La mayoría sindical en Sarga denuncia la actitud de la empresa y de CSIF y UGT

Ambos sindicatos llegaron a un acuerdo con la empresa, a espaldas de OSTA, CGT, CCOO y SCS, lo que motivó que estos les interpusieran una demanda. Los sindicatos demandantes advierten además, que ni lo pactado fue bueno para la plantilla ni mantuvo un operativo de prevención y extinción de incendios efectivo.

Joaquín Olona en una imagen de archivo. Foto: Cortes

La mayoría sindical en la sociedad pública Sarga, dedicada a la gestión de infraestructuras públicas y a la prestación de servicios agroambientales para el Gobierno de Aragón, ha querido salir al paso de las declaraciones, tanto del ejecutivo como de los sindicatos firmantes del acuerdo –UGT y CSIF– entendiendo que son demasiadas las inexactitudes en declaraciones a los medios y en informaciones internas que están emitiendo.

Los sindicatos que componen la mayoría sindical en Sarga –OSTA, CGT, CCOO y SCS– demandaron a la empresa pública, por vulneración de tutela de derechos fundamentales, así como a los sindicatos UGT y CSIF por y llegar a acuerdos unilateralmente con la empresa.

Esa demanda no afecta a la modificación de la situación laboral de los y las trabajadores de Sarga, pues según advierten “lo que CSIF y UGT denominan como ‘mejoras conseguidas por su intervención’ además de excluir a los Puestos Fijos de Vigilancia y Autobombas del anexo del contrato, son únicamente situaciones que venían dadas por la presión del Comité Intercentros y la ampliación de la contratación” y recuerdan a estos dos sindicatos que tan solo tienen el 35% de los votos, lo que en cierto modo les deslegitima a la hora de realizar acuerdos.

Advierten también a los sindicatos firmantes que la mayoría sindical que representan “nunca han contemplado la posibilidad de separar la prevención y la extinción”, asegurando que el acuerdo firmado de prórroga separa ambos conceptos y destina el esfuerzo a trabajos silvícolas, dejando fuera la extinción, lo que se opone directamente con la lucha que ha venido llevando el colectivo por el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y abre las puertas a una futura privatización del operativo.

Ese anexo de prolongación de contratación supone también un cambio sustancial en las condiciones de trabajo, en cuanto que los puntos de encuentro han llegado a moverse en más de 30 kilómetros, lo que obligaba a negociar con el Comité Intercentros y no con dos secciones sindicales.

En cuanto a las declaraciones del Consejero Joaquín Olona sobre lo firmado con UGT y CSIF por el Gobierno de Aragón, estos cuatro sindicatos desmienten las palabras del Gobierno de Aragón, que aseguró que los montes estaban cubiertos con un operativo activo y efectivo contra incendios, gracias a la firma de dicho acuerdo.

“El operativo prácticamente no se veía modificado, pues en el anexo de prórroga de trabajos no estaban incluidos los Puestos Fijos de Vigilancia, con lo que la primera barrera contra el fuego, que es la detección no existía desde primeros de septiembre”, advierten desde OSTA.

Añaden que los conductores de autobombas quedaban inactivos a mediados de octubre, con lo que no se hubieran podido desplazar. Además, las cuadrillas de extinción de incendios estuvieron sin los equipos de protección individual de incendios durante esta prolongación, pues su labor era meramente silvícola. En definitiva, el único dispositivo de prevención y extinción de incendios que quedaba activo eran las cuadrillas helitransportadas, pero sin helicópteros, porque por esas fechas no están contratados. Todo esto provocó que los sindicatos demandantes salieran al paso denunciando el desmantelamiento del servicio de prevención y extinción de incendios.

Así, OSTA, CGT, CCOO y SCS denuncian ahora que el único progreso conseguido por el acuerdo firmado por UGT y CSIF fue un horario de mañana para realizar tareas silvícolas, asegurando que era una medida que Sarga ya había deslizado por mera productividad.

Por todo ello recuerdan que las demandas contra Sarga, UGT y CSIF no tienen otra intención que la de defender a los y las trabajadoras, recordando que es el Comité Intercentros quien debe negociar cualquier acuerdo, por un lado porque se trata de la representación de la totalidad de la plantilla y no tan solo del 35%, y porque tiene todas las garantías jurídicas, mientras que el acuerdo al que se llegó con solo dos secciones sindicales –UGT y CSIF– puede ser declarado nulo, al no tener legitimidad representativa.

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