Con esta frase resume Susana la experiencia vivida por su hija, de 26 años, que fue llamada a comienzo de verano desde la bolsa del Salud para cubrir una plaza de pinche de cocina en el Hospital San Jorge de Uesca: “Aragón presume de inclusión, pero aquí se están saltando la normativa constantemente para que mi hija no trabaje”.
La familia, acostumbrada a luchar cada día para que la discapacidad no se convierta en una barrera infranqueable, acudió a Recursos Humanos para comunicar su situación y garantizar que se aplicaran las adaptaciones previstas por ley. “Solo quería asegurarme de que se le aplicaran las adaptaciones necesarias. Nada más. Ese es el papel de una madre: acompañar, proteger y pelear por sus derechos”, relata.
El procedimiento continuó por los cauces habituales: el servicio de Salud Laboral emitió un documento de adaptación del puesto, como exige la normativa estatal y nacional en materia de empleo público e inclusión. Estas adaptaciones —que pueden incluir tiempos de aprendizaje ajustados, supervisión pautada o apoyos iniciales— existen para asegurar que todas las personas puedan desempeñar su trabajo en igualdad de condiciones. No son concesiones especiales: son derechos. En este caso, el informe fue claro y favorable.
Pero el hospital no aplicó ninguna de estas medidas. Cuatro días después de su incorporación, la joven fue expulsada del puesto. Y lo que agravó la situación fue que también la eliminaron de la bolsa de empleo. “De un día para otro la echaron a la calle. No solo del trabajo: la borraron de la bolsa, como si hubiera cometido una falta. Y no nos dieron una explicación real”, denuncia Susana, que tuvo que acudir a Zaragoza para exigir que se revisara la penalización, que finalmente fue retirada.
Sin embargo, la madre asegura que el Hospital San Jorge de Uesca no ha vuelto a llamar a su hija, aun figurando en listas por méritos propios, pues tiene la formación profesional de hostelería y el máximo de puntos en cursos realizados, sin embargo, han puesto obstáculos que impiden su contratación. Para ella, lo que está ocurriendo no es una anécdota: es una manera de operar que excluye a personas con discapacidad intelectual. “La han echado y después, han querido justificarse modificando el informe que señala que es apta para realizar trabajo”. El hospital San Jorge están discriminando a las personas con discapacidad intelectual y la administración mira para otro lado.
Esta realidad contrasta con la imagen de Aragón como país referente en políticas inclusivas. Aun cuando este pasado 14 de diciembre se han realizado las oposiciones para pinche de cocina del Salud, con 20 plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, Susana sostiene que la igualdad de oportunidades es solo aparente: “Las preguntas son las mismas para todos los opositores, pero resultan especialmente complejas para las personas con este tipo de discapacidad, pues no entienden muchos de los enunciados. Las adaptaciones del examen no se ajustan a lo que necesitan y, aunque entren en listas por méritos propios, como es el caso de mi hija, luego no les dejan trabajar”.
Para Susana, la verdadera lucha no está en un papel de apto, sino en los 365 días del año. “El papel de apto es solo un día. La lucha por la inclusión es todos los días. Las familias de personas con discapacidad lo sabemos bien: acompañar no es un trámite, es una vida entera”, afirma. Por eso insiste en que el Salud está obligado a adaptar los puestos de trabajo. “Adaptar la inclusión es mejorar todos los puestos de trabajo. Adoptar medidas de inclusión es construir una sociedad más preparada. Cuando la gerencia no está preparada para los retos de esta sociedad, las instituciones se alejan de quienes deberían servir”.
“Las propias asociaciones de discapacidad ofrecen información y acompañamiento a las empresas y trabajadores que apuestan por la inserción laboral de este colectivo, como es el caso de los supermercados Alto Aragón, donde trabaja mi hija desde hace 4 años, pero la administración no se ha planteado realizar un convenio con ellas” nos recalca.
La denuncia de Susana no es únicamente una demanda personal: es un recordatorio de que la inclusión no es un discurso, sino una práctica cotidiana que debe sostenerse con recursos, formación y voluntad política.
El caso de Susana revela una brecha dolorosa entre la promesa institucional y la vida real. Mientras el Gobierno de Aragón exhibe su compromiso con la inclusión, la práctica demuestra que demasiadas familias siguen luchando solas contra un sistema que no cumple sus propias obligaciones. Si el Salud quiere ser referente, debe garantizar que la discapacidad no sea motivo de exclusión, sino de adaptación. La inclusión no es un eslogan: es una responsabilidad pública. Y Aragón solo podrá llamarse una sociedad justa cuando esas responsabilidades se cumplan todos los días, para todas las personas.
La respuesta recibida desde el Salud
Nos dicen que la persona fue contratada mediante llamamiento a través de la bolsa de trabajo temporal del Servicio Aragonés de Salud para una sustitución de verano, pero se suspendió su contratación al comprobar que no poseía la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la categoría contratada.
Además, que en la cocina del Hospital Universitario de San Jorge de Uesca, no existen tareas que puedan ajustarse a sus circunstancias, dado que aun implementando las limitaciones y adaptaciones que consta en el informe de Salud Laboral, no se asegura una eficaz protección de la trabajadora dada su situación de especial sensibilidad. El Servicio Aragonés de Salud como empresa, debe garantizar de manera específica la protección eficaz de las personas trabajadoras y en especial, aquellas consideradas especialmente sensible dada sus características particulares evitando su exposición a situaciones de riesgo.
El caso también ha llegado a Inspección del Trabajo y a la Chusticia d’Aragón. Inspección de Trabajo recomendó en este caso aplicar la Guía Básica y General de Orientación de Vigilancia de la salud para la prevención de Riesgos Laborales donde se permite esta no contratación cuando no es posible una adaptación al puesto y existe una probabilidad alta de daño a la salud del trabajador o de terceros.
Respecto al hecho de que la candidata al trabajo está en bolsa de trabajo temporal del Salud, existe su derecho a ello porque tiene la formación para ello, pero una vez que va a ser contratada tiene que demostrar que tiene capacidad funcional. Es decir, no solo basta con demostrar que se dispone de la formación adecuada, sino que tiene la capacidad funcional para desarrollar ese puesto de trabajo, y así se establece en el acuerdo que tiene el Salud con los sindicatos en el pacto de trabajo temporal.
