Interior expulsó a 3.111 migrantes en 148 vuelos el año pasado

LA MAREA | Toni Martínez | El Ministerio del Interior del Estado español fletó 148 vuelos de deportación durante 2013 para expulsar a 3.111 personas migrantes que se encontraban sin papeles, según el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que ha presentado la Defensora del Pueblo este martes en el Senado. En total se expulsaron el año pasado a 4.726 de las 9.002 personas que estuvieron ingresadas en los Centros de Internamiento de extranjeros (CIE). La mayoría de deportaciones se efectuaron a Marruecos vía Ceuta y Extranjería fletó 15 vuelos internacionales con destino a Nigeria, …

Patio interior del CIE Zapadores en Valencia.
Patio interior del CIE Zapadores en Valencia.
Patio interior del CIE Zapadores en Valencia.

LA MAREA | Toni Martínez | El Ministerio del Interior del Estado español fletó 148 vuelos de deportación durante 2013 para expulsar a 3.111 personas migrantes que se encontraban sin papeles, según el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que ha presentado la Defensora del Pueblo este martes en el Senado.

En total se expulsaron el año pasado a 4.726 de las 9.002 personas que estuvieron ingresadas en los Centros de Internamiento de extranjeros (CIE). La mayoría de deportaciones se efectuaron a Marruecos vía Ceuta y Extranjería fletó 15 vuelos internacionales con destino a Nigeria, Senegal, Ghana, Mauritania, Colombia, Ecuador y República Dominicana.

En uno de esos vuelos viajó una representación de la Oficina del Defensor del Pueblo, que no constató irregularidades graves. En su relato cuentan que “todos los repatriados iban provistos de unos lazos de tela que les sujetaban las muñecas y que les quitaron para efectuar el registro corporal, poniéndoselos de nuevo al finalizar el mismo y hasta el embarque en el avión”.

El informe también constata seis incidentes en los vuelos de deportación, que fueron notificados por la Dirección General de Policía. En cuatro de ellos intervinieron ciudadanos nigerianos y de Senegal, que “ofrecieron una fuerte resistencia al embarque” y que fueron “asegurados” por la policía, “haciendo el mínimo uso de la fuerza”, para poder efectuar el despegue. También se relata otro caso en el que, al desembarcar 24 inmigrantes en Mauritania, estos salieron corriendo para intentar subir al avión y fueron rechazados, “resultando heridos 26 funcionarios españoles”.

La Oficina del Defensor del Pueblo visitó el año pasado en varias ocasiones todos los CIE de los territorios del Estado. En uno de ellos recogió el testimonio de dos internos a los que se les había intentado expulsar infructuosamente. En uno de los casos se encontraron varios informes médicos, en el primero de los cuales se podía leer lo siguiente: “Reingresa pues no voló. Niega agresión. Está bien”. En un segundo informe, emitido por el servicio médico del CIE y dirigido al director del centro, tras un nuevo intento fallido de expulsión, consta lo siguiente: “Interno (…) con número (…) reingresa procedente del aeropuerto refiriendo que fue golpeado por varios agentes. Se observan laceraciones, erosiones, todas ellas en tobillo, nudillos y pie izquierdo y otra aumentada de volumen en el pómulo izquierdo”.

Protocolo contra los suicidios

El Informe de la Defensora del Pueblo señala algunos de los problemas y carencias que se observan todavía en los CIE. El primero se refiere a la convivencia en un mismo centro de ciudadanos extranjeros pendientes de expulsión que provienen de prisión con otros que están allí por una mera estancia irregular en el país.

Además, se constata que “no existe una asistencia sanitaria permanente” que garantice la atención médica y también se carece de la atención psicológica y psiquiátrica adecuada. En este sentido, en el informe se reclama un programa específico de prevención de suicidios.

Parte de lesiones

El Informe del Defensor del Pueblo recoge varias recomendaciones dirigidas al Gobierno español y a los gobiernos territoriales. Una de ellas es que se regulen y unifiquen los criterios con los que se elaboran los partes de lesiones realizados a personas privadas de libertad.

Así, piden que estos partes de lesiones contengan “información suficiente para evaluar la gravedad de los hechos y que dicha información tenga valor de prueba”.

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