Este junio concluyó un curso marcado por numerosas polémicas en el sector de la enseñanza en Aragón. Las cuestiones que han salido a la luz no son nuevas, algunas llevan años gestándose, pero la situación sigue siendo de descontento generalizado en toda la comunidad educativa. Desde el final de curso se han sucedido distintas movilizaciones, especialmente vinculadas a la pérdida de casi 500 maestros de cara al próximo curso. Hasta 180 AMPAs de distintos centros aragoneses firmaron recientemente un manifiesto y se han movilizado contra una situación que roza la insostenibilidad.
La precariedad se ha convertido en la norma para docentes, alumnado y familias. Abarca desde las condiciones laborales de sus trabajadores hasta las penosas instalaciones en las que desarrollan el proceso de aprendizaje nuestro alumnado. A esto hay que añadir el alto porcentaje de interinidad que, lejos de reducirse, sigue ampliándose año tras año o los nuevos cupos que dejan en el paro a un gran número de compañeros.
La falta de recursos en la educación pública es un problema que afecta directamente a la calidad de la enseñanza ofrecida a los hijos e hijas de la clase trabajadora aragonesa. Aunque se ha alcanzado un nuevo acuerdo entre el gobierno y varios sindicatos, que promete una reducción de horas lectivas para el profesorado y un aumento salarial moderado, estas medidas parecen insuficientes frente a la magnitud de los problemas estructurales que azotan al sector.
Aragón es el tercer territorio en cuanto al porcentaje de profesorado interino, alcanzando un 40%. Esta situación implica que muchos profesores desconocen su destino laboral y la duración de sus contratos hasta apenas 24 horas antes de su inicio, lo que dificulta la planificación personal y profesional, y crea problemas para encontrar vivienda o planificar el transporte. Además, la constante rotación de profesores complica tanto la organización y preparación de las clases como la formación de vínculos con los y las estudiantes, esenciales en el proceso educativo. ¿Cómo se espera realizar un correcto seguimiento del desarrollo del alumnado si no cada junio la mitad del profesorado abandona su centro educativo a expensas de un nuevo destino?
Los cupos de profesorado para el nuevo curso sugieren que la reducción de la jornada lectiva podría vincularse a una menor contratación, especialmente en infantil y primaria. Esto aumentaría el número de alumnos por clase, reduciendo la calidad educativa y dificultando el trato personalizado en etapas cruciales del desarrollo estudiantil.
El personal docente en Aragón sigue estando entre los peor pagados del Estado, a pesar del acuerdo mencionado. Además, el aumento generalizado de los precios ha disminuido el poder adquisitivo de los trabajadores del sector, haciendo que los gastos en transporte y alojamiento agraven la precariedad de su situación laboral.
Entre los más afectados están los profesores de Formación Profesional. Hace más de un año se inició el proceso para integrarlos en el cuerpo de Secundaria, lo cual debería haber conllevado un aumento salarial retroactivo desde 2021. Sin embargo, no se ha efectuado ningún pago y no hay perspectivas de que esto ocurra pronto, mientras el nuevo gobierno culpa al anterior de la falta de fondos.
A pesar de las evidencias de recortes y precariedad, el gobierno se jacta de un incremento de 155 millones de euros en la inversión educativa (un 11% más que el curso anterior). Sin embargo, directivos y familias de numerosos centros públicos denuncian recortes en recursos humanos y materiales. Además de los problemas con las ratios de alumnos por clase, han quedado plazas de auxiliares de educación especial sin cubrir y se ha reducido el gasto en la organización de tribunales de oposiciones, afectando negativamente a sus componentes. Incluso se planteó retrasar la contratación del profesorado interino al inicio del curso, en lugar del 1 de septiembre con todos los problemas organizativos que ello supone, entrando directamente los profesores en el aula sin haber gestionado ninguno de los innumerables problemas que asaltan en la gestión del inicio de curso.
En el contexto capitalista actual, la educación parece ser más un instrumento para formar mano de obra según las necesidades del mercado que un medio para la movilidad social. Las constantes reformas, la intromisión de intereses privados y el creciente protagonismo de estudiantes en prácticas son indicativos de esta tendencia. Mientras tanto, el personal docente y no docente ve como faltan recursos materiales y humanos, y la precariedad laboral es la norma.
Queda claro que resolver la precarización del sector educativo no es una prioridad para el gobierno autonómico. Las medidas tomadas hasta ahora demuestran un desinterés hacia la mejora de los servicios públicos. Es fundamental que se garanticen condiciones laborales dignas para el profesorado y se asignen los recursos necesarios a la educación pública para asegurar el presente y el futuro de los estudiantes. La comunidad educativa debe luchar por sus derechos para construir una educación nueva que responda a las necesidades de una sociedad justa y equitativa.
