Altavoz

El impuesto de contaminación del agua

Mariano Mérida Salazar, es miembro de la Red de Agua Pública de Aragón
| 3 diciembre, 2015 12.12

La noticia dada por el consejero de Hacienda de que libraba a Zaragoza del 60% del pago del Impuesto de contaminación del agua puede parecer buena, pero analizada con atención es claramente lesiva para los zaragozanos que en el 2016 vamos a tener que pagar, como mínimo, más de 506 millones de euros en nuestros recibos de agua por encima de lo que ya estamos pagando.

Lesivo también porque no se contempla pago alguno por la capitalidad de Zaragoza y porque no tienen en cuenta las inversiones que hay que hacer en el ciclo del agua en la ciudad de Zaragoza que son del orden de 40 a 60 millones de euros. Estas cifras las conoce bien  el Consejero de Hacienda. Ni siquiera queda claro que esos millones de euros que van a pagar los zaragozanos y  que entran en la caja común del Instituto Aragonés del Agua, servirá  para realizar  algunas de las inversiones que en el tema del agua tiene que hacer la ciudad, o solo servirá para financiar los beneficios de la empresa privada en el mantenimiento del resto de depuradoras de Aragón.

En este panorama, desde la RAPA- Red de Agua Pública de Aragón-, habíamos exigido una moratoria hasta que quedasen  claras las cuentas que la auditoría que se tiene que hacer  sobre el Plan de Saneamiento de Aragón – PDSA. Es una irresponsabilidad, sin tener claro estas cuentas, establecer las cuotas para su financiamiento.

Pero es más, todo este edificio se está construyendo ignorando a los Ayuntamientos como sujetos pasivos y sin la capacidad de recaudación que estos han tenido hasta este año 2015.

El modelo actual del ICA está instaurado de manera que la mayoría de los municipios no tienen ninguna competencia en materia de depuración, porque se las han cedido al IAA, y éste tiene una expectativa de ingresos que es independiente de la mayor o menor eficiencia en la gestión del saneamiento.  En ese contexto, si el gobierno autónomo necesita más financiación, lo que hace es aumentar las tarifas del impuesto, provocando un incremento de la presión fiscal sobre los ciudadanos.

La evolución de las tarifas del ICA a lo largo del tiempo (antes «canon de saneamiento») hace que los ayuntamientos miren con zozobra y preocupación el futuro: en el año 2005 las tarifas se duplicaron respecto a las aprobadas inicialmente en 2001; hasta 2012 se incrementaron un 23% más; y, finalmente, en 2014 se volvieron a incrementar un 11,6%. Por si eso fuera poco, el borrador del PASD prevé incrementos futuros de las tarifas del ICA del 7,5% en 2017, del 5% en 2019, del 2,75% en 2022 y del 6,25% en 2025.

Por tanto, estamos inmersos en un modelo que deja a un lado a los municipios que son los titulares de la competencia, que no contiene ningún incentivo para mejorar la eficiencia del sistema y que, además, puentea a los ayuntamientos en la recaudación del impuesto, limitando su capacidad financiera y su capacidad impositiva sin que puedan hacer nada al respecto. En Zaragoza se está obligados a repercutir a los ciudadanos el ICA en estricta aplicación de las tarifas del impuesto, que no son progresivas y destruirían toda la política de gestión de la demanda que se viene haciendo desde hace más de 10 años y que tan buenos resultados ha dado.

Ante esta situación, todavía se está a tiempo de evolucionar hacia un modelo que invierta esas tendencias, basado en la firma de convenios económicos y de gestión con cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma, de manera que se apliquen las mismas tarifas en todo el territorio aragonés, huyendo de «tarifas especiales» que solo provocan agravios comparativos; en el que se establezca de manera global por municipio el «rendimiento bruto» del ICA por aplicación de esas tarifas; y se determine si la cantidad resultante cubre o no los costes de depuración del municipio. Caso de cubrirlos, el superávit se debería distribuir entre el propio municipio y el IAA para atender las necesidades de inversión y mantenimiento, en el caso del ayuntamiento, y compensar los municipios con déficit así como inversiones complementarias del PASD, en el caso del IAA.

En ese contexto, tanto los municipios como el IAA estarían interesados en ser lo más eficientes posibles para liberar la mayor cantidad posible del impuesto recaudado a los efectos del reparto previsto, sin tener que incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos.  Los municipios que lo creyeran oportuno podrían recuperar sus competencias en materia de depuración y los que consideraran que no tienen capacidad suficiente, podrían seguir delegándolas en el IAA. y el IAA sólo tendría que gestionar un «padrón» de 731 obligados tributarios (tantos como municipios en Aragón) y no de 700.000 tributarios como el modelo actual le obliga.

Estamos en manos de nuestros políticos para reconducir hacia la excelencia lo que hasta ahora ha sido un cúmulo de despropósitos que han dilapidado cantidades ingentes de recursos públicos provenientes del bolsillo de todos los aragoneses. Hay tiempo. Solo hay que querer hacerlo.

3 diciembre, 2015

Autor/Autora

Exprofesor del Colegio Lestonnac.


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