El Gobierno de Buj lleva desde 2017 retrasando la creación del Consejo Sectorial de Servicios Sociales

El concejal de Espacio Municipalista por Teruel, Zésar Corella, al que no le costa que desde esa fecha se haya avanzado en el reglamento ni en la constitución del Consejo, intentó impulsarlo de nuevo sin éxito en abril de 2020, y posteriormente, en octubre de 2020

Consejo
Emma Buj. Foto: Ayuntamiento de Teruel.

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel debatirá la propuesta de Espacio Municipalista – EMT por la que se insta a la alcaldesa Emma Buj a “impulsar los trámites para constituir el Consejo Sectorial de Servicios Sociales”, además la formación propone que “se encargue a los servicios técnicos municipales la redacción de un borrador de Reglamento” así como el “inicio de los trabajos correspondientes” para su puesta en marcha en la Comisión Informativa de Servicios Sociales.

El Pleno ordinario de febrero de 2017 acordó por unanimidad su creación, pero sin embargo no se han dado pasos efectivos desde entonces para su constitución.

El concejal de la formación Zésar Corella, al que no le costa que desde esa fecha se haya avanzado en el reglamento ni en la constitución del Consejo, intentó impulsarlo sin éxito en abril de 2020, y posteriormente, en octubre de 2020. La propuesta fue registrada para que fuese tratada en la Comisión de Servicios Sociales, donde finalmente se hizo el apartado de ruegos y preguntas.

El acta de la sesión recoge el asunto, en la que la respuesta dada a la creación del Consejo de Servicios Sociales por parte de la concejala delegada Nuria Tregón fue un escueto “se estudiará”, indica el concejal municipalista.

Zésar Corella denuncia que “han pasado más de seis meses desde que se anunciara el estudio de la propuesta, y otros seis más desde que presentamos la iniciativa sin que tengamos respuesta alguna” por lo que consideran que ya han dado “tiempo más que suficiente como para actuar o informar de las actuaciones” y por este motivo llevan el Consejo al Pleno.

“La articulación de mecanismos que hagan posible valorar, junto a todos los actores implicados, el grado de cobertura y funcionamiento en cuanto a derechos sociales se refiere es positivo y no existe justificación para esta desidia”, concluye Corella.

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