Entre el verano y el otoño de 1936, la violencia sin límites desatada por la maquinaria fascista del terror se saldó con el asesinato de unos 3.500 civiles en la provincia de Zaragoza, la mayor parte de ellos en la capital. Asimismo, entre 1936 y 1946, la sistemática represión del Nuevo Orden franquista acabaría dejando 8.628 víctimas en todo Aragón. Como ha documentado de forma magistral David Alegre en Verdugos del 36, obra recientemente publicada, el número de víctimas probablemente sea mucho mayor. Simplemente la magnitud de la violencia dificultó su registro.
Sin embargo, el alcance de la violencia fascista en Aragón solo se puede explicar por la significación que había tenido como foco revolucionario durante la II República. Zaragoza, sin ir más lejos, era tras Barcelona la ciudad más importante del Estado para el potente movimiento anarcosindicalista. En 1936 la CNT contaba con 30.000 afiliados en una ciudad de 200.000 habitantes, y en febrero de ese mismo año había celebrado su congreso nacional en ella. En 1934, por ejemplo, había logrado la aplicación efectiva de la jornada laboral de 8 horas tras una impresionante huelga que paralizó la ciudad por completo durante seis semanas. A su vez, en el resto de la provincia, la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT se destacaba como una fuente de conflictividad importante. Sin lugar a dudas, las clases dominantes, burguesía y aristocracia terrateniente, eran conscientes de la amenaza que estas suponían para sus intereses. Las palabras que pronunció Emilio Mola, uno de los principales ingenieros del golpe contrarrevolucionario del 36, daban buena cuenta de ello: “La revolución roja en Aragón puede ser una catarata que arrastre en su empuje materia que hoy se considera firme […] el potencial revolucionario en Aragón es uno de los mayores de España”.
A pesar de la resistencia del proletariado zaragozano, que durante días levantó barricadas conteniendo a la reacción en barrios como San Pablo, San José o Delicias, el golpe no se detuvo. A diferencia de ciudades como Barcelona o Madrid, donde la movilización obrera fue decisiva para pararlo, la negativa de las autoridades republicanas de Zaragoza a armar a las milicias populares -con miles de obreros agolpándose a las puertas de los sindicatos a la espera de noticias- debido a su temor ante la eventual “revolución roja” de la que hablaba Mola, se tradujo en la tragedia.
Una vez aniquilada a sangre y fuego la amenaza revolucionaria al final de la guerra, la Ley de Responsabilidades Políticas aprobada en 1939 -una suerte de “carta magna” del franquismo- sancionó legalmente el sometimiento político de la clase trabajadora y de todo aquel que hubiera tenido una filiación izquierdista después de la Revolución de Asturias de 1934 en el nuevo Estado franquista. Entre las múltiples sanciones que la ley establecía, se impuso la expropiación forzosa de todos los bienes económicos de los “culpables” -desde propiedades particulares hasta las sedes de los sindicatos, partidos izquierdistas y de la potente red de instituciones del movimiento obrero (ateneos, cooperativas, periódicos…)- lo cual fue aprovechado por el régimen para generar un nuevo consenso en torno a él. Todo ello sirvió, como argumenta el historiador Nicolás Sesma, para que la dictadura recompensara a sus partidarios, especialmente en la Falange Tradicionalista y en la Iglesia, fidelizara a los indecisos y humillara todavía más los vencidos.
El nuevo ciclo de acumulación de capital inaugurado tras la guerra tendría mucho de eso: de pequeños propietarios que de la noche a la mañana amasaban fortunas manchadas en la sangre del proletariado, de trepas, matones y pistoleros que del pelotón de fusilamiento o del centro de torturas ascendían a honorables empresarios en pocos años. Por supuesto, también de burgueses y aristócratas que respiraban aliviados gracias a la existencia de abundante mano de obra barata, hambrienta, amedrentada y sin derechos políticos de ningún tipo. Y es que el franquismo, más allá de toda la retórica de “por la patria, el pan y la justicia”, fue un compromiso autoritario entre la pequeña burguesía radicalizada y las “fuerzas vivas” de la sociedad burguesa (aristocracia, militares, Iglesia, etc) a costa del sometimiento más brutal del proletariado. Por eso, en tanto que proyecto político, las demandas de los sectores más radicalizados del fascismo siempre estarían delimitados por los intereses de la clase a la que servían: la burguesía. O dicho de otro modo, sin la burguesía el fascismo sencillamente no hubiera tomado el poder. Se consolidaría así durante cuarenta años un régimen de excepción contra la clase obrera, y que solo gracias a la tenaz lucha de esta -especialmente a partir del ciclo de movilizaciones activado a mediados de los sesenta- empezaría a ver su final.
