El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, se reunirá este martes con la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), con el fin de tratar de llegar a un acuerdo que él mismo desmontó tras anunciar un decreto que todavía no se ha hecho público, y que alinearía al gobierno popular en los postulados más neoliberales que tratan de liberalizar por completo el sector.
JP Morgan lleva años presionando al Gobierno para liberalizar el sector de la estiba en el Estado español y, con la excusa de hacer cumplir las resoluciones de la Unión Europea, forzar la contratación libre de personal para la estiba y desestiba, vulnerando los acuerdos con los trabajadores y pasando por encima de todo el sector, empresas estibadoras, colectivo de trabajadores y otras operadoras incluidas. Una posición que parece ser la adoptada por el ministro de la Serna.
La financiera opera a través de su división Asset Management Infraestructure Investment Group, que controla Noatum, el principal operador portuario de Europa con una posición de liderazgo en los puertos del Estado español, que terminó por afianzar en los despachos con el nombramiento del presidente de Noatum, Joaquim Coello, como presidente de la patronal, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco).
Un conflicto que viene de lejos
El 11 de diciembre de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligaba al Estado español a modificar la legislación portuaria que regula la prestación del servicio de manipulación de mercancías en los puertos, que había sido modificada en 2010, con la creación de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep). Sin embargo, la anterior Ministra de Fomento, Ana Pastor, dejaba el cargo sin abrir este melón, algo que le ha tocado al actual poseedor de la cartera, Iñigo de la Serna.
En 2010 JP Morgan se establecía en el sector portuario del Estado español con paso de gigante después de que ACS vendiera su filial Dragados SPL (Servicios Portuarios y de Logística) por 720 millones de euros al gigante financiero.
JP Morgan se ha mostrado desde el principio en la postura más radical de cara a asumir la sentencia del TJUE y liberalizar la contratación de trabajadores y trabajadoras, pese a que, según la CETM, el sindicato mayoritario del sector, son dieciocho las empresas estibadoras, algunas de las mayores que operan en el Estado, las que ya han firmado el acuerdo con los trabajadores que daría respuesta a los requerimientos europeos, contemplando a su vez el mantenimiento de la plantilla de trabajadores.
La actual posición de poder de Noatum, con su presidente al mando de la patronal Anesco, parecen haber espoleado a un ministro que según el sindicato terminó por bloquear la firma del acuerdo de reforma de la Ley de Puertos, al ofrecer un decreto todavía desconocido, lo que finalmente hizo que la patronal no lo ratificara.
Desde la CETM aseguran que la firma de ese acuerdo suponía una muestra “clara e irrebatible de que el sector apuesta por la paz social que ha logrado que los muelles españoles arrojen cifras históricas y que, de ninguna manera, es necesario acudir a un Decreto Ley autoritario, que dinamita el diálogo y que lo que encubre es un Expediente de Extinción de Empleo”, motivo por el cual han convocado tres jornadas de huelga, para los días 20, 22 y 24 de febrero, ampliables de no haber acuerdo.
Además, JP Morgan y Fomento podrían haber encontrado otro escollo insalvable de cara a liberalizar el sector, de ser reales los rumores que hablan de un acuerdo privado entre Maersk, el principal operador portuario a nivel mundial y la CETM. La operadora podría estar de acuerdo en que los trabajadores y trabajadoras del sector mantuvieran su estatus actual, con el único objetivo de evitar la huelga.
Acoso y derribo contra los estibadores
Desde que el colectivo de trabajadores de la estiba anunciara la convocatoria de paros en el sector, han sufrido el azote propagandístico de multitud de medios de comunicación que han tratado de acusarles de ser unos privilegiados, por sus salarios, como único argumento para apoyar la causa del ministro de la Serna y de los dictados de Bruselas.
Desde tribunas, noticias falaces y púlpitos televisivos se les ha acusado de ser prácticamente los responsables del sobrecosto del tráfico de mercancías marítimo, pero sobre todo, de ser culpables de obtener unos altos salarios, como si el hecho de cobrar un buen sueldo fuera algo a despreciar.
Desde muchos de estos medios se ha establecido una cifra, los 60.000€, como la media de cobro de un estibador, algo que desmentía en una reciente entrevista Antolín Goya, coordinador general de la CETM, quien aseguraba que esa cantidad no era representativa. “La realidad es que se trabaja a producción, dependiendo del tipo de mercancía, del tipo de barco, de la empresa y del tipo de maquinaria que tenga a su disposición... Tanto es así que si tú me preguntas a mí, Antolín Goya, cuánto voy a ganar el mes que viene, te digo que no tengo ni puta idea”.
Según el convenio de trabajadores de 2014-2016 del puerto de Valencia los salarios base mensuales para 2016 oscilaban entre los 1.030,54€ y los 1850,60€ dependiendo de la categoría, distribuidos en 16 pagas, a lo que se añadirían complementos por penosidad, maquinaria o nocturnidad.
Desde la CETM aseguran que se vive “con mucha indignación” el tratamiento mediático, y aseguran que “pensar que los estibadores cobran lo que se está publicando por ahí, es pensar que los empresarios de los puertos, con quienes se han pactado esos sueldos, son tontos, y no creemos que lo sean”.
Pero el tratamiento mediático no es sino el acicate para generar una corriente de opinión pública contraria a la movilización de estos trabajadores que podrían ver rebajado su salario hasta en un 60%. Una estrategia que ya ha sido utilizada con otros sectores como el funcionariado o los controladores aéreos.
El decreto en perjuicio de los trabajadores no obedece a una situación precaria del sector, pues los puertos del Estado español arrojan cifras record. En 2016 se movieron 509 millones de toneladas, máximo histórico, y se alcanzó una cifra de beneficios netos para la empresa pública Puertos del Estado de 217 millones de euros.
Ante esta coyuntura la CETM recuerda que “los estibadores han sido protagonistas en el crecimiento de los puertos, además de por su trabajo, por el demostrado talante de flexibilidad para la adaptación a las circunstancias, siempre cambiantes, de los muelles y en esta situación de quebrantamiento de la estabilidad, por parte del ministro De la Serna, están dispuestos a que se reabra la mesa de negociación, pero, en ningún caso, a asumir una norma injusta e innecesaria, impuesta de manera unilateral”.
