La vecina tenía razón

La campaña contra el ICA continúa. A pesar de las promesas del Gobierno de Aragón sobre posibles reformas que no llegan a concretarse, los vecinos y vecinas de la ciudad siguen presentando masivamente recursos a sus recibos del agua que sobrepasan ya los 35.000. Hasta la fecha, la administración no ha contestado a ninguno de ellos, ni parece tener intención de hacerlo. Por ello, los organizadores de la campaña, la Red del Agua Pública de Aragón (RAPA), de la que forma parte la FABZ, así como representantes vecinales de Torrero-La Paz, Las Fuentes y San José, han presentado reclamaciones de …

Pancarta de la FABZ en la manifestación en Zaragoza contra el ICA del pasado 4 de febrero. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

La campaña contra el ICA continúa. A pesar de las promesas del Gobierno de Aragón sobre posibles reformas que no llegan a concretarse, los vecinos y vecinas de la ciudad siguen presentando masivamente recursos a sus recibos del agua que sobrepasan ya los 35.000. Hasta la fecha, la administración no ha contestado a ninguno de ellos, ni parece tener intención de hacerlo. Por ello, los organizadores de la campaña, la Red del Agua Pública de Aragón (RAPA), de la que forma parte la FABZ, así como representantes vecinales de Torrero-La Paz, Las Fuentes y San José, han presentado reclamaciones de forma colectiva. Se supone que éstas sí tendrán la obligada contestación en plazo de las autoridades.

Sin duda, el reconocimiento por parte del Gobierno de Aragón de que el impuesto y el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) deben ser reformados, la negociación iniciada con los colectivos ciudadanos, y la comisión de investigación abierta en las Cortes de Aragón, son pasos muy positivos para calmar la contestación social que el ICA ha provocado. Pero mientras no se concreten las promesas, el vecindario espera con la “cartera prieta” la llegada de la segunda remesa de recibos, los correspondientes al año 2017, y aún faltarán los de 2018.

El rechazo social al ICA y al PASD es incontestable, como no podía ser de otra manera. Por un lado, es un duro castigo para muchas economías familiares. Por otro, el cabreo ciudadano aumenta cuando sabe que sus dineros -que tanto cuestan ganar- van destinados a financiar un plan mas concebido para proporcionar sustanciosos beneficios a empresas privadas, que a la gestión eficiente y sostenible de un servicio público. La vecina, el vecino, están hartos de que estas cosas pasen (sean depuradoras sobredimensiondas o autopistas sin coches) y de que, siempre, solo ellos las paguen. Por eso también se reclama que se investigue y depuren responsabilidades.

Ahora cabe preguntarse una cuestión: ¿qué habría sucedido si la contestación social al impuesto hubiera sido menor?, ¿qué si –pongamos- fueran unos pocos miles los recursos presentados y solo unos cientos las personas asistentes a la manifestación de Zaragoza? Es muy posible que la indiferencia del Gobierno se habría impuesto, y su repercusión no habría pasado de ser una noticia breve o un artículo de opinión, perdido entre decenas, en los medios de comunicación.

Bien podemos decir que, en esta ocasión, lo que llaman “la sociedad civil” ha funcionado. El tejido social, los cauces de participación, el ejercicio de los derechos democráticos, han hecho posible que la Administración tenga en cuenta las demandas ciudadanas. Por eso, a pocos días de la Cincomarzada, que es su fiesta, nos gustaría agradecer y poner en valor el papel de los colectivos ciudadanos y el papel desempeñado por las asociaciones vecinales.

Es de agradecer que los colectivos de la RAPA, consumidores, ecologistas, sindicales y otros,  hayan mantenido durante años la crítica y la denuncia sobre ese nefasto plan de saneamiento. Y en el momento de la movilización ha sido fundamental que la ciudadanía haya tenido en las asociaciones de sus barrios ese lugar cercano, accesible, donde informarse, celebrar asambleas, y donde entregar sus recursos, permitiendo la masiva recogida de los mismos. Las asociaciones vecinales de la FABZ llevan más de cuarenta años haciendo posible la participación ciudadana: una vez más esta campaña ha demostrado que si no existieran, habría que inventarlas.

Una última reflexión. Como decimos, el Gobierno de Aragón ha reconocido buena parte de las demandas que los colectivos sociales le han planteado. Por una y otra parte, sin aspavientos, sin descalificaciones ni insultos, el debate y la negociación se han establecido bajo criterios técnicos, profesionales y de consenso social. Sería deseable que haya resultados en breve plazo, y que esta actitud participativa fuera la común en otros espacios políticos y ante tantas cuestiones -la sanidad pública, las pensiones, la educación o la discriminación de la mujer, por citar algunas- sobre las cuales también el vecino y la vecina, estamos seguros, tienen la razón.

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