Una vieja máxima latina inscrita en la entrada del edificio principal de la Academia General Militar de Zaragoza comienza a resonar con cada vez más fuerza en Europa: «Si vis pacem, parabellum». Atribuida al escritor romano Flavio Vegecio, este lema ha servido tradicionalmente como coartada para legitimar el rearme militar de las potencias imperialistas.
También fue resucitado hace un año, el 5 de marzo de 2024, en una nota de prensa emitida por el Consejo Europeo en la que se aprobaba la nueva Estrategia Industrial de Defensa de la Unión Europea: “Si queremos paz, preparémonos para la guerra”. Hasta el punto de que esta divisa ha empezado a ser tenida muy en cuenta durante los últimos meses en los distinguidos salones del Palacio Pignatelli con una consigna clara: desarrollar Aragón como hub logístico y fabril de la pujante industria de defensa. Con este artículo, queremos contribuir al análisis acerca de cómo todo esto puede afectar a la clase trabajadora aragonesa en el presente contexto de crisis bélica, política y económica.
Primero, un breve comentario sobre la coyuntura política internacional. Como se sabe, la crisis bélica se ha agravado en estas frenéticas semanas que han seguido a la segunda llegada al poder de Donald Trump en EEUU, dejando a la UE atrapada en una pinza. Por un lado, la OTAN presiona a los miembros a cumplir las exigencias de un gasto en defensa situado en un 2% del PIB, mientras que Trump ha subido la apuesta demandando un 5% de gasto militar bajo la amenaza de retirarles su protección militar.
Para hacerse una idea, solamente cumplir con los objetivos del 2% supondría el doble de lo que el Estado español gasta actualmente en subsidios por desempleo o más del gasto en Sanidad, Educación y Cultura juntos. Esta cuestión es clave, ya que la UE no tiene por sí misma capacidad industrial y militar para sostener de forma prolongada el apoyo a Ucrania -región clave por sus reservas de minerales raros y su rol como granero mundial- frente a Rusia. Por otro lado, de no cumplir con estas exigencias, la UE se vería obligada a apostar por la vía de la denominada Autonomía Estratégica y constituir un poder militar propio, cuestión harto compleja dada su fragmentación política en diferentes Estados con intereses geopolíticos no siempre comunes. Y si bien no hay consenso sobre el envío de tropas militares a Ucrania -cosa que sería interpretada por Rusia como una agresión directa de la OTAN-, las élites europeas están comprometidas a seguir sosteniendo el apoyo económico a Zelenski. Pedro Sánchez, sin ir más lejos, anunció el día 24 un paquete de ayudas al Gobierno ucraniano por valor de mil millones de euros para el próximo año.
¿Cómo se financiará todo ello? Nadie lo tiene demasiado claro. Recientemente Carlos Cuerpo, ministro de Economía del Gobierno del Estado español, sostenía que había suficiente espacio para el endeudamiento (sic). Se prevé que para mayo se habrán flexibilizado las reglas fiscales para facilitar tal endeudamiento, lo cual irá acompañado del aumento del flujo de crédito por parte del Banco Europeo de Inversiones para financiar la inversión en las cadenas de suministro de la industria europea de defensa.
El objetivo, según explicita la Estrategia Industrial de Defensa, es “aumentar la coordinación en la compra de equipos de defensa”, “gastar como mínimo, la mitad de su presupuesto de contratos públicos de defensa en productos fabricados en Europa” y “comercializar, como mínimo, el 35 % de los productos de defensa entre países de la UE en lugar de con otros países”. De este modo, la expansión fiscal en defensa ha desplazado hacia un segundo plano a la transición energética hacia un capitalismo verde, tan en boga hace unos años, como principal apuesta para el desarrollo económico y la reindustrialización de la UE. Es más, ironías del destino, esta nueva apuesta por la industria de defensa es especialmente contaminante y no hará más que agravar la crisis ecológica.
En cualquier caso, nos hallamos en un contexto histórico de cambios profundos en las relaciones internacionales, donde el multilateralismo y la política de alianzas propio de las décadas posteriores a la caída del Bloque Soviético -y donde bloques geoestratégicamente intermedios como la UE han desempeñado un rol clave- van perdiendo peso en favor del trato directo entre superpotencias y de un nacionalismo económico cada vez más agresivo, tal y como atestiguan las recientes negociaciones entre EE.UU y Rusia sobre la guerra en Ucrania y la guerra arancelaria iniciada por Trump contra China, Canadá o la UE. La competencia entre potencias se ha recrudecido, y la arena política internacional se va pareciendo cada vez más a un juego de suma cero en el que un bloque solo puede crecer económicamente -o más bien, aminorar su proceso de declive- y hacer valer sus intereses imperialistas a costa de los demás bloques. Pero más allá de las conjeturas que podamos establecer a partir de estos hechos, una cosa parece clara: la guerra imperialista seguirá por mucho tiempo en el horizonte, ya que el aumento generalizado del gasto militar ha demostrado ser históricamente un preludio de la contienda.
