISA”, que fue remitido desde la Dirección Adjunta Operativa, estructura que escondía la brigada política y a la que estaba adscrito el Comisario Villarejo, a la Comisaría General de Policía Judicial el 9 de noviembre de 2015. Sin que hubiera sido enviado al juzgado o a la fiscalía, Manos Limpias se hizo con él y lo incorporó a una querella contra Pablo Iglesias ante el Tribunal Supremo, que despreció su contenido.

Mientras, la Policía de Fernández Díaz enviaba el documento al Tribunal de Cuentas donde se paralizó, pero que sirvió para que el PP y sus medios afines como el OK Diario de Inda pidiesen a Podemos explicaciones sobre una falsa financiación de Irán.

El modus operandi usado sería el mismo que la “brigada patriótica” hacía en Cataluña: informes policiales sin firma ni sello, elaborados sin control judicial, destinados a atacar y deslegitimar a la oposición democrática y que terminan siendo publicados en medios de comunicación afines al Partido Popular y su Gobierno.

Esta utilización policial para desacreditar a Podemos se suma a las actuaciones llevadas contra los partidos independentistas catalanes y contra el propio ex-tesorero del PP, Luis Bárcenas, para proteger los intereses del Partido Popular.

30 marzo, 2019

Autor/Autora

Colaboradora de AraInfo.


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