La ONU suspende al Estado español por no actuar contra la tortura

El Comité contra la Tortura de la ONU señala al Estado español que no ha adoptado las recomendaciones que ya le lanzó en 2009, que van desde adaptar la legislación hasta investigar los casos de torturas y poner medios para impedir su práctica.

El Comité contra la Tortura de la ONU publicó el pasado viernes sus observaciones finales sobre el Estado español, en el que recoge las observaciones del informe sombra elaborado por Rights International Spain. Según explica esta organización en una nota, la institución de la ONU ha criticado en su informe que el Estado español “apenas” haya avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones lanzadas en 2009, año del anterior examen sobre esta materia.

Desde la ONU señalan que en el Código Penal no se regula de forma adecuada los delitos de tortura y ni siquiera se adecúa a la definición de tortura contenida en la Convención Internacional contra la Tortura. Tampoco considera adecuadas las penas a este delito. Desde el Comité recuerdan también al Gobierno que los delitos de torturas, incluidas las desapariciones forzadas, no prescriben y le urge a tomar medidas para asegurar que los delitos cometidos durante la guerra civil y el franquismo sean investigados y juzgados.

Sobre el régimen de incomunicación para detenidos acusados de terrorismo, que puede durar hasta 13 días, la institución insta al Gobierno español a abolirlo e incluir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en proceso, garantías para que se respeten los derechos de las personas detenidas, como ser asistido por un abogado de su elección o ser atendido por un médico de su confianza. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al igual que otros organismos internacional, también ha señalado al Estado español que revise el régimen de incomunicación. También pide a las autoridades españolas que aseguren la grabación audiovisual en las dependencias policiales y en lugares de privación de libertad.

El Comité también señala el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía y Guardia Civil, tanto en manifestaciones como en las fronteras, y pide que se establezcan “normas claras y vinculantes sobre el uso de la fuerza” e investigue y lleve a juicio los actos de brutalidad policial. Sobre control fronterizo, también destaca la obligación a que el país preste asilo a personas que corran riesgo personal y previsible de ser sometida a tortura en sus países de origen y recuerda que ninguna persona puede ser expulsada, devuelta o extraditada a otro Estado sin que se evalúe antes su caso.

Artículo publicado en Diagonal.

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