Han pasado dos décadas desde que el independentista Guillem Agulló fue asesinado por un grupo de nazis en Montanejos, pero la violencia de la extrema derecha al País Valencià continúa siendo un problema sin resolver. Convertido en un símbolo de la lucha antifascista, su muerte también es el paradigma de la impunidad con que se han podido perpetrar los ataques ultras. El autor de la puñalada que acabó con la vida del joven de Burjassot sólo estuvo cuatro años a la prisión y, después, ha continuado vinculado a organizaciones neonazis.
La primavera de 1993 siempre se ha recordado como un hito triste en Burjassot, a raíz de la muerte de dos hijos de aquel pueblo de l'Horta Nord, separado de la ciudad de València sólo por una calle, hecho que marcó la historia del País Valencià por siempre jamás. Primero fue Vicent Andrés Estellés, el gran poeta valenciano, que murió el 27 de marzo. Quince días después, un joven de dieciocho años, Guillem Agulló, fue asesinado por un grupo de nazis en Montanejos (Alt Millars) de una cuchillada al corazón. Los dos pasaron a formar parte, por casualidad, de la historia de un país que renacía después de los oscuros años de la dictadura franquista y de la inacabada transición. Inacabada porque Estellés continuaba siendo objetivo de los ataques de la extrema derecha españolista –que también atentaba contra Joan Fuster, Sanchis Guarner y tantos otros– y porque Guillem Agulló fue asesinado, precisamente, para oponerse a estos residuos del pasado fascista que alguna gente ya creía superados. Nada más lejos de la realidad: Agulló aconteció la prueba que demostraba la vigencia del fascismo más criminal a casa nuestra, aliñado por una sospechosa indolencia institucional y por una serie de acontecimientos que, a lo largo de estos veinte años, han demostrado la impunidad eterna de la extrema derecha al País Valencià.
Guillem era militante de la organización independentista Maulets y del colectivo antirracista SHARP y era habitual verlo en el Kasal Popular de la calle Flora, una casa okupada que fue la escuela política de muchas jóvenes de aquellos primeros años 90, a caballo entre el último gobierno del PSOE y la conquista (hasta todavía hoy) del Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana por parte del PP. Al mismo tiempo, los sectores caducos franquistas pasaron el relevo a los nuevos cachorros de la extrema derecha, más parecidas a sus homólogos europeos y encarnados por los nuevos movimientos skinheads neonazis, que poco antes ya habían protagonizado terribles crímenes como el de Sonia, una joven transexual asesinada a golpes en Barcelona en 1991, o el de Lucrecia Pérez, una migrante dominicana asesinada a disparos en Madrid por un grupo de fascistas, entre los cuales había un guardia civil.
Acción Radical
València se había convertido en un centro operativo importando de uno de los grupos nazis más activos al Estado, que ya hacía cinco años que protagonizaba agresiones y que, el 1992, organizó el primer 'Concierto por la raza', que reunió unos cuantos centenares de cabezas rapadas nazis venidas de Europa. Acción Radical se había presentado al público durante la huelga general de 1988 trayendo una pancarta en catalán decorada con una cruz céltica donde se podía leer: "Contra el capital, lucha radical". Según publicó entonces el semanario El Temps, en una de las revistas de Acción Radical, aparecía como dirección de contacto el despacho de Levantina de Seguridad –la empresa del abogado ultra José Luís Roberto, actual líder de España 2000– situado a la Gran Vía de València.
La noche del 11 de abril, Guillem Agulló se encontraba en Montanejos con un grupo de amigos pasando las vacaciones de pascua cuando un grupo de nazis de València se dirigió directamente contra él. Entre tres personas, lo sujetaron para que Pedro Cuevas le asestara una cuchillada mortal al corazón. Inmediatamente huyeron gritando "Arriba España”, mientras los amigos de Agulló intentaban buscar ayuda. La policía no detuvo nadie aquella noche ni el día siguiente. Los agresores se entregaron voluntariamente días después.
El juicio se celebró dos años después, bajo un clima convulso donde se mezclaba la indignación de gran parte de la sociedad valenciana por este crimen y las constantes agresiones fascistas y la incesante actividad de los grupos nazis en València. La policía cargó varias veces contra las amistades y los familiares de Guillem Agulló que se concentraban a las puertas de la Audiencia de Castelló donde se celebraba el juicio e incluso paró uno de los autobuses organizados por Maulets para desplazarse al juicio desde València para fichar a todas las asistentes. El objetivo de la defensa fue despolitizar el crimen, una versión que también mantuvieron el PSOE y el PP, que no querían que el problema de la violencia fascista los salpicara. Y esta fue la versión que aceptó el juez: había sido una pelea entre jóvenes con un desenlace dramático. Nada más. Dieciséis años de prisión para sólo uno de los imputados, Pedro José Cuevas Silvestre. El resto, absueltos. Cuevas sólo cumpliría cuatro años. Maulets, que ejercía la acusación popular, decidió abandonar el juicio como señal de protesta por cómo se estaba instruyendo el caso. Mientras tanto, el diario de la derecha valenciana Las Provincias, entonces dirigido por la ultraderechista María Consuelo Reyna, se dedicaba a criminalizar Guillem Agulló y su entorno, rematándolo a cada noticia.
