En el Colegio Público Comarcal de Educación Infantil y Primaria Campo de Borja en lo que llevamos de curso no se ha cubierto la plaza de enfermería ni de la fisioterapeuta adscrita a este centro que forma parte del sistema de educación inclusiva y que cuenta entre su alumnado con personas con discapacidad que tienen necesidades educativas especiales.
Esto quiere decir que dichas necesidades no han estado cubiertas en lo que llevamos de curso lo que se traduce en la práctica en que los niños que necesitan estos servicios no los han tenido, suponiendo en algún caso la imposibilidad de acudir a la escuela, y menoscabando su integridad y la efectiva inclusión que proclama el art 71 de la LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre.
El derecho a la educación inclusiva está recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, estableciéndose que corresponde a las administraciones educativas asegurar un sistema inclusivo en todos los niveles. En esta línea, la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón recoge en su artículo 13 que las administraciones públicas velarán por el mantenimiento de unos servicios de atención adecuados, tanto en zonas rurales como urbanas, garantizando la dotación de los medios, apoyos y recursos acordes a sus necesidades personales que permitan su acceso y permanencia en el sistema educativo con el objetivo de conseguir la plena inclusión.
Los medios no se han dotado. Desde el Servicio Provincial de Educación, no se han hecho los deberes. En septiembre porque la lista derivada de procesos selectivos estaba agotada o bien porque en los llamamientos las plazas a cubrir no eran atractivas para los integrantes de tales listas y procedían a rechazar la candidatura.
Dejando para otro momento el análisis de por qué muchas plazas de servicios públicos en el mundo rural no se cubren o cuesta muchísimo hacerlo porque no son atractivas laboralmente, desde septiembre hasta noviembre nos lo hemos pasado tirando pelotas de un tejado a otro a ver quién le ponía el cascabel al gato. El caso es que, en noviembre, y gracias al trabajo incansable del equipo directivo del centro que ha ido llamando a todas y cada una de las puertas posibles donde se podía dar solución al problema, hemos conseguido que se realizase un procedimiento selectivo ad hoc para cubrir las plazas del centro de Borja, y finalizado este, con los resultados y los candidatos ordenados, a la espera de que les llamen para cubrir tales plazas, a día de hoy no se ha realizado el llamamiento pertinente, por lo que las personas usuarias de dichos servicios siguen desamparadas.
No es de recibo el abandono al que se está sometiendo a estas personas y sus familias cuya condición de menores y de personas con discapacidad las hace doblemente vulnerables sin contar con que se puedan dar otros condicionantes que incrementen aún más la brecha social a la que se enfrentan a diario. Tener discapacidad y vivir en el mundo rural no debería de ser un problema. Garantizar que los recursos de una educación integrada lleguen por igual al alumnado del medio rural y de las capitales debería de ser prioritario para los poderes públicos.
La atención específica a las personas con discapacidad por parte de las administraciones es una obligación que se recoge en numerosas normas del ordenamiento jurídico, entre ellas la propia Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Aragón. Pero todo esto, que queda muy bien en las normas, no se traduce en una realidad efectiva, no al menos en este caso, y hasta este momento, porque como muy bien reivindicaban los propios alumnos y alumnas en las redes sociales del centro, sin recursos no hay inclusión.
