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El incendio de las Cinco Villas como prueba de la mala gestión política

Las 14.000 hectáreas consumidas por las llamas en las Cinco Villas son la muestra de una política de prevención de incendios recortada y con intereses personales.
| 8 julio, 2015 07.07

Es tremendamente comprensible la tristeza de quienes habitan las poblaciones afectadas por el gran incendio que asoló las Cinco Villas durante 72 horas. Comprensible el dolor de quienes han visto de cerca el infierno.

No sirve de nada el lamento si no tiene un motivo de ser. Desde este texto quiero lamentar la pérdida medioambiental y de cosechas. Lamento el miedo sufrido por las gentes de las Cinco Villas. Pero lamento mucho más que esta situación se vea agravada por la intencionada dejadez de las autoridades medioambientales y territoriales.

Estas administraciones llevan años jugando con el mantenimiento de nuestros montes en beneficio de unas empresas públicas que se comportan como privadas. Tragsa o Sarga, son dos de esas empresas, que mientras obtienen beneficios económicos sustanciales, recortan en prevención de incendios, una de las labores que tienen asignadas desde el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (Magrama).

Tragsa es una de esas empresas públicas, que pertenecen a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que tiene al sector público como único cliente. Una empresa pública que se permitió en el año 2013 activar un ERE mientras obtenía beneficios. Una empresa que económicamente empeora por sus inversiones en activos financieros y no por sus servicios. Sin embargo, son esos servicios los que se recortan.

Sarga es también una empresa pública, en este caso dependiente del Gobierno de Aragón. Nacida de la fusión de Sodemasa y Sirasa, controladas por PAR y PSOE respectivamente, y que generaron unas pérdidas que la recientemente creada Sarga no parece que vaya a paliar.

Redes clientelares, contrataciones de amigotes, y consejos de administración excesivamente politizados.  Ese es el resumen de la gestión de estas empresas. El Partido Popular, rehén del PAR, su compañero en el gobierno, lejos de limpiar esos lodos, heredados sobre todo de Sodemasa, colocó a Modesto Lobón, ex del PAR y actual del PP, al frente de la empresa pública que gestiona los retenes.

Mientras, los verdaderos trabajadores cada vez peor

La Brigada de Refuerzo para Incendios Forestales (BRIF) de Daroca, tardó más de tres horas en llegar, en coches, al lugar del incendio en Luna. Un trayecto que en helicóptero se podría haber realizado en media hora. Es tan solo un hecho, pero resume la situación de los que, hoy por hoy, son los bomberos forestales a cargo del Magrama.

Muchos meses llevan las BRIF denunciando su situación laboral. Sueldos que menguan, EREs ilegales, instalaciones deterioradas y helicópteros que no llegan. Esa es la situación en la que se ven obligados a trabajar quienes acuden a primera línea de fuego en los incendios forestales.

Rebajas de sueldo que rondan el 50%, en la actualidad un BRIF no cobra más de 800 euros, pluses por incendio de 3€ al día, o la contratación por once meses para luego volver a ser contratados, y disfrutar su mes de vacaciones a costa del subsidio del paro, son las condiciones económicas con las que ven premiado su arriesgado trabajo. Otros no llegan ni a eso, y son únicamente contratados para la campaña, cuando la Ley de Montes exige que los trabajadores forestales estén contratados al menos diez meses al año.

La aragonesa Sarga, no está a la zaga de Tragsa. Mientras los nueve consejeros de la empresa Sarga, se embolsan 499.000€ en sueldos anuales, los trabajadores forestales de Sarga tampoco llegan a ser mileuristas. Como los BRIF, no tienen reconocida la categoría de bomberos forestales, por lo que sus contratos, en muchos casos eventuales, suelen ser con la categoría de trabajadores de explotación agraria. Son los conocidos como retenes, y sufren como sus compañeros de la empresa estatal Tragsa los recortes continuos, mientras ven engordar a consejos de administración puestos a dedo.

Los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN), son funcionarios contratados todo el año. Los conocidos como forestales. Sus labores pasan por control de caza y pesca, caminos, montes y también la extinción de incendios forestales. Son ellos quienes coordinan las labores a realizar y los primeros que acuden a un incendio. Sus sueldos, más altos que los de sus compañeros contratados precariamente por empresas públicas, superan los 1000€ y sus reivindicaciones no son salariales, sino que pasan por la sustitución de vehículos y motobombas, en muchos casos obsoletos, y por lo que consideran una falta de reconocimiento de unas administraciones que parecen volcadas con el cuerpo más mediático que puede acudir a un incendio forestal la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La UME es un cuerpo militar creado por el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Es una de las joyas de la corona del ejército y como tal se le trata, militar, política y mediáticamente. Disponen de los medios más avanzados y el mayor número de personal, pero son movilizados únicamente para grandes incendios. Tienen la rigidez típica del ejército, sin embargo, la extinción de incendios forestales no es su única labor, algo que no juega en su favor.