Un crimen político
Años después, la versión oficial del asesinato de Guillem se desmontaba. En el año 2005, la Guardia Civil desarticuló una organización nazi en el País Valenciá, el Frente Antisistema (FAS), que se dedicaba, según la nota de la Benemérita, a vender armas prohibidas y organizar cacerías contra inmigrantes y militantes de izquierdas. La operación Panzer permitió detener 27 personas, entre ellas, al asesino de Guillem Agulló. Según cuenta el periodista valenciano Joan Cantarero en su libro 'La huella de la bota', Cuevas era uno de los responsables de fabricar puños americanos. Su detención evidenciaba el carácter político del crimen y volvía a poner el nombre de Agulló en los titulares de prensa. Y por si no teníamos bastante, dos años después, en 2007, este mismo personaje se presentó a las elecciones a las listas del partido nazi Alianza Nacional (AN) en el pueblo de Chiva (Foia de Bunyol).
Habían pasado casi quince años del crimen, pero la sociedad valenciana no había olvidado. Se convocó una rueda de prensa en València –que contó con la presencia de representantes del PSPV, de EUPV, del BNV, Maulets, de ACPV, la Intersindical y otras organizaciones– para pedir la ilegalización de este partido. Además, el País Valencià continuaba sufriendo el acoso de la extrema derecha en todo el territorio, con bombas contra sus políticos, agresiones, boicots a actos culturales y otras acciones, que, desde el franquismo, se han sucedido sin que haya habido detenciones ni condenas. Es por eso que distintas organizaciones decidieron dar un paso adelante aprovechando la nueva imputación del asesino de Guillem Agulló en el caso Panzer y se presentaron como acusación popular en el juicio, que, todavía hoy, ocho años después, no tiene fecha de celebración.
Estos colectivos formaron la plataforma Acció Popular Contra la Impunitat, que reúne más de 30 organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales y a la cual se ha adherido, también, el Ayuntamiento de Burjassot. La plataforma hizo llegar al Congreso español y a la Comisión Europea sus denuncias sobre los ataques impunes de la extrema derecha, entre los cuales se cuentan más de una veintena de atentados con explosivos contra ONG y políticos, agresiones contra migrantes, mezquitas, jóvenes de izquierdas e independentistas y boicots habituales de grupos ultras contra actos considerados catalanistas.
El nacimiento de un símbolo
Desde sus inicios, esta plataforma ha reivindicado la creación de una fiscalía por delitos de odio como la que ya funciona en Barcelona, además de investigaciones rigurosas sobre los graves atentados registrados los últimos años, de los cuales todavía no se ha averiguado la autoría. También ha hecho llegar informes a los sucesivos ministros del Interior españoles y a las delegadas del gobierno y siempre ha obtenido la misma respuesta: "no hay para tanto; las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado están trabajando en ello". Incluso el delegado del gobierno a quien se trasladó la preocupación por los atentados en 2009, Ricardo Peralta (PSOE), negó que la situación fuera preocupante y afirmó que, a pesar de los ataques, se vivía una absoluta “normalidad democrática”, unas declaraciones que indignaron todavía más a las víctimas.
Ahora que hace más de veinte años del asesinato de Guillem Agulló, finalmente, el fiscal ha hecho llegar su calificación del caso Panzer, cosa que hace pensar que el juicio no está demasiado lejos. Mientras tanto, los amigos y amigas de Guillem Agulló esperan y recuerdan que aquello que gritaron una y miles de veces, era cierto: "ni olvido ni perdón". Quizás Estellés, si siguiera vivo, habría escrito algunos versos a su vecino. Pero ha sido la sociedad valenciana y, por extensión, de los Països Catalans quién ha mantenido vivo el recuerdo del joven antifascista dedicándole una calle en Sellent a iniciativa de la CUP –que también lo propuso simbólicamente como vicepresidente en el Parlament de Catalunya– o numerosas canciones por parte de varios grupos de música en catalán. Guillem Agulló se ha convertido en un símbolo para toda una generación que ha hecho de aquel caso la bandera de la lucha antifascista. Por eso la extrema derecha lo menciona a menudo de manera insultando para provocar a la izquierda. Es su advertencia habitual, puesto que saben que matar un joven de izquierdas, lamentablemente, resulta muy barato al País Valenciá.
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El alcalde de Burjassot, denunciado por España2000 por “incitación al odio”
El periodista y alcalde de Burjassot por Compromís Jordi Sebastià, que semanas atrás había denunciado el acoso ultraderechista que recibía por Internet, ha sido imputado por “incitación al odio” por el hecho de haber impedido que miembros del partido fascista España2000 instalaran una mesa sin permiso ante el ayuntamiento. Se da el caso que, durante los años 90, Sebastià escribió a la revista El Temps sobre las tramas ultras en el País Valencià y ya fue denunciado por el líder de este partido, José Luís Roberto, a quién ganó el juicio por atentado contra el honor.
Artículo publicado en el Setmanari Directa (núm. 312)
