El embalse de Almudébar no debió ser declarado de Interés General

El informe de viabilidad económica del embalse de Almudébar no contempló el enorme coste del bombeo, pese a ser imprescindible para la declaración de interés general de la obra y su financiación pública. Fue aprobado por Federico Ramos de Armas, encarcelado por el “Caso Acuamed”

Imagen del proyecto de Sogeosa.

La vigente Ley de Aguas española (Real Decreto Legislativo 1/2001) establece, en su artículo 46.5, que "con carácter previo a la declaración del interés general de una obra hidráulica, deberá elaborarse un informe que justifique su viabilidad económica, técnica, social y ambiental, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación de los costes".

En el caso del embalse de Almudébar, el informe de viabilidad económica, aprobado en 2012 y disponible en la web del Ministerio de Agricultura, en su apartado séptimo "análisis financiero y de recuperación de costes", no consideró ningún gasto energético de explotación anual, pese a que es un embalse que se llena íntegramente mediante bombas hidráulicas conectadas a la red eléctrica, con un enorme caudal de bombeo de 24 toneladas de agua por segundo.

La imagen que ilustra este artículo es una captura del cuadro del informe, aprobado en 2012, donde se considera nulo el gasto energético (página 46 del informe de viabilidad). A partir de la anulación del enorme coste energético, el informe concluye que la obra es viable económicamente, lo cual da vía libre a la declaración de interés general de la obra y a su financiación con dinero público.

El embalse de Almudébar, con un presupuesto base de licitación de 190 millones de euros, tiene una capacidad proyectada de 170 hectómetros cúbicos que se llenan íntegramente mediante bombeo, por lo que el principal coste de explotación sería el enorme coste energético asociado al bombeo, pero no se tuvo en cuenta en el preceptivo informe de viabilidad, que se aprobó en 2012.

En el posterior proyecto del embalse, sometido recientemente a exposición pública, se calculó el coste del bombeo en unos 2 millones de euros anuales sin contar el IVA y otros conceptos menores, por lo que realmente se podría situar alrededor de 2,5 millones de euros anuales, suponiendo que los precios de la electricidad no aumenten en el futuro.

En el cálculo, se tuvieron en cuenta los ingresos procedentes del turbinado del agua durante el vaciado del embalse, por lo que los 2,5 millones de euros son un coste neto anual de explotación del embalse que no se tuvo en cuenta en el informe de viabilidad económica y que debió sumarse a los 1,2 millones de euros que se establecen como costes anuales de explotación por administración, gestión y mantenimiento.

Por tanto, el informe de viabilidad económica del embalse de Almudébar podría ser incorrecto y el artículo 46.5 de la Ley de Aguas, que pretende garantizar la viabilidad económica y la recuperación de costes de las obras hidráulicas, podría no estar siendo respetado. En consecuencia, sería también incorrecta la declaración de interés general de la obra hidráulica basada en este informe. La recuperación de costes figura también como uno de los principios de la Directiva Marco del Agua, que establece en su artículo 9 que “los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua”.

El informe de viabilidad económica del embalse de Almudébar fue presentado en el año 2012 por la Confederación Hidrográfica del Ebro y fue aprobado por Federico Ramos de Armas, que dimitió recientemente de su cargo de Subsecretario de Presidencia del Gobierno y fue encarcelado por su implicación en el llamado “caso Acuamed”, en el que se investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hidráulicas y medioambientales entre 2007 y 2014. Ramos de Armas era en aquella época Secretario de Estado de Medio Ambiente, lo cual le convertía en director de la empresa pública Acuamed y también de Acuaes, que está a cargo del proyecto de embalse de Biscarrués, vinculado al de Almudébar.

Así, en el año 2012, Ramos de Armas aprobó con su firma el informe de viabilidad económica del embalse de Almudévar en el que no se contemplaron los enormes costes energéticos del bombeo. En el año 2013, Ramos de Armas también firmó con el presidente de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, el protocolo para la redacción del proyecto de construcción de la presa de Biscarrués, una obra considerada complementaria del embalse de Almudébar.

También firma el informe de viabilidad del embalse de Almudévar la Directora General del Agua, Liana Ardiles López, que podría estar implicada en el Caso Acuamed a tenor de diversos correos electrónicos y testimonios que constan en las diligencias judiciales.

Una de las empresas adjudicatarias del proyecto del embalse de Almudébar es Sogeosa, cuyo nombre ha sido vinculado también con el Caso Acuamed porque se le adjudicó, por 34,9 millones de euros, una de las obras bajo sospecha judicial.

Otra empresa adjudicataria del embalse de Almudébar es Sacyr, que redactó el proyecto con posibles errores técnicos importantes en el cálculo de costes y en el planteamiento del llenado. Su ex director Luis del Rivero figuró como investigado en el escándalo de la caja B del Partido Popular, descubierto con los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas pero, no fue procesado por donar 480.000 euros al PP porque el delito había prescrito.

[alaya_toggle status="on" title="César González Cebollada"]es profesor en la E.P de Uesca, Universidad de Zaragoza, en el Área de Mecánica de Fluidos[/alaya_toggle] 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies