Esto no es un artículo en defensa de la LOMLOE

La última propuesta de ley educativa -ya aprobada en el Congreso, la LOMLOE (o Ley Celáa)- no ha quedado exenta de polémica y es que algunas de sus disposiciones han levantado ampollas

LOMLOE
La ministra de educación junto con la reina Letizia Ortiz. Foto: @CelaaIsabel.

Fue en 1980 cuando se publicó la primera ley de educación del Régimen del 78, la LODE, a partir de entonces han sido siete más las que se han sumado a la lista; la más duradera, la LOGSE, con doce años a sus espaldas. Entre estas sopas de siglas educativas (y partidistas) podemos entrever y constatar la gran inestabilidad del sistema educativo español que ve, ley tras ley, cómo las demandas de los equipos docentes y alumnado no se resuelven. En la mayoría de estos textos legales se hace referencia al papel de la educación como pieza clave para el desarrollo de una sociedad democrática, pero tantas idas y venidas, tantos vaivenes y tantas palabras vacías dejan al sistema educativo sin un faro firme con el que llegar a puerto: nos ahogamos a causa de tanta legislación ineficaz y totalmente ajena a la realidad de los centros.

La última propuesta de ley educativa -ya aprobada en el Congreso, la LOMLOE (o Ley Celáa)- no ha quedado exenta de polémica y es que algunas de sus disposiciones han levantado ampollas; es preciso caer en la cuenta de que algunos de sus puntos más controvertidos son los que se centran menos en materias o contenidos educativos en una ley que pone de manifiesto, una vez tras otra, el carácter utilitarista tanto de la escuela como del instituto al orientar todo el proceso de aprendizaje hacia el mercado y la productividad de los y las futuras trabajadoras.

Los centros educativos habrían de ser lugares en los que se trabajase el pensamiento crítico y se dotase de herramientas que permitieran al alumnado interpretar la realidad de forma adecuada para no doblegarse a ella; es decir, se tendría que caminar de forma real hacia el ‘aprendizaje significativo’ al que tantas veces se hace referencia para formar a ciudadanos y ciudadanas libres.

Algunas de las materias que permiten que se articule el pensamiento de forma más abstracta y transversal son las de Humanidades y las Enseñanzas artísticas; justo las dos ramas de asignaturas más ninguneadas por esta ley del PSOE: basta con una búsqueda rápida en el Proyecto de Ley de la palabra ‘latín’ para ver que no sale ni una sola vez (sí que se hace una referencia a la ‘Cultura Clásica’). Otra de las afectadas es la de ‘Ética’, que es sustituida en el último curso de la E.S.O por la amplia ‘Valores cívicos y éticos’ permitiendo, eso sí, a los distintos territorios ofertar optativas de ética o no. Las materias de música y plástica recuperan la obligatoriedad en algunos cursos pero da la impresión de que siguen considerándose “asignaturas menores”. Con esta modificación curricular dejan al alumnado sin algunas de las materias que le ayudan a plantearse (y responder) preguntas o problemas esenciales para el desarrollo del ser humano, pues son asignaturas que fomentan la reflexión, la argumentación y la crítica. Otro punto curricular en el que esta ley se queda corta es en la religión: lejos de sacar la religión (la que sea) de las aulas, mantiene su obligatoriedad, pero la excluyen del cómputo final de la nota media y no pondera a la hora de solicitar becas.

Estos deberían ser los temas criticados, o al menos cuestionados, de la ley ya que afectan directamente al contenido y en el día a día al estudiantado. Sin embargo, los grandes medios de comunicación han sabido orientar muy bien la opinión pública: el castellano, la escuela concertada y la educación especial.

Haciendo una comparativa de qué es lo que dice el nuevo texto propuesto con lo que establece la LOMCE (actual ley de educación), se ve que el cambio atañe a la nomenclatura: se cambia el término de “vehicular” por “de acuerdo a la Constitución”, es decir, no se elimina el castellano de las aulas ni habrá efectos reales en las clases pues la situación propuesta es la misma, pero con otros nombres. Por tanto, no se da ninguna licencia al independentismo catalán, ni va a desaparecer el castellano de la faz de la tierra, simplemente se va a cumplir -como tantas veces se ha exigido desde diversos escaños políticos- nuestra querida, Constitución. Lo demás es propaganda, ruido, odio y falta de comprensión lectora.

Pero, sin duda, el verdadero ‘cries in pijo’ lo ha patrocinado lo tocante a la escuela concertada; en lo referente a los conciertos, la LOMLOE solo propone medidas que ya aparecían en leyes anteriores (como en la LOE), por lo que tampoco aquí es una ley novedosa: se prohíben las cuotas “voluntarias” para que estas no supongan una barrera de acceso, no se cederá suelo público para la construcción de colegios concertados y se prohíbe la segregación por sexo. El problema de que estas medidas comiencen a aplicarse (a pesar de estar establecidas por ley desde hace años) es que las clases ricas y los liberales que aspiran a ganarse su posición social a base de cuotas ven peligrar uno de sus mayores privilegios conseguidos y mantenidos en democracia (pagado, no olvidemos, con dinero público): la segregación de clase desde edades tempranas para la perpetuación de su elitismo y el mantenimiento de sus cortijos religiosos.

La educación especial también ha sido objeto de comentarios y de debate. En la propuesta de ley se dice lo siguiente: “Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”. En ningún momento se fija que la Educación especial desaparezca o que vaya a echar el cierre, como dice Vox (a pesar de que en su programa electoral de 2016 proponía el fin de esta educación); se establece que la educación ordinaria recibirá más fondos para poder ofrecer una educación más inclusiva y servir de apoyo a los centros de educación especial. Del mismo modo que en la cuestión referente al castellano, vemos que aquí también ha habido un problema de comprensión lectora o una lectura muy sesgada.

Todos estos focos -tan bien orientados hacia los temas que los grandes medios de comunicación y los propios partidos políticos sabían que generarían debate y respuestas por parte de la sociedad - vuelven a dejar como gran olvidada a la escuela rural: en el proyecto de ley se cita un total de diez veces pero no se llega a ninguna concreción: todo son intenciones, todo será papel mojado. El alumnado y la realidad rural siguen estando invisibilizadas (también) en materia educativa.

En conclusión, la LOMLOE no es más que una estrategia política del PSOE (y Podemos) para seguir sin cambiar nada pues no propone ninguna medida ni soluciones rupturistas respecto a las otras leyes educativas. La única ley educativa que debería tener un país democrático sería una ley en la que los fondos públicos se destinaran única y exclusivamente a la pública; una ley en la que se eliminara la educación privada (no vale el “que se lo paguen ellos” si queremos acabar con la brecha de desigualdad) y se sacara la religión de las aulas; una ley en la que los y las estudiantes estuvieran en el centro y se hiciera caso a la realidad en la que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo bueno de todos los movimientos y quejas que han acompañado a la aprobación de esta ley es que hemos podido corroborar de nuevo que la educación también es una cuestión de clase y que debemos defender lo público como única garantía de igualdad, libertad y inclusión.

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