Lo que ahora aparece como ‘flexibilización normativa’ para atraer inversiones es un proceso de reorganización territorial al servicio de empresas transnacionales que buscan profundizar la apropiación de bienes comunes estratégicos.
En la cordillera, donde se define el futuro hídrico del país, el gobierno de Milei y los gobernadores provinciales avanzan en un proyecto que habilitaría el ingreso de corporaciones extranjeras a zonas protegidas. El ataque a la Ley de Glaciares representa la continuidad de una larga historia de despojo que comenzó con la conquista y hoy se expresa en el extractivismo neoliberal.
¿Por qué la Ley de Glaciares se convirtió en un obstáculo para las corporaciones?
La Ley 26.639 protege glaciares visibles y el ambiente periglaciar: glaciares de escombros, cuerpos de hielo subterráneo y zonas que funcionan como ‘reservorios reguladores’ de agua en un país donde la cordillera condiciona la vida entera. Estas áreas garantizan flujos de agua dulce para cuencas, ríos, agricultura y poblaciones.
Pero para las corporaciones mineras transnacionales como Barrick Gold, Glencore, Lundin, Zijin y Josemaría Resources, estos sistemas son un ‘problema’. Sus proyectos de cobre, oro y plata se superponen con estas zonas. El mapa del extractivismo coincide con el mapa del agua.
La ley impide la apropiación privada del agua y limita la capacidad de las empresas de imponer su lógica de saqueo.
La reforma: desprotección territorial para habilitar un extractivismo colonial
El gobierno de Javier Milei y los gobernadores cordilleranos proponen que cada provincia decida qué territorios periglaciares se pueden entregar a la actividad minera. Esta maniobra presentada como un gesto ‘federalista’ es una forma de fracturar un marco nacional de protección y habilitar negociaciones desiguales donde las transnacionales tienen poder económico, jurídico y político superior a cualquier provincia.
Es la versión actualizada de una vieja lógica colonial: dividir territorios, fragmentar soberanías y negociar de manera asimétrica.
En concordancia, los glaciares de escombros y el ambiente periglaciar son reducidos a ‘obstáculos’ técnicos. Lo que está en juego entonces es la posibilidad de que corporaciones extranjeras controlen las reservas estratégicas de agua dulce del país.
Las empresas buscan redefinir la categoría de glaciar, restringir el alcance de la protección y, en definitiva, vaciar de contenido una ley conquistada en lucha. De concretarse la reforma abriría la puerta a un modelo extractivo que históricamente deja contaminación, endeudamiento ecológico y pobreza estructural, mientras las ganancias se fugan al exterior.
Extractivismo y colonialidad: un patrón que se repite
El avance contra la Ley de Glaciares confirma lo que numerosas comunidades y movimientos vienen denunciando desde hace décadas: el extractivismo como una relación de dominación.
Opera como una forma de colonialidad que subordina territorios a intereses externos destruyendo bienes comunes, criminalizando resistencias y redefiniendo la naturaleza como un recurso disponible para la acumulación privada.
Las corporaciones operan bajo regímenes fiscales privilegiados, estabilidad jurídica, exenciones y libre disponibilidad de divisas. A las comunidades, en cambio, les quedan los pasivos ambientales, la pérdida de agua, la migración forzada, la desintegración productiva local y la criminalización de la protesta.
La reforma de la Ley de Glaciares busca blindar este esquema. Es una apuesta por profundizar un modelo donde Argentina funciona como zona de sacrificio, proveedor de minerales y agua barata para los centros globales de consumo y para la industria energética transnacional, incluida la transición energética del Norte Global, que hoy demanda litio, cobre y plata obtenidos en territorios devastados.
Lucha, movilización y defensa popular: el agua como territorio de resistencia
Frente al avance del gobierno nacional y los intereses mineros para modificar la Ley 26.639 de Glaciares, el pueblo argentino respondió con grandes movilizaciones como la jornada convocada por la Plataforma Plurinacional en Defensa de los Glaciares donde decenas de organizaciones sociales, asambleas ambientales, comunidades indígenas, científicxs, artistas y personas autoconvocadas se manifestaron en más de 30 ciudades del país.
Desde el Colectivo de Argentines Migrantes en Zaragoza – Aragón, sostenemos que defender la Ley de Glaciares es defender la vida, la autodeterminación de nuestros pueblos y el derecho a un país que no sea entregado a los intereses transnacionales. Nuestra lucha es parte de la misma resistencia contra el saqueo y por la construcción de un horizonte justo, digno y verdaderamente descolonizado.