Desde todos los colectivos de extinción de incendios forestales existen voces que critican con rotundidad la UME. Poca experiencia en la extinción de incendios, poca versatilidad, trabajo muy jerarquizado que les imposibilita en muchos casos atender a las órdenes del Director de extinción, que el caso de Aragón es siempre un APN. En definitiva un cuerpo militar para una labor civil. Rígidos batallones de infantería para la guerra de guerrillas que supone un gran incendio forestal.

La actuación de la UME suele ser menos efectiva que mediática. Cientos de soldados y materiales de alta tecnología son desplegados por las zonas gracias a un presupuesto desorbitado en comparación con los APN, retenes de Sarga o BRIF. En el año 2014 la UME recibió una dotación de 136 millones de euros. Unos millones de euros que no incluyen el uso de hidroaviones y helicópteros, que este cuerpo utiliza, pero que pertenecen al Magrama. Una partida económica al medioambiente que termina en manos militares.

Voces críticas con la UME aseguran que es un cuerpo que viene a desplazar a quienes se han dedicado a la extinción de incendios profesionalmente desde el mundo civil, y achacan a este objetivo la precaria situación laboral en la que se ha dejado a retenes y BRIF.

Una precarización que contribuye a que muchos de los involucrados en los incendios forestales sean novatos en la extinción, pues se han incorporado a un retén recientemente supliendo las bajas de compañeros que no pueden soportar las precarias condiciones laborales, o simplemente son contratados eventualmente para la campaña.

En definitiva una gran variedad de colectivos que se involucran en la extinción de incendios, con coyunturas económicas y organizativas muy distintas, que dependen de un Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, que también difiere según territorios.

En lo que están de acuerdo todos los trabajadores involucrados en la extinción de incendios, es que el gasto que originaría una mejor prevención, sería mucho menor que la carísima extinción, sin contar con la perdida medioambiental y económica que supone un incendio.

Prevención mejor que extinción

Abordando el tema de la prevención surgen muchos argumentos. La despoblación del medio rural, la falta de poda y tala en muchos casos, la limpieza del monte y la industrialización de la ganadería abandonando el pastoreo, son algunos de los que nos nombran tanto trabajadores forestales como ingenieros de montes.

Desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) apuntan en la misma dirección. En su informe anual sobre incendios forestales de 2014, esta organización no duda en reconocer que en el Estado español somos buenos apagando incendios. Sin embargo, desde 2012 el presupuesto en prevención destinado por el Magrama ha descendido en un 73% con respecto a lo que se invirtió en 2008 y 2009.

Parece pues que a las autoridades poco les interesa esta prevención, que podría suponer una mayor facilidad de cara a enfrentarse a futuros incendios, y un sustancial ahorro en el mayor gasto forestal que tienen la administración, el de la extinción. Un gasto que multiplica por más de tres la inversión en prevención. Según WWF en los últimos 20 años un 65% de la inversión se ha dedicado a la extinción, un 23% a prevención y un 13% a restauración.

En Aragón, en los últimos doce años el gasto en prevención de incendios ha descendido a la mitad, lo que contrasta con la situación que nos coloca como uno de los territorios con mayor número de Grandes Incendios Forestales (GIF) del Estado español.

Pareciera que la crisis nos ha llevado a esta situación de precariedad, sin embargo, el gasto en extinción continúa en aumento paulatino, en 2013 se gastaron directamente en extinción más de 60 millones de euros, pero esa es una cifra que no contempla el total económico. A la extinción hay que sumarle las pérdidas que originan estos incendios. De media en el Estado español arden unas 116.000 hectáreas anuales, lo que en términos de explotación económica del bosque (madera, papel, pastos, caza, corcho…) supone unas pérdidas de 425 millones de euros anuales. Sin sumar el gasto en extinción y el posterior en restauración.

Unas restauraciones que en muchas ocasiones también se ven influenciadas por el desmán político, para el que parece que restauración es únicamente sinónimo de reforestación. Sin embargo, está comprobado que la reforestación con monoespecie, como el eucalipto o alguna variedad de pino, no hace sino empeorar el estado de los montes de cara a un nuevo incendio, ayudando a propagaciones con mayor velocidad.

El GIF iniciado en Luna prendió más de 14.000 hectáreas, aproximadamente la décima parte de la masa forestal que se quema en el estado en un año, y se ha convertido en uno de los incendios históricos de Aragón.

Evitar este tipo de incendios pasa por un mayor gasto e inversión en prevención que pueden incluir diversos sectores como fomentar la trashumancia y el retorno al medio rural. Pero mientras ese es un proceso a largo plazo, existen otras labores que se pueden afrontar de forma inmediata, como disuadir comportamientos peligrosos, limpiar los bosques, potenciar el uso de residuos forestales como combustibles y establecer un modelo de restauración que respete la masa forestal autóctona.

Unos trabajos de prevención que deben ser realizados por profesionales forestales, que pueden compaginar esas labores con las propias de la campaña de extinción de incendios, que lamentablemente son inevitables. Unos trabajadores y trabajadoras que sean especialistas en nuestros bosques, y que trabajen bajo condiciones dignas. A ser posible evitando intermediarios que engorden a obtusos consejos de administración.

8 julio, 2015

Autor/Autora

Redactor. Integrante del Consello d’AraInfo. @maconejos


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