La plantilla de Taim Weser vuelve a atravesar o sigue atravesando (porque nunca se ha acabado) una situación complicada. Hace unos dos años, la plantilla estuvo cerca de cuatro meses realizando protestas diariamente en la puerta de la empresa. Entonces, les llegaron a adeudar hasta seis nóminas. Actualmente, a los trabajadores y trabajadoras les deben desde diciembre, es decir cuatro meses si contamos marzo. Eso sin contar los atrasos que se les debe.
Según el comité de empresa, de una plantilla de 260 ahora han pasado a ser 140 porque se ha marchado mucha gente denunciando por incumplimiento de pagos y consiguiendo el despido procedente. Los tribunales les están dando la razón a estas denuncias pero la empresa “utiliza artimañas para no pagar y no está pagando”, informan fuentes del comité de empresa.
La plantilla también denuncia un “inmovilismo del comité de empresa protagonizado, sobre todo, por UGT". “Parece que la gente que se ha quedado ahí es cercana a la dirección” y por eso cuesta tomar medidas para denunciar la situación que sufre la plantilla actualmente.
De hecho, acaban de despedir a otro trabajador del comité de empresa de Taim Weser, sindicalista de CCOO. Según informan fuentes a AraInfo, la parte de a las oficinas tiene mayoría de representación de UGT y la parte de taller, de CCOO, que cada vez están más en minoría. UGT ostentan los cargos de presidencia, secretario y la delegación de prevención. “Están puestos como aquel que dice por la empresa”, se quejan.
El personal se ve actualmente “asfixiado” y abocado a “pedir ayuda a familiares”. “No podemos hacer otra cosa que subsistir”, dicen desde el comité. La única fe que tienen es que los últimos juicios demuestran que la empresa “esconde sus cuentas auditadas”.
De hecho, la empresa tiene carga de trabajo pero no la puede llevar a cabo debido a las dificultades de financiación. Los proyectos son de un montante bastante importante y hay que hacer un desembolso inicial del cual la propia empresa no dispone. “Para que las entidades bancarias te den crédito tú tienes que presentar unos avales que realmente la empresa no puede presentar”, afirman desde CCOO.
El servicio de abogados ya anunciaba a la plantilla que la empresa estaba abocada al concurso de acreedores, lo que ha ocurrido este miércoles. Según fuentes del comité, la empresa dice que ha llegado a un acuerdo con el principal acreedor pero el personal ha conseguido la documentación que ha entregado este acreedor en los juzgados, que señala que la empresa está en quiebra.
De hecho, varias fuentes informan de que la empresa está desde hace tiempo en quiebra técnica. Al parecer, las cuentas que la empresa está obligada a auditar llevan sin presentarse desde el año 2020. “Realmente no sabemos cuál es el estado de la empresa”, afirman representantes del comité. Sí que saben que la empresa tiene una deuda de alrededor de 50 millones de euros, entre acreedores, entidades bancarias, personal, pagos que tiene que hacer de indemnizaciones a trabajadores y trabajadoras...
La empresa dispone de un plan de viabilidad que le ha hecho una empresa externa. Sin embargo, “no le ha dejado auditar nada”, es decir, “ha trabajado y ha hecho el plan con lo que la empresa propia le ha dicho, algo que tampoco tiene mucho sentido”. “Hay que decir las cosas como son. Vender esto ya no tiene ninguna clase de sentido, la verdad”, se queja personal del comité de empresa.
Manuel Teruel, además de presidente de la empresa, también presidió la Cámara de Comercio de Zaragoza durante 20 años, hasta junio de 2022.
Casi tres años de conflictos laborales
La situación de la plantilla se ha visto agravada sobremanera desde 2020, después del ERTE por Fuerza mayor al que tuvieron que acogerse a causa del COVID-19. En noviembre de 2021, AraInfo ya se hacía eco de que entonces a los trabajadores y trabajadoras se les debía cuatro nóminas y más de dos años de salarios atrasados.
En el último trimestre de 2020, la compañía ya presentó un preconcurso de acreedores que finalizó con un acuerdo con las entidades de crédito, hecho que, según CCOO, “debía haber dado capacidad a los gestores y un balón de oxígeno a renegociar las deudas, pero en la práctica y transcurridos 11 meses no ha sido tan eficaz como se preveía y la plantilla sin cobrar sigue con incertidumbre su futuro”.
Parte de la plantilla y ante los incumplimientos procedió en 2020 a reclamar las nóminas e incluso la rescisión de sus contratos ante el juzgado, pero ante la tardanza en los procedimientos judiciales, más de 30 personas optaron por abandonar la empresa con deudas de cuatro meses y sin indemnizaciones.
