Una falacia común impregna la cobertura por los medios de comunicación en todo el mundo de las negociaciones entre el gobierno griego y sus acreedores. La falacia, ejemplificada en un comentario reciente de Philip Stephens, del Financial Times, es que "Atenas no puede o no quiere - o ambos - implementar un programa de reforma económica". Una vez que esta falacia se presenta como un hecho, es natural que la información se centre en cómo nuestro gobierno esta, en palabras de Stephens, "despilfarrando la confianza y la buena voluntad de sus sociosen la eurozona".
Pero la realidad de las conversaciones es muy diferente. Nuestro gobierno está dispuesto a poner en práctica una agenda que incluya todas las reformas económicas esenciales sugeridas por los think tanks económicos europeos. Además, somos los únicos capaces de mantener el apoyo de la opinión pública griega a un programa económico sólido.
Consideremos lo que eso significa: una agencia tributaria independiente; superávits fiscales primarios razonables para siempre; un programa de privatización sensible y ambicioso, combinado con una agencia de desarrollo que aproveche los activos públicos para crear flujos de inversión; una auténtica reforma de las pensiones que asegure la sostenibilidad a largo plazo del sistema de seguridad social; la liberalización de los mercados de bienes y servicios, etc.
Por lo tanto, si nuestro gobierno está dispuesto a aceptar las reformas que nuestros socios esperan, ¿por qué las negociaciones no conducen a un acuerdo? ¿Dónde está el punto de fricción?
El problema es simple: los acreedores de Grecia insisten en imponer una mayor austeridad para este año y más allá - un enfoque que pueda impedir la recuperación, obstaculizar el crecimiento, empeorar el ciclo de deuda deflacionaria, y, al final, erosionar la voluntad y la capacidad de los griegos para apoyar una agenda de reformas que el país necesita desesperadamente. Nuestro gobierno no puede -y no quiere- aceptar una cura que ha demostrado durante cinco largos años ser peor que la enfermedad.
La insistencia de nuestros acreedores en la necesidad de mayor austeridad es sutil pero firme. Se puede encontrar en sus exigencias de que Grecia mantenga un superávit primario insosteniblemente alto (más del 2% del PIB en 2016 y superiores al 2,5%, o incluso el 3%, en los años sucesivos). Para lograr esto, se supone que debemos aumentar la presión fiscal del IVA sobre el sector privado, recortar linealmente unas pensiones ya disminuidas; y compensar los bajos ingresos de las privatización (debido a los deprimidos precios de los activos) con medidas de consolidación fiscal "equivalentes".
La opinión de que Grecia no ha logrado consolidación fiscal suficiente no solo es falsa; es absurda. El gráfico adjunto ilustra no sólo esto; también aborda de paso la cuestión de por qué Grecia no lo ha hecho, así como, por ejemplo, España, Portugal, Irlanda o Chipre en los años transcurridos desde la crisis financiera de 2008. En relación con el resto de los países de la periferia de la zona euro, Grecia sufrió al menos el doble de austeridad. No hay otra explicación.
Tras la reciente victoria electoral del primer ministro David Cameron en el Reino Unido, mi buen amigo Lord Norman Lamont, ex ministro de Hacienda, señaló que la recuperación de la economía del Reino Unido apoya la posición de nuestro gobierno. En 2010, recordó, Grecia y el Reino Unido tenían déficits fiscales de un tamaño más o menos similar (en relación con el PIB). Grecia volvió a tener superávits primarios (que excluyen los pagos de intereses) en 2014, mientras que el gobierno del Reino Unido consolidó mucho más gradualmente el suyo y todavía no tiene superávit.
Al mismo tiempo, Grecia se ha enfrentado a una contracción monetaria (que se ha convertido recientemente en asfixia monetaria), en contraste con el Reino Unido, donde el Banco de Inglaterra ha apoyado al gobierno en cada paso del camino. El resultado es que Grecia sigue estancada, mientras que el Reino Unido ha crecido fuertemente.
Los observadores imparciales de estos cuatro meses de largas negociaciones entre Grecia y sus acreedores no pueden evitar llegar a una conclusión simple: la cuestión esencial, la línea roja en las negociaciones, es la insistencia de los acreedores en imponer más austeridad, incluso a expensas de la agenda de reformas que nuestro gobierno está dispuesto a aplicar.
Es evidente que la exigencia de nuestros acreedores de más austeridad no tiene nada que ver con las preocupaciones sobre una auténtica reforma o como situar a Grecia en una senda fiscal sostenible. Su verdadera motivación es una cuestión que es mejor dejar a futuros historiadores que, no me cabe la menor duda, analizarán gran parte de la cobertura mediática actual cuanto menos como exagerada.
Artículo traducido para Sinpermiso.info por G. Buste.
