La ‘Ley Wert’ pende de un hilo por un rechazo generalizado

Doce territorios, entre ellos Aragón, reniegan de la Lomce. La reforma educativa más polémica de los últimos tiempos pende de un hilo entre la improvisación, el caos y la negativa de buena parte de los territorios a implementarla.

Foto: Diego Díaz (AraInfo)

Mientras el nuevo ministro de Educación español, Íñigo Méndez de Vigo, estudia por las noches todos los asuntos de su cartera –tal y como él mismo afirma–, la reforma educativa más polémica de los últimos tiempos pende de un hilo entre la improvisación, el caos y la negativa de buena parte de los territorios a implementarla. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), más conocida como ‘Ley Wert’, se extenderá por Primaria, dos cursos de Secundaria y 1º de Bachillerato en el inicio del curso escolar 2015-2016.

Mientras, los 12 gobiernos territoriales no gobernadas por el PP apuran hasta el último momento para retrasar su implementación mediante los mecanismos que tienen disponibles. “Es una ley orgánica, no podemos plantear nada en su contra, pero el desarrollo curricular corresponde a las comunidades. Muchas están intentando dejar en mínimos la reforma educativa, por lo que tendremos desarrollos distintos en diferentes puntos" del Estado español, explica a Diagonal Cecilia Salazar, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. “Así, por ejemplo, en Aragón, que se opone a la reforma, no habrá reválidas, pero en Madrid, que la respalda, sí las habrá”, cuenta.

Esta oposición a la norma se ha visto reforzada tras los resultados de las pasadas elecciones, donde el PP perdía buena parte de sus bastiones. En Aragón, el pasado 10 de julio, la consejera de Educación, Mayte Pérez, anun­ciaba la paralización de los de­sa­rrollos curriculares aprobados por el anterior Gobierno popular para fijar unos nuevos programas que minimizan la implementación de la Lomce. En Illes Balears, por su parte, se han comprometido a revisar los temarios aprobados por el anterior Gobierno popular para “minimizar su efecto” y “estudiar su posible derogación”. “Vamos a tener un mapa de comunidades con desarrollos completamente diferentes”, explica Salazar, que defendió el pasado 27 de julio una proposición no de ley para la paralización de la implementación de la Lomce en la Asamblea de Madrid, aprobada con los votos a favor de Podemos, PSOE y la abstención de Ciudadanos.

Sin embargo, el consejero de Educación, el popular Rafael Van Grieken Salvador, se olvidó de la proposición no de ley en la reunión de todos los territorios con el ministro de Educación del pasado 13 de agosto. “Sin reunirnos y sin explicarnos nada olvidó lo que había decidido la Asamblea de Madrid y defendió la implementación de la Lomce, interviniendo como Gobierno del Partido Popular. La proposición no de ley no es obligatoria, pero es la voz de la Asamblea”, se queja la diputada de Podemos. “Pedíamos parar la reforma porque, entre otras cosas, no está concretada, faltan muchas concreciones. El desarrollo curricular salió el 22 de mayo y falta información a las familias de las opciones que tienen los alumnos, hay asignaturas distintas y profesores que se van a quedar sin docencia que tendrán que dar otras materias que aún desconocen, y existen áreas sin legislación como los centros bilingües o el Bachillerato nocturno”, cuenta Salazar.

Si a esto se suma que hay un compromiso de todos los partidos de derogar la Lomce cuando el PP pierda la mayoría absoluta, que puede ser en diciembre, “el resultado será una pérdida de dinero para la Administración y para las familias”, sentencia.

Una ley de otro siglo

Y es que uno de los principales efectos negativos de la reforma educativa recaerá sobre el bolsillo de las y los ciudadanos. “La Lomce va a suponer el cambio en todos los libros de texto. Ya no podrán usar los bancos de libros que teníamos en marcha para ir compartiendo el material entre generaciones. Y, encima, este gasto puede ser para nada si la ley se echa para atrás con el cambio de gobierno”, explica Sandra Villa, portavoz de Mareas por la Educación Pública.

Pero éste no es el único problema que traerá la Lomce, tal y como relata Villa: “Es una ley que se ha hecho sin consenso, segregadora y que nos retrotrae a otro siglo”. En este sentido, la Religión se convierte en asignatura evaluable, por lo que “se pondrá al nivel de otras asignaturas de mayor dificultad”. Por otro lado, “materias como Plástica, Música y Educación Física pierden horas, pero religión las mantiene”.

Entre el colectivo de afectados, destacan los profesores de Dibujo y Artes Plásticas, que verán como su asignatura desaparece en 3º de la ESO. “El recorte de horas supone un tercio aproximadamente. En Madrid para el curso que viene hay 45 plazas cubiertas y 140 profesores funcionarios con plaza sin destino”, explica Lola Ruiz, profesora de Dibujo de Secundaria y activista de la Marea Verde. Esto supone un “caos”, ya que estos profesores deberán dar otras asignaturas que aún desconocen y para las que no están preparados. Para Ruiz, éstas son las conse­cuencias de “implantar la Lomce a matacaballo y sea como sea”.

