El pasado día 18 se entregó a las Cortes de Aragón el Informe de la Justicia de Aragón sobre infancia y adolescencia 2023, con escasa repercusión, tal vez porque la propia Institución no lo presento públicamente, alegando que era correspondiente en su mayor parte al ejercicio del Justicia anterior.
El informe es amplio; si bien me voy a centrar en su primera parte, la referida a los datos de vulnerabilidad de la infancia, que ha sido elaborada por la Justicia de Aragón, con datos aportados por el Instituto Aragonés de Estadística, en los que se ponen de manifiesto una serie de cuestiones relevantes sobre las que conviene reflexionar:
El 29,60% de las personas de 0 a 17 años en Aragón, se encontraba en situación de pobreza relativa.
Según la tasa AROPE, referida a hogares, el riesgo de pobreza o exclusión social en Aragón es del 20,23%. Y en los hogares con niños dependientes, la tasa es del 26,96%.
El porcentaje de los que viven en hogares que no pueden permitirse gastos imprevistos es del 35,8% y cerca de una cuarta parte, no pueden salir de vacaciones al menos una semana al año.
El 16,2% de los hogares expresa “haber tenido problemas para el pago de gasto relacionados con la vivienda principal”, (España, el 12,9%).
Estas situaciones se producen de forma sostenida en el tiempo, siendo una forma de vivir, de sobrevivir; la familia prioriza atender los pagos básicos (la vivienda, energía y alimentación); sin poder destinar dinero a otras necesidades de los niños y niñas.
Esta adversidad económica en la infancia es una experiencia crítica que repercute en lo esencial de sus vidas: su educación, su salud, su predisposición a desarrollar hábitos perjudiciales, su inserción laboral, etc. Subyace la pobreza que posteriormente cristalizara en otras expresiones de exclusión social.
A la vista de estos datos, ¿podemos permitirnos, como sociedad, obviarlos?, ¿invisibilizar a los niños y niñas que los padecen?
No parece que sea justo, ni inteligente. Justo porque son sus derechos, (hoy se cumplen 75 años de la Declaración de los derechos de los niños, firmada por España); e inteligente porque lo que no se invierta hoy en prevención podemos tenerlo que invertir, multiplicado, en atender sus consecuencias a futuro.
Por ello pido a las Cortes de Aragón que aborden este informe. Al Gobierno de Aragón que active el Grupo de Trabajo sobre la Pobreza infantil, para su análisis y elaboración de propuestas, y a la Justicia de Aragón que contribuya a la visibilización del mismo, desde su deber de velar por los derechos de la infancia aragonesa.
Y a la sociedad en general, que tome un papel activo en la defensa de los derechos de la infancia, pues un bien tan preciado que no lo podemos dejar solo en manos de las administraciones, es una cuestión de corresponsabilidad social.
