LA MAREA | Diecisiete años de cárcel para Iñaki Urdangarin. Esa es la pena que el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach prevé pedir en su escrito de acusación para el duque de Palma, en el marco del caso Nóos, por los delitos de malversación, falsedad documental y delitos fiscales. Horrach también tiene previsto pedir que se retire la imputación a la infanta Cristina, en el caso que cuando presente el documento, el juez Castro aún mantenga acusada a la hija del Rey. Aun así, reclamará a Cristina de Borbón 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Para el expresidente balear, Jaume Matas, solicitará entre 5 y 7 años de prisión por fraude a la Administración. Además, el fiscal contempla llevar a juicio a otros excargos públicos de la Generalitat y el ayuntamiento valencianos, así como miembros de empresas de la Administración valenciana: Elisa Maldonado, Luís Lobón, Jorge Vela, Ángeles Mallent, y el publicista Miguel Zorío.
La pena que solicitará Horrach para el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, será de 15 años de reclusión, por los mismos delitos que le imputa a Urdangarín. El asesor fiscal y cuñado de Torres, Miguel Tejeiro, que diseñó las sociedades pantalla de las que se valió la trama para desviar el dinero, también cargará con una petición de 17 años de prisión.
Responsabilidad por Aizoon
Si su marido es condenado por desvío de fondos, la infanta debería afrontar, según el fiscal, la indemnización de 600.000 euros al ser copropietaria al 50% de la sociedad Aizoon, la empresa que se habría beneficiado del dinero ilícito de Nóos. Aun así, después de declarar ante el juez el pasado 8 de febrero, el fiscal no contempla encausarla.
El fiscal no acusará a varios de los encausados, entre ellos el secretario personal de las infantas Carlos García Revenga. Entre los delitos imputados a todos los acusados están el de fraude a la Administración, falsedad, delito contra la Hacienda Pública, prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. En el caso de que los acusados reconocieran su culpabilidad y devolvieran el dinero supuestamente desviado, el ministerio público reduciría las penas solicitadas.
