La Diputación de Uesca ha vuelto a aplazar sin fecha la equiparación de las condiciones laborales de sus bomberos y bomberas con respecto al resto de personal funcionario. Lo hace aduciendo disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, según denuncian los sindicatos CGT, CSL-SPBA y CSIF los datos del ejercicio 2024 “desmienten que dicha limitación sea un impedimento real”.
En este sentido, los tres sindicatos afirman que el presupuesto ejecutado “se situó más de seis millones de euros por debajo del techo de gasto aprobado”, lo que “demuestra la existencia de margen económico suficiente”. Así, acusan a la institución de “repetir el patrón de dejadez e incumplimientos” que arrastra desde la creación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).
Según explican en una nota de prensa, la última reunión negociadora —que debía haberse producido en julio tras un nuevo aplazamiento en junio— no ha llegado a convocarse. Tampoco se celebró en enero la reunión trimestral prevista, lo que evidencia “una estrategia sistemática de bloqueo institucional”, apuntan CGT, CSL-SPBA y CSIF.
Mientras tanto, el cuerpo de bomberos continúa sosteniendo el servicio bajo condiciones especialmente precarias. La plantilla acumula 180,5 horas anuales de exceso de jornada respecto al resto del funcionariado de la DPH. A esta sobrecarga, “que se ha convertido en un pilar estructural para garantizar la operatividad del servicio”, se suma un complemento de destino inferior, pese a realizar labores de igual o mayor responsabilidad.
Los sindicatos lamentan que el refuerzo previsto para 2025 no se haya destinado a reducir esta carga, sino únicamente a cubrir la apertura del nuevo parque de bomberos en Monzón, una decisión “más política que operativa” impulsada personalmente por el presidente de la Diputación. Recuerdan que este nuevo parque se sitúa a apenas 15 minutos del de Balbastro, “mientras otras zonas de la provincia siguen registrando tiempos de respuesta superiores a los 50 minutos”.
“El personal del SPEIS ha demostrado desde 2021 su compromiso con el servicio público, asumiendo condiciones desfavorables sin obtener a cambio una respuesta justa por parte de la Diputación”, concluyen CGT, CSL-SPBA y CSIF, que exigen voluntad política y hechos concretos para garantizar la dignidad laboral del cuerpo de bomberos.