El espectacular crecimiento económico que experimentó la dictadura franquista a partir de los Planes de Estabilización -que lejos de ser ningún “milagro español”, se dio en toda la Europa de posguerra- permitió extender esa base de lealtad a más sectores de la población, hacia la famosa clase media desarrollista, manteniendo en su núcleo, eso sí, el pacto de sangre sellado en la Guerra Civil y los primeros años del Nuevo Orden franquista. A pesar de que la presión, la lucha y los innumerables sacrificios del movimiento obrero harían insostenibles la continuidad de la dictadura, empujando hacia la reforma pero sin suficiente fuerza como para lograr la ruptura, el nuevo régimen democrático-liberal abierto con la Transición se vertebraría a partir de todos esos elementos. Guardaría como base material la estructura de clases de la dictadura, manteniendo y consolidando los aparatos represivos de la misma y teniendo como cúspide una monarquía designada directamente por Franco. Así, la mayor parte de las élites políticas del franquismo se transformarían de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida, principalmente a través de la UCD de Suárez o la Alianza Popular de Fraga, pero también a través de proyectos regionalistas como el PAR de Hipólito Gómez de las Roces, el cual serviría para encuadrar el “giro aragonesista” de la burguesía local. Mientras tanto, el PCE eurocomunista de Carrillo y un PSOE subvencionado por Washington y Berlín consolidarían desde arriba la integración subordinada del movimiento obrero en el Estado. Y es que, como ha señalado recientemente Mario Aguiriano en Diario Socialista, esto no quiere decir que la Transición fuera una farsa integral, sino más bien que, en tanto que reforma, mantuvo intactos los pilares del Estado capitalista. Para muestra un botón: el 40% de los empresarios que conformaban el IBEX35 a fecha de 1978 provenían de las élites franquistas. De aquellos polvos, estos lodos.
No en vano, el largo hilo de sangre que une a la burguesía y al franquismo perdura hasta nuestros días, cincuenta años después de la muerte del dictador. También en Aragón. Si echamos un vistazo al mapa de las principales familias de nuestra burguesía, encontraremos innumerables ejemplos. Probablemente el más palmario sea el de la familia Muro, cuya máxima exponente es Pilar Muro Navarro, antigua propietaria del Grupo Quirón tras la muerte de su marido Publio Cordón y una de las mujeres más ricas de España. Pues bien: su padre, Jesús Muro Sevilla, camisa vieja, fue fundador y jefe provincial de Falange en Zaragoza durante décadas, además de uno los principales arquitectos del terror fascista en el 36. No en vano, Muro llegaría a ser jefe nacional de Sanidad en Falange, lo que explicaría, al menos en parte, la facilidad familiar para hacer negocios en la sanidad privada. Por otra parte, Muro también sería fundador y director de Radio Zaragoza a partir de 1938, que sería el principal medio propagandístico de la Falange en la guerra y la posguerra. Empresa que heredaría su hijo, Julián Muro Navarro, procurador franquista y registrador de la propiedad, hasta su venta al Grupo Prisa, quedando posteriormente ligada a la SER.
Pero los Muro no son la única de las “grandes familias” ligada al negocio de los medios de comunicación. Los Yarza, familia de la burguesía aragonesa -cuyo principal heredero, Fernando de Yarza, es presidente del grupo empresarial HENNEO y por ende máximo accionista de medios como el Heraldo de Aragón, 20 minutos, La Información, Diario del Alto Aragón o Bluemedia, entre muchos otros- también se arrimaron al calor del sol que más calentaba durante la dictadura franquista. No por nada, la familia Yarza-Mompeón se convirtió en la principal accionista del Heraldo de Aragón, principal medio de la burguesía aragonesa, en una fecha tan significativa como 1939. Otros ilustres miembros de la familia, como José de Yarza García, ligados al sector inmobiliario, también consiguieron medrar gracias a su participación en el bando franquista y su estrecha vinculación con figuras como el General Moscardó. Casualidades de la vida, Yarza García acabaría “ganando” la plaza de Arquitecto Jefe de la Dirección de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza entre 1941 y 1973. Y más allá de la familia Yarza también es destacable la figura de Javier Moll de Miguel, propietario de Prensa Ibérica e hijo del militar golpista y quintacolumnista Sebastián Moll Carbó.
De otra parte, el poder económico y político de la dictadura apareció ligado a entidades tan emblemáticas en la identidad aragonesa como lo es el Real Zaragoza, lo que sin duda contribuiría al blanqueamiento de su imagen. Figuras como la de Cesáreo Alierta, quien fuera presidente del club maño entre 1952 y 1958, posteriormente devendría alcalde franquista de Zaragoza entre 1966 y 1970. Su hijo, César Alierta, también uno de los máximos accionistas del club junto con la familia Yarza entre 2014 y 2022, sería presidente de Tabacalera primero y de Telefónica después por nombramiento de Aznar. Otras figuras, como la de Alfonso Soláns Serrano, presidente del equipo entre 1992 y 1996 y fundador del Grupo Pikolin, fue concejal franquista en el Ayuntamiento de Zaragoza entre 1967 y 1979. Su devoción por el régimen era tal que, en la necrológica que publicó El País tras su muerte, podemos leer que él mismo se declaraba un “franquista convencido”.
