El TTIP: una amenaza a las alternativas municipalistas

El TTIP afectará a la libertad de decisión de los entes locales y dificultará la remunicipalización de servicios.

Foto: Martin Schulz

Una ley antidesahucios, cambiar la gestión de los servicios públicos externalizados, auditar la deu­­da o remunicipalizar servicios privatizados. Son propuestas que asustan a los partidos responsables de la crisis (PP, PSOE, C’s, CiU, PNV) y al poder económico.

Hoy existe aún un margen muy amplio para llevar a cabo políticas municipales (y autonómicas) que acaben con la corrupción, el despilfarro y el mal gobierno. Pero la UE –con el respaldo de PP/PSOE– busca acabar con la soberanía parlamentaria y organizativa de los entes locales y regionales. Las herramientas son los tratados que negocia con terceros: el CETA con Canadá, el TTIP con EE UU y el Tratado de Comercio de Servicios (TISA) con 23 países, unas negociaciones que incluyen ámbitos que recaen dentro de las competencias jurídicas de todos los niveles de gobierno y de administración. La firma de estos tratados funcionaría como una chaqueta de fuerza para las instituciones imposibilitando cambios en las políticas relativas al sector privado. El objetivo está claro: blindar los privilegios de las empresas y sus negocios ante posibles cambios en el mapa político local y autonómico.

Las candidaturas de unidad po­pu­lar como Barcelona en Comú, Zaragoza en Común o Ahora Madrid, contrarias a la firma de estos tratados, proponen medidas urgentes como la auditoría de los contratos de gestión privada del agua, hospitales y residuos, la revisión o anulación de concesiones blindadas o de la venta de vivienda pública a fondos especulativos, así como la remunicipalización de servicios.

El camino a la privatización

TTIP, CETA y TISA preparan el terreno jurídico para una mayor privatización del suministro de agua y de la energía, el tratamiento de residuos y el alcantarillado, los servicios de emergencia, los servicios de sanidad y bienestar social, el transporte público o la vivienda, entre otros. A través de la cláusula trinquete (ratchet), un mecanismo por el que no se podrán revocar determinadas liberalizaciones de servicios ya firmadas o se recortarán ámbitos esenciales del derecho de autonomía de los municipios como la posibilidad de remunicipalizar los servicios públicos anteriormente privatizados.

La cláusula de trinquete –que contiene el tratado comercial UE-Canadá (negociado entre 2009 y 2012, actualmente en proceso de ratificación y un tratado prototipo para lo que sería el TTIP)– fija el nivel de la liberalización de servicios públicos para el futuro y prohíbe retroceder a una etapa anterior de liberalización. Con ello se limita la libertad de decisión de los entes locales a la hora de adjudicar un contrato de concesión de servicios.

Además, las disposiciones sobre protección de las inversiones y mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS) incluidos en estos tratados, que eluden los tribunales ordinarios competentes, permitirían a las multinacionales demandar a los gobiernos ante tribunales privados y amenazar así los procesos de remunicipalización.

Medidas políticas y administrativas legalmente establecidas y legitimadas democráticamente –como una ley antidesahucios, garantizar los suministros básicos (luz, gas y agua) para eliminar la pobreza energética, paralizar privatizaciones o recuperar vivienda pública– podrían ser puestas en tela de juicio por órganos privados de arbitraje, y propiciar reclamaciones posteriores por “daños y perjuicios”.

Contratación pública

Si el TTIP incluye reglas de contratación pública similares al CETA, se abriría la licitación municipal y autonómica de contratos públicos al capital transnacional. Y se podría obligar a las administraciones locales a tratar a las grandes multinacionales de la misma forma que a las pymes. Esto viola el principio de subsidiariedad y la libertad de organización municipal en el ámbito de los servicios de cuidados. En consecuencia se perderían empleos, se encarecerían los servicios, y personas sin recursos quedarían excluidas. Además, desaparecerían ventajas importantes en la contratación pública, como la cooperación intermunicipal y las excepciones para determinados sectores, como el del agua o los servicios de emergencia.

Teniendo en cuenta que la contratación pública de bienes y servicios supone el 16% del PIB de la UE (aproximadamente dos billones de euros en 2013), hay mucho en juego para corporaciones como ACS, FCC, Ferrovial o Martinsa.

La mal llamada cooperación reguladora –otro capítulo del TTIP que se está negociando actualmente– daría al interlocutor comercial e inversor un mayor peso en las fases prelegislativa de los procesos legislativos de la UE, los Estados miembro y los entes locales y regionales, o incluso le permitiría retrasar los procedimientos legislativos exigiendo evaluaciones de impacto de la normativa sobre libre comercio.

Artículo de Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción, publicado en Diagonal.

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