En la tarde del 13 de octubre, en plenas fiestas del Pilar, dos vecinos de Zaragoza de origen senegalés eran detenidos por agentes de la Policía Local vestidos de paisano. En unas calles repletas de viandantes, la Policía Local decidió perseguir a un grupo de vendedores ambulantes, que terminó con la detención de Juan y Souleymane en la calle Lacarra, pese a que ambos aseguran no estar vendiendo nada.
Souleymane ha denunciado haber sido golpeado en la cabeza por un agente de la Policía Local con la culata de su arma, fue trasladado al hospital, donde le fueron practicados dos puntos de sutura. Luego volvió a recibir atención médica en la Comisaría de la Policía Nacional del Actur a la que había sido trasladado.
Testimonios de clientes que se encontraban tomando algo en plenas fiestas del Pilar en la terraza de un bar en la calle Lacarra, coinciden con el relato de Souleymane. Blanca, una de las personas que presenciaron la detención, asegura que el golpe por el que necesitó puntos de sutura fue realizado con la culata del arma reglamentaria del agente. “La conmoción entre el público fue de sorpresa e indignación. Nos empezamos a preguntar los unos a los otros: ¿de verdad le ha golpeado con una pistola tras estar reducido?”.
Tanto Juan como Souleymane fueron detenidos y trasladados a dependencias de la Policía Nacional hasta el domingo 14 de octubre por la mañana, momento en el que comparecieron ante el Juzgado y fueron puestos en libertad provisional, acusados de un delito de atentado – en el atestado policial previo consta también un presunto delito contra la propiedad intelectual– y obligados a personarse cada 15 de días en el Juzgado.
Para Derechos Civiles 15M Zaragoza, “Juan y Souleymane fueron detenidos porque, además de ser negros, eran los que estaban más cerca. Juan tiene papeles y contrato de trabajo, no es mantero y, al igual que su compañero, asegura que no estaba vendiendo sino charlando en la calle con unos amigos antes de que llegara la policía”. El lunes, ya en libertad, tuvo que volver a urgencias aquejado de un fuerte dolor de cabeza por la agresión recibida.
El testimonio de Blanca, testigo de la detención, desmiente la acusación por delito de atentado y si bien asegura que “los detenidos estaban nerviosos, agitados, gritando”, advierte que “en ningún momento, que yo viera, fueron agresivos contra la policía”. Además afirma que “algunos miembros de la policía local, en cambio, sí fueron agresivos contra los que estábamos pidiendo, de manera educada, que no pegaran más a los detenidos y que llamaran a una ambulancia para el chico que estaba sangrando tras ser golpeado con la pistola”.
Blanca, periodista de profesión, trató de recoger el testimonio de algunas de las personas que habían presenciado la detención. “Estaba grabando uno de ellos pero paré porque uno de los policías de paisano me pidió que me identificara y le diera mis datos por estar grabando en la calle. No a ellos. Por estar grabando el testimonio de gente con mi móvil. Le expliqué que soy periodista, que quiero contar a los medios lo que ha pasado y que por eso lo grabo. Me dice que necesita mis datos ‘por si la información publicada es sesgada’ y el recuento de los hechos no es cierto, lo que es un intento intimidatorio y antidemocrático de coartar la libertad de prensa. A la respuesta ‘¿y que me pasaría si no te gusta la información que publican otros?’, me contesto que ‘ya veríamos’”.
Desde Derechos Civiles aseguran que “la Policía Local ha vuelto a intervenir contra personas dedicadas a la venta ambulante que aprovechan las fiestas para intentar obtener unos recursos económicos de los que carecen”, y añaden que este tipo de actuaciones “no contribuyen a la mejora de la convivencia, la seguridad ni la justicia”, por lo que exigen el cese ·del acoso y la persecución permanente de nuestras vecinas extranjeras. Exigimos el respeto a su dignidad y todos sus derechos con la misma convicción con la que exigimos los nuestros, pues son los mismos”.
Por todo ello anuncian que apoyarán a Juan y Souleymane en cuantas acciones legales puedan emprender, así como en las campañas de denuncia contra toda actuación – policial, judicial o política– que ponga en cuestión los derechos fundamentales de las personas.
