El reciente informe del Tribunal de Cuentas pone las obras de recrecimiento del embalse de Yesa como ejemplo de descontrol de en los presupuestos y de mala planificación en una obra pública. El “Informe de fiscalización de la contratación celebrada en 2014 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos dependientes, y su ejecución hasta 2017” determina el desfase en el recrecimiento en un 110% del presupuesto inicial y el retraso en la ejecución de la obra de 12 años, que en la actualidad ya son 13.
El informe señala directamente que la existencia de defectos o carencias en los proyectos iniciales, la falta de previsión, la descoordinación entre Administraciones, la ausencia de informes o actuaciones preceptivas o la imprevisión acerca del resultado de dichas actuaciones, “han ocasionado su alteración sustantiva en cuanto a su ritmo de ejecución, a su coste final o a su rentabilidad social en términos de satisfacción del interés público al que deben responder".
El desfase presupuestario de esta obra roza lo inverosímil y lo que es más increíble, el órgano regulador de la obra, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), empecinada en la finalización de la misma, oculta o maquilla el astronómico despilfarro que supone un recrecimiento a todas luces inviable.
Tal y como han denunciado desde la Asociación Río Aragón y Yesa + NO Lanak Gelditu, asociaciones opositoras aguas arriba y abajo de la obra, la CHE afirmaba hace pocas semanas que en Yesa se llevan 172 millones invertidos, quedando 94,4 por certificar. Unas cifras que desmiente el informe del Ministerio afirmando que el importe ejecutado es de al menos 253,5 millones. “Si tenemos en cuenta que el borrador de Presupuestos Generales del Estado de 2018 establece para el recrecimiento de Yesa 442 millones de euros, aún quedarían por invertir 188,5 millones, sin tener en cuenta las posibles futuras variaciones presupuestarias”, advierten estas asociaciones.
El informe también afirma que lo ocurrido con el recrecimiento de Yesa “ha ocasionado una alteración sustantiva a su rentabilidad social en términos de satisfacción del interés público al que deben responder”. Si añadimos la grave alteración que, sobre los habitantes aguas abajo de la presa, está provocando por razones de seguridad, queda claro que aquel “interés general” por el que fue aprobado ha quedado totalmente cuestionado. “Hoy el interés general se defendería mucho mejor paralizando las obras, salvo las imprescindibles para corregir los destrozos ocasionados, renunciando al incremento de su capacidad y apostando por alternativas sostenibles, que existen y son más baratas y eficaces”, advierten desde las asociaciones opuestas al recrecimiento.
Con ello recuerdan al Ministerio que más allá del “interés general” está la seguridad. En este sentido las laderas de Yesa llevan años mostrando inestabilidades que se manifiestan en forma de deslizamientos y colapsos, que han llegado al punto de tener que desalojar la urbanización Lasaitasuna colindante al pantano en el año 2013. Unas inestabilidades que son responsables, en parte, del sobrecosto, pero también de la inseguridad aguas abajo y de forma casi inmediata en Sangüesa/Zangoza.
La localidad navarra vive pendiente de la alarma que le haga desalojar a su población. El geólogo Carlos Revuelto presentaba hace dos años una simulación de la catástrofe que supondría la rotura de la presa, sumergiendo bajo 24 metros de agua la localidad de Sangüesa/Zangoza, arrasando a su paso otras como Caparroso, Peralta y Funes, llegando al Ebro con un caudal de 30.000 metros cúbicos por segundo, y anegando gran parte de la ciudad de Zaragoza, donde llegaría un día después, tras inundar gran parte de las localidades ribereñas aragonesas. Todo ello sabiendo que desde 2015 el área pirenaica y, en especial la zona del embalse de Yesa, está catalogada como la de mayor peligrosidad sísmica del norte del Estado español.
Para las asociaciones contrarias al recrecimiento la mera existencia de este informe parece motivo suficiente para que “la administración actúe de oficio ante semejante tropelía, especialmente por ser este panorama la evidente antesala de un desastre mayúsculo en caso de que se permita seguir en la dirección marcada por la CHE”.
Advierten también que es “lamentable” que dicho organismo manifieste ahora que “la gestión del presupuesto de un embalse como el de Yesa compete al Ministerio” ignorando que suya es la planificación y ejecución del mismo y que “han sido sus innumerables errores, en estas fases del proyecto, los únicos responsables del desvío final presupuestario así como la amenaza a la seguridad de las personas que viven aguas debajo de la presa”.