Y así, día tras día, asistimos a un bombardeo mediático que prepara el terreno cultural para cohesionar y encuadrar a las sociedades europeas para una hipotética movilización bélica bajo discursos que invocan a “enemigos existenciales” y distintas “amenazas para nuestra seguridad”. Pero, como sabe el lector, las guerras encierran intereses muy poderosos para las oligarquías, sean estas estadounidenses, rusas, chinas o de Europa occidental. Más todavía en un contexto de crisis y de ralentización del crecimiento económico como el actual, pues ofrecen mecanismos idóneos para estabilizar las economías nacionales y, al mismo tiempo, aumentar las capacidades de control social por parte del Estado. Las guerras, junto con el fervor nacionalista que las acompañan, refuerzan la autoridad política en contextos de pérdida de legitimidad. Generan el caldo de cultivo idóneo para asegurar la transición de los restos del Estado social hacia una nueva forma de Estado autoritario que comienza a abrirse paso, ligada al endurecimiento de los sistemas penales, la concentración de poderes en el ejecutivo o el auge de la ultraderecha a lo largo y ancho del globo.
Como señala el economista Louis Gill, los gastos militares son un factor de arrastre de la actividad económica ante el estancamiento: aportan transferencias públicas a los productores militares, lo que redunda en un rebote de la tasa media de ganancia del conjunto de la economía. Siendo el motor del capitalismo la acumulación incesante de capital, la inversión pública planificada en la industria de defensa permite aumentar las capacidades de producción favoreciendo la investigación tecnológica avanzada, emplea a mano de obra infrautilizada con salarios superiores a la media, y resulta clave para el desarrollo industrial de otros sectores como el logístico, el aeroespacial, la electrónica, la siderurgia, los microordenadores o la minería de datos, incrementando en conjunto la demanda agregada. En definitiva, toda una batería de keynesianismo de guerra, que, a pesar de suponer un estímulo para el “crecimiento”, encierra tras de sí un potencial destructivo descomunal y, como señala Mikel Bartolomé, en última instancia solamente sirve para “apaciguar momentáneamente las contradicciones del capitalismo”.
Ahora bien ¿cómo se inserta en este contexto el potencial hub de defensa promocionado por Jorge Azcón, Natalia Chueca (PP) y Margarita Robles (PSOE)? En primer lugar, debemos partir de la constatación del declive relativo que está experimentando Aragón -al igual que el resto de Europa- a nivel industrial como región económica: el sector exportador en Aragón vendió en 2024 un 3,59% menos que el año previo, siendo esta la primera caída en 11 años. Un complejo escenario en el que uno de los principales motores, la industria del automóvil, bajo sus ventas un 18%, dando lugar a recortes de producción y a un ERTE para toda la plantilla de Stellantis-Figueruelas. Algo que puede agravarse para el próximo curso, a pesar de los recientes acuerdos -regados con la concesión de 133 millones de euros públicos- para la instalación de una gigafactoría de baterías china en la planta de Stellantis bajo el auspicio del ministro de Industria, Jordi Hereu, y su proyecto para una nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica (en la que la industria de defensa pretende desempeñar un rol clave para una hipotética reindustrialización del estado). No en vano, los aranceles del 25% sobre el hierro y el aluminio anunciados por Trump afectarían especialmente a Stellantis, ya que el aproximadamente el 40% de sus exportaciones van al mercado estadounidense.
La respuesta de la industria aragonesa no se ha hecho esperar. Ante los cada vez más dificultosos “retos de presente y de futuro”, las empresas del metal anunciaron recientemente la conformación de un Clúster del sector (MetalHUB) que agrupará a 8.500 negocios y a 110.000 trabajadores y trabajadoras que suman, en conjunto, el 21% del PIB de Aragón. Se acercan tiempos convulsos y la burguesía, consciente de ello, comienza a maniobrar para asegurarse su posición competitiva y, en última instancia, su dominación.