Una ley que responde a “un concepto distinto de desarrollo humano”. “Nuestra asignatura pone énfasis en la creatividad y la Lomce potencia un desarrollo de carácter técnico. Las Artes Plásticas requieren espíritu crítico y esto no es lo que se busca. La alfabetización audiovisual es muy importante, no tenemos que ser meras fichas de un sistema productivo. No pretendemos hacer artistas, pero sí gente no manipulable, y esto no está de moda”, denuncia la profesora de Secundaria.

Profesores a dedo

Son muchos los argumentos contrarios a esta reforma. Sandra Villa, de Mareas por la Educación Pública, propone detenerse en un aspecto: el aumento del poder del director del centro. “A partir de ahora, los directores podrán elegir a parte de su plantilla y será más fácil optar por un tipo de profesorado” y así crear guetos ideológicos si el director del centro no actúa de manera imparcial en la selección del personal. Por otro lado, los órganos que eran decisivos, el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores, ahora pasan a ser consultivos.

Otro aspecto que preocupa es la temprana edad a la que las y los alumnos deberán elegir su futuro laboral. En 3º de la ESO y en función de las matemáticas que elijan irán a la universidad o cursarán Formación Profesional. “Un niño con esa edad no tiene la madurez suficiente”, se queja Villa.

Mientras tanto, el ministro Méndez de Vigo ha hecho un guiño a los territorios prometiendo paralizar las reválidas de Secundaria y Bachillerato para el curso que viene. Un mecanismo que no tenía efectos académicos hasta 2016/2017 y, por tanto, un logro a medio gas. “Nos enfrentamos a un panorama muy complejo en septiembre. Nosotros propusimos parar un año y arreglar todo esto. Así no se puede comenzar un curso”, sentencia la diputada de Podemos.

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Modesta subida presupuestaria 

Los presupuestos generales del Estado español para 2016, en proceso de discusión parlamentaria, contemplan una partida para Educación de 2.139 millones de euros. Son 200 millones más que en los presupuestos anteriores, pero, a decir de los sindicatos de concertación, son subidas “electoralistas” que, aun así, mantienen la política de recortes implementada por el Gobierno de Rajoy, que ha llevado a que la inversión en educación pública por parte del Estado en relación al PIB siga por debajo del 4,5% y se encamine a la cifra del 3,7% que el Gobierno quiere alcanzar en 2017, según CCOO. Este sindicato denuncia que “el Gobierno del PP pretende una educación en el siglo XXI con unos presupuestos equiparables en su cuantía a los de 1987”. El ministerio ha dado marcha atrás en algunas de las políticas del anterior equipo al anunciar un descenso de las ratios de alumnos por clase, que rectifica una de las medidas de recorte impuestas por José Ignacio Wert que fue desobedecida por algunos gobiernos territoriales.

La batalla de los libros de texto

La aplicación paulatina de la Lomce desde septiembre de 2014 provocó el cambio de los libros de texto de más de 180 asignaturas. Frente a esto, y al aumento en gastos que esto suponía para las familias, varios territorios optaron por mantener los libros anteriores o por elaborar sus propios materiales didácticos, mientras otras seguían prestándolos de manera gratuita. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha llamado por segundo año consecutivo a no comprar los libros de texto, sino a reutilizarlos. Frente a esto, la Asociación Nacional de Libros de Texto y Materiales de Enseñanza ha interpuesto 14 recursos contenciosos administrativos contra el Ministerio de Educación y varias comunidades por “competencia desleal” y por “excederse de sus competencias” al financiar plataformas de profesores para generar contenidos educativos. Los editores de libros consideran que para ello ya existe “una potente industria editorial”.

CEAPA pide una “amnistía educativa”

La CEAPA ha valorado positivamente el arranque de la era Méndez de Vigo al frente del Ministerio de Educación, si bien han pedido concreción y medidas que corrijan el legado de Juan Ignacio Wert. Entre esas medidas correctoras destaca la petición de que el ministerio proceda a una condonación de la devolución de la beca a los alumnos y alumnas que no han superado el límite del 50% de asignaturas aprobadas. CEAPA recuerda que ese criterio –el aprobar la mitad de las asignaturas– se introdujo modificando las bases de la convocatoria de becas y que las familias han destinado el dinero a gastos de libros de texto y materiales o transporte en el caso de los estudiantes del ámbito rural. La demanda ya se había trasladado al anterior equipo ministerial que nunca dio respuesta a una exigencia que, según Ceapa, obedece a una intención “inmoral e injustificada” del ministerio.

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Artículo de Sara Plaza Casares publicado en Diagonal.

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