El último gran incendio, el de las peñas de Riglos, avanza sin control habiendo quemado ya más de 15.000 hectáreas. Este se suma al pasado incendio de las Cinco Villas, que arrasó otras 15.000 hectáreas, y sumando otros incendios de menor extensión hacen ya del verano de 2026 el peor de la historia en lo que a incendios forestales en Aragón se refiere.
Más allá del drama humano y natural, de la pérdida de biodiversidad y paisajes y del ingente esfuerzo de equipos de extinción y vecinos, conviene situar que los incendios forestales no son causa sino consecuencia.
Y es que los incendios forestales son una amenaza cada vez más frecuente y destructiva. No aparecen de forma inevitable ni responden únicamente a episodios climáticos extremos: son también el resultado de décadas de abandono del medio rural, acumulación de combustible forestal y ausencia de una política preventiva suficiente.
Hace ya años (2005) que el estudio de los incendios forestales y los espacios rurales permitió a un grupo de profesionales clasificar los mismos por generaciones y una previsión de cómo iban a desarrollarse. La primera generación de IIFF empezó en los años 60 por el éxodo rural y la migración a las ciudades en busca de un futuro mejor. Desde entonces fueron abandonándose los campos, reduciéndose la ganadería extensiva y el aprovechamiento maderero de los bosques, aumentando la masa forestal y, por lo tanto, el combustible, a la vez que el cambio climático provocaba temperaturas más extremas. Esto fue provocando “generaciones” de incendios cada vez más difíciles de afrontar, hasta la 5ª generación, allá por 2010, que supuso el estallido simultáneo de varios grandes incendios, colapsando los servicios de extinción.
Actualmente nos encontramos en la 6ª generación, término acuñado a partir de 2017 tras los eventos climáticos extremos que ocurrieron entonces. donde además de todo lo anterior los megaincendios crean su propio clima. Debido a su virulencia y combustible consumido liberan tanta energía que modifican incluso las condiciones atmosféricas de la zona, creando nubes de tormenta de humo llamadas pirocúmulos que provocan vientos huracanados y tormentas eléctricas que propagan el fuego de forma impredecible, suponiendo un enorme riesgo para todos los equipos de extinción de la zona.
Pero al igual que los expertos han estudiado el desarrollo de los incendios y sus características, también han planteado la forma de abordarlos y las medidas preventivas que deberían adoptarse. Estas medidas incluyen, entre otras, la gestión del paisaje (pastoreo extensivo y silvicultura, alternar bosques con cultivos y pastos, favorecer especies autóctonas) y la planificación climática, aumentando la inversión para los trabajos no solo en verano a la hora de extinguir incendios, sino durante todo el año y especialmente en invierno para prevenirlos.
Entonces, si existe de verdad una forma de prevenir estos incendios, ¿por qué no se hace nada? Principalmente, porque estas medidas entran en colisión directa con el modelo de desarrollo económico que se está imponiendo en el medio rural aragonés y, en general, en toda España.
Frente a la teoría preventiva del mosaico paisajístico, que propone alternar bosque con campos de cultivo y pastos, proliferan masivamente macroparques eólicos, que industrializa y unifica el paisaje. Frente al pastoreo extensivo como forma de simbiosis con el bosque y el entorno natural, Aragón se sitúa a la cabeza de la ganadería intensiva, con macrogranjas de cerdos que resultan mucho más rentables para el capital. Frente a la gestión preventiva de los montes, que requeriría de inversiones sostenidas durante todo el año y permitiría fijar población en las zonas rurales mediante empleos vinculados al monte, el motor económico rural se confía a la instalación de macrocentros de datos que absorben ingentes recursos hídricos y eléctricos, elevando además la temperatura de las zonas colindantes.
Pero no solo es que el desarrollo del capitalismo entra en contradicción directa con toda tarea preventiva y de cuidado de los montes por la búsqueda del máximo beneficio y la anarquía de la producción, sino que además, en esa búsqueda voraz, denigra y explota hasta límites extenuantes a los bomberos forestales que verano tras verano se ven en primera línea de fuego con incendios que cada vez están más allá de la capacidad de extinción.
Estos trabajadores, cuya labor social es incalculable, apenas cuentan con equipos de protección individual adecuados y sufren una falta de plantilla y medios a todos los niveles. Afrontan jornadas laborales que superan las veinte horas sin que se respeten los descansos mínimos, y todo ello por un salario base que apenas supera el salario mínimo interprofesional.
Hubo quienes defendieron que la Ley Básica de Bomberos Forestales, aprobada en 2024, solucionaría sus problemas. Sin embargo, ni siquiera se está cumpliendo la ley: no tienen reconocidas adecuadamente su categoría profesional ni las enfermedades profesionales asociadas a su trabajo, así como penosidad y toxicidades y no toda la plantilla está contratada durante todo el año.
Ante esta situación extrema, los bomberos forestales de Aragón se están movilizando y han convocado huelga a partir del 18 de agosto. Será una huelga especialmente dura pues tendrán que afrontar movilizaciones y medidas de presión al mismo tiempo que soportan una carga de trabajo colosal. Pero es también una lucha imprescindible para dignificar a un colectivo que, año tras año, demuestra su altísima profesionalidad.
La DGA y SARGA pretenden dilatar la negociación, esperar a que pase el verano y el foco mediático deje de apuntar hacia los incendios forestales. Por eso el conjunto de la clase obrera y del pueblo aragonés tiene el deber (y también la necesidad) de apoyar la lucha de los bomberos forestales, que es la lucha de todos, y construir una organización capaz de situar el interés general como prioridad absoluta, donde el paisaje y el territorio sea patrimonio de los aragoneses y no de empresas energéticas, cárnicas y tecnológicas.
Por un Aragón vivo, que viva la lucha de los bomberos forestales.