En este contexto, el potencial nodo de defensa se ha promocionado desde el Gobierno de Aragón bajo consignas como el “empleo de calidad”, “el crecimiento y la innovación”, el “alto valor añadido” o la “difusión de la cultura de la seguridad y defensa” en nuestro país. Por su parte, algún vocero de la industria de defensa, como el profesor de la Universidad de Zaragoza Juan Antonio Ros, ha llegado a escribir en el Heraldo de Aragón (12 de febrero de 2025) que el proyecto no era otra cosa que un “hub de defensa para la paz” (sic). Aragón, argumentan -y están en lo cierto- reúne un excelente cúmulo de requisitos para tal nodo: 15.000 militares, infraestructuras (Academia General Militar de Zaragoza, Academia General de Logística de Calatayud, Base Aérea de Zaragoza, cercanía con el Polígono de Tiro de las Bardenas, Hospital General de Defensa, Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio, etc), mano de obra cualificada, espacio aéreo, amplia superficie terrestre, un extenso parque eólico y solar y una industria de defensa relativamente consolidada en el sector aeroespacial y de defensa (AERA) y, sobre todo, logístico (ALIA), con el polígono de Plaza como la mayor plataforma logística del sur de Europa. En este sentido, el Corredor del Ebro goza además de una posición geoestratégica privilegiada: su situación a caballo entre Madrid y Barcelona y entre Valencia y Bilbao permite movilizar en poco tiempo una gran cantidad de recursos militares en caso de necesidad.
Así, la propuesta del Partido Popular en Aragón ha sido acogida con regocijo en los despachos del Ministerio de Defensa del gobierno de coalición de PSOE y Sumar, y Margarita Robles parece que ya ha dado respaldo al proyecto. Aunque la presentación oficial del proyecto, prevista para el 24 de febrero, fue finalmente pospuesta por “motivos de agenda”, en los últimos meses las inversiones en empresas vinculadas al sector de defensa en Aragón no han dejado de crecer. La DGA ha dado luz verde a la Declaración de Interés Autonómico para la construcción -y por tanto ampliación- de una nueva planta industrial de Instalaza en Cadrete, una inversión de 52 millones de euros que aspira a crear entre 100 y 120 nuevos puestos de trabajo y que estará centrada en el desarrollo de tecnología para misiles, explosivos y otras municiones. El Grupo Escribano invertirá 15 millones de euros en su planta en Binéfar, destinada al desarrollo y fabricación de dispositivos de seguridad y defensa, y prevé aumentar su plantilla de 100 a 300 trabajadores. Por último, Mecanus, empresa dedicada a la transformación metálica en automoción, ferrocarriles y defensa y afincada en Exeya -Cinco Villas-, ha ampliado recientemente su planta 8.000 metros cuadrados y también ha aumentado su plantilla en 25 trabajadores.
Parece, pues, que la industria de la guerra ha venido para quedarse en nuestra tierra, arrastrando tras de sí la barbarie imperialista. En los próximos años, Aragón, y concretamente la clase trabajadora aragonesa, jugará casi con toda seguridad un rol decisivo en este sentido. Y frente a ello, numerosas organizaciones han comenzado a movilizarse a través de la Plataforma Aragón por la Paz. Como comunistas, debemos apoyar estas crecientes muestras de solidaridad entre pueblos. Pero también señalar la hipocresía de organizaciones como Podemos e Izquierda Unida, que compaginan su oposición al desarrollo del hub con el sostenimiento -presente o pretérito- del mismo gobierno de coalición que, entre muchas otras infamias, ha dado luz verde al hub de defensa o ha seguido comercializando armas con el Estado genocida de Israel, para más inri, exportándolas desde el Aeropuerto de Zaragoza.
Asimismo, debemos explicitar que bajo la superficie del enfrentamiento entre bloques imperialistas se encuentra el verdadero antagonismo que atraviesa a las sociedades capitalistas: la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. En lo fundamental, las diferentes clases dominantes nacionales comparten intereses comunes basados en la extracción de ganancias a través de la explotación asalariada que sufren los trabajadores a lo largo del mundo. Y es que, mientras ellos provocan las contiendas bélicas en busca de lucro privado, nosotras ponemos los muertos. Por todo ello, es imperativo contribuir en la medida de lo posible al fortalecimiento de la unidad de clase y la expansión del internacionalismo proletario entre la clase trabajadora a lo largo del globo, resucitando otra vieja máxima socialista: guerra a la guerra.
