El 11 de mayo de este año se produjo en Belgrado el desalojo y demolición de las naves donde residían cerca de un millar y medio de personas, con el objetivo de que el proyecto de especulación urbanística Belgrade Waterfront pudiera salir adelante. Desde entonces, las y los refugiados se han visto obligados a ingresar en campos oficiales alejados de la ciudad y han enfrentado un aumento exponencial de la violencia de la policía serbia, así como una serie de traslados forzosos al sur del país.
Enmarcadas dentro esta estrategia, en las últimas semanas han tenido lugar al menos cinco operaciones policiales que el propio Ministro de Trabajo y Política Social Aleksandar Vulin calificó de "limpieza”. El procedimiento de estas actuaciones suele ser el siguiente: varias decenas de policías rodean un campo o un asentamiento de refugiados, ordenan a los presentes que se suban a un autobús y no dudan en empujar, insultar, golpear con palos, inmovilizar, destrozar objetos personales e incluso apuntar con armas a quienes no quieren subir a los buses. Además, habitualmente prohíben a la gente llevar consigo sus pertenencias y se niegan a revelar a dónde los llevan. El total de las operaciones realizadas en el último mes ha resultado en varios cientos de personas trasladadas forzosamente.
El destino de estos traslados forzosos es Preševo, un campo de personas refugiadas situado al sur del país, en la frontera con Macedonia. Su función, en teoría, es la de ser un centro de recepción para quienes acaban de cruzar la frontera, pero en la práctica el campo opera como un centro de detención desde el cual se realizan regularmente deportaciones a Macedonia.
La gestión de Preševo, como la del resto de campos oficiales, está en manos del Komissariat, el departamento de policía encargado de los asuntos de extranjería. El acceso al campo está estrictamente prohibido a la prensa y a las y los voluntarios independientes, y las personas que residen en él tienen prohibida la salida del recinto, a no ser que cuenten con un permiso especial de tres horas, y que muchos refieren tener que obtener mediante sobornos. La estrategia empleada por el Komissariat para la gestión del campamento es la designación de “líderes de la comunidad”, refugiados que deben actuar como representantes de la policía con sus compañeros, una tarea que les confiere privilegios pero les obliga a menudo a enfrentarse a su propia comunidad, y que recuerda dolorosamente a los Judenrat establecidos en la Segunda Guerra Mundial.
Huir de Preševo es posible, pero solo está al alcance de quienes pueden pagar una ingente suma de dinero. Los traficantes de personas son el grupo que más se beneficia de estos traslados forzosos, puesto que cobran cantidades entre 200 y 300 euros a cambio de llevar a una persona de vuelta a Belgrado. El viaje en transporte público costaría 14 euros, pero la policía, que no parece hacer grandes esfuerzos por perseguir a los traficantes, se ocupa rigurosamente de prohibir el acceso de los refugiados al transporte público.
Ante esta situación, destaca el silencio de los grandes medios de comunicación, la facilidad de las ONGs para acatar las peticiones del Gobierno de no intervenir, y la complicidad de la Unión Europea con las políticas racistas que se están llevando a cabo a lo largo de toda Europa.