Para acabar con este breve retrato de la vinculación entre poder franquista y burguesía aragonesa, es destacable el papel que desempeñaría la banca local en las “puertas giratorias” que caracterizarían el reparto del botín franquista. Entidades como la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, hoy Ibercaja, contarían entre sus presidentes del consejo de administración con figuras como general Francisco Rañoy Carvajal entre 1938 y 1959, gobernador jefe de la Vª Región Militar, criminal de guerra y reconocido falangista, el cual aguantaría en el sillón hasta sus aciagos noventa años. O con José María García-Belenguer, quien, tras haber ejercido entre 1946 y 1949 de alcalde de una Zaragoza marcada por el hambre y la miseria de posguerra para la mayor parte sus habitantes, se retiraría cómodamente presidiendo el banco entre 1966 y 1975.
Estos son solo algunos ejemplos que buscan ilustrar la vinculación entre franquismo y burguesía en Aragón. Sin embargo, únicamente alcanzan a dar cuenta de una pequeña parte de ella. Sin lugar a dudas, hace falta una investigación más profunda y sistemática al respecto, que aquí, por falta de espacio y de medios, no podemos abordar.
A cincuenta años de la muerte de Franco, lejos de los días de la Transición, nos enfrentamos a un escenario político muy distinto, marcado por el creciente ascenso de Vox en la política española y aragonesa. Vox, un partido ultraderechista que, por ceñirnos solamente a Aragón, cuenta en sus filas con personajes como Javier Royo, excandidato de la formación neonazi Alianza Nacional, revisionistas del Holocausto como Fermín Civiac, franquistas reconocidos como Jorge Valero o Esmeralda Pastor, dueños de empresas de desokupación como José Antonio Ramos, y, hasta hace poco, con Marcos Francoy, ex-secretario de organización en Uesca abiertamente neonazi. Sin ir más lejos, Alejandro Nolasco, portavoz de Vox Aragón, ha publicado varios libros en editoriales neonazis. Por otro lado, a nivel estatal, el reciente nombramiento por parte de la dirección de Vox de Carlos Quero como portavoz adjunto en el Congreso y su aparente apuesta por el sector más “falangista” no solo muestra el intento por “penetrar a los barrios populares”, sino también por atraerse a su seno a los diferentes grupos neofascistas que están pululando a lo largo del Estado.
Pero al igual que hace cincuenta años, cuando aventamos las artificiales nieblas que el fascismo disemina en forma de retórica ultranacionalista, populista y obrerista, encontramos a un viejo conocido nuestro: la clase capitalista. Y es que el actual contexto de crisis, estancamiento y desintegración económica global, marcado por el auge del nacionalismo económico, se está traduciendo un mayor atractivo de la ultraderecha y de su programa de austeridad a los ojos de la burguesía. No en vano, el régimen de excepción contra la clase obrera -y especialmente contra el proletariado migrante- que comienza a abrirse paso en Estados Unidos bajo la Administración Trump, apoyado por la oligarquía de Silicon Valley y por la clase capitalista norteamericana, no solamente constituye un modelo para sus homólogos ultraderechistas en el resto del mundo, sino también para la burguesía. De lo que se trata ahora para ella es de atar en corto la propiedad privada y las relaciones de clase a través del refuerzo autoritario y militarista de los Estados ante un mundo marcado por la guerra, el empobrecimiento de sus poblaciones y la crisis climática.
En Europa, España y Aragón, en caso de que populares y socialdemócratas fracasen en ese empeño, Vox y el bloque fascista que se está conformado en su órbita devendrá una más que atractiva opción de orden para la burguesía. Ese camino comienza a abrirse ante la situación de impase del gobierno de PSOE y Sumar, pero también ante la incapacidad del PP de sacar adelante presupuestos sin Vox a nivel autonómico, algo que en los próximos meses probablemente se traducirá en elecciones anticipadas en Aragón.
La historia no se repite, pero rima. Por eso, cincuenta años después, es necesario recordar que la dictadura franquista no hubiera prosperado sin el apoyo decidido de la burguesía. Y del mismo modo, que la lucha contra el fascismo debe enmarcarse en una estrategia socialista dirigida contra el orden social capitalista que lo engendra, de que la necesidad de una ruptura política sigue más vigente que nunca.
Ese es el mensaje que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa. Que la manifestación de este 20N, convocada por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza en la Plaza San Francisco a las 19:30h, sea ejemplo de ello.
