Si hacemos caso a lo que publican los periódicos, más vale no tener la desgracia de caer repentinamente enfermo en estos días y verse obligado a acudir al servicio de urgencias del Hospital Royo Villanova. Si por casualidad tiene usted que tomarse una pastilla, más vale que se lleve un vaso de casa para tragarla con un buche de agua porque, en caso contrario, le servirán el agua en un bote de orina (sin usar, no se alarme nadie) porque no hay vasos de plástico. Faltan pinchos para extraer sangre, y jeringas arteriales para medir el oxígeno en sangre. El almacén, dicen, está vacío y cuando no falta una cosa, falta otra. Y si el desafortunado paciente (en todos los sentidos de la palabra) llega al hospital con una fractura de cadera, puede pasarse veinticuatro horas en una camilla a falta de una cama para él. ¿Habitación donde alojarle? Un lujo impensable. Y se dan casos en los que ni siquiera hay camilla, de modo que al paciente lo sientan en una silla y que se apañe. Eso cuentan por lo menos los trabajadores, incluido un enfermero que se pasó una mañana sin tiempo ni para beber un poco de agua (en un bote de orina, se supone).
Y parece que la cosa no mejora si la dolencia es menos urgente y acudimos a un Centro de Salud en Zaragoza. También allí falta material y escasean medicamentos de uso frecuente, entre ellos los “corticoides inyectados y los tubos para la recolección de heces”. Por faltar, faltan tiras reactivas para determinar la glucosa en pacientes diabéticos, y eso solo por poner algunos ejemplos denunciados por los profesionales.
¿Será como consecuencia de los famosos recortes aplicados en la Sanidad pública a causa de la crisis?, podemos preguntarlos. O, dicho más claramente, ¿será porque no hay dinero para reponer el material que se gasta? Las autoridades sanitarias lo niegan y achacan la escasez de determinado material a “un exceso de demanda en las últimas semanas”. O sea, que a la gente ha debido de darle por beber más agua de la cuenta y se han agotado los vasos, o por inyectarse más corticoides de lo normal, o que todo el mundo se empeña en conocer su nivel de glucosa en sangre y, de paso, en acomodarse en una camilla. Y lo más curioso es que, según coinciden todos, estas carencias se repiten cada año por estas fechas, lo que parece significar que tan extrañas obsesiones se apoderan de los pacientes cada mes de enero.
El argumento, a simple vista, parece difícil de tragar aunque el agua para pasarlo venga servida en un vaso de cristal de Bohemia. Pero quiere la casualidad que también en estos días se haya publicado una interesante información que viene a demostrar que la troika aprieta pero no ahoga: la Sanidad pública aragonesa gasta más de 300.000 euros al año en contratar sacerdotes (obviamente, católicos). Diecisiete curas están contratados a tiempo completo en los hospitales de esta bendita (no faltaba más) tierra y nueve más, a media jornada. En cuanto a sueldos, pues no está mal: más o menos como los celadores y los licenciados en prácticas. O sea que, si no le pueden diagnosticar a tiempo un cáncer de colon por falta de material, siempre le quedará el consuelo de irse para el otro barrio debidamente confortado, confesado y comulgado… en el supuesto de que sea usted católico, claro, porque pastores anglicanos, rabinos y monjes tibetanos no hay, ni en plantilla ni en servicios externalizados. Y no le digo nada si es usted ateo.
No voy a hacer cálculos sobre la cantidad de vasos de plástico y jeringas que pueden comprarse con 300.000 euros al año (podría hasta comprarse alguna camilla, ya puestos), y no voy a hacerlos porque supongo al lector perfectamente capacitado para ello y porque no quiero que venga algún enteradillo con malas pulgas a llamarme populista. Porque, verán, las autoridades sanitarias (sí, las mismas que achacan las carencias de material al consumo excesivo de los pacientes) también tienen una explicación para esto. Resulta que es una consecuencia de los Acuerdos Jurídicos con la Santa Sede de 1979 y de un convenio que firmó en 1985 el Gobierno central con la Conferencia Episcopal. Un convenio tan detallado que no solo incluye la obligación de abonar religiosamente (nunca mejor dicho) su salario a los curas nombrados por el obispo, sino la de facilitarles “locales adecuados, tales como capilla, despacho y lugar para residir o, en su caso, pernoctar”. Y además hay que suministrarles “los recursos necesarios para prestar el servicio de asistencia católica”. No me pregunten si por recursos necesarios hay que entender crucifijos, agua bendita, hisopos o alzacuellos.
La verdad es que resulta un poco cansino volver una y otra vez al mismo asunto, pero es que una y otra vez se echa uno a la cara noticias como estas y que, a pesar de tantas voces indignadas por el carísimo trato de favor que recibe la Iglesia Católica en nuestro aconfesional país, los sucesivos gobiernos hacen como el que oye llover, y se aplican a cumplir sus compromisos con el episcopado haciendo gala de una diligencia que se echa de menos a la hora de cumplir los compromisos con los ciudadanos a que les obligan las leyes. Porque si algo demuestra todo esto es que, en época de vacas flacas, nuestros gobernantes no dudan en recortar presupuesto para necesidades tan básicas como la Sanidad o la Educación, pero no tocan el destinado a determinados sectores sociales, que ven pasar la crisis sin que llegue a rozarles. Los curas, ya lo ven, es que ni se enteran de los recortes.
Y además lo hacen a la chita callando, tal vez siguiendo el precepto evangélico que sugiere que tu mano derecha no debe enterarse de lo que hace tu mano izquierda (entiéndase por mano derecha al sufrido contribuyente y por mano izquierda al generoso cumplimiento de sus acuerdos con la Iglesia). Estos datos, por ejemplo, solo los ha soltado el Gobierno autonómico en respuesta a una pregunta del diputado de Podemos, Carlos Gamarra.
En fin, mientras siguen pensando si conviene hacer lo que es evidente, que es denunciar de una (santísima) vez los dichosos acuerdos y acabar con los privilegios que disfruta injustificadamente la Iglesia Católica, me atrevo a sugerir al dignísimo consejero aragonés de Sanidad que los próximos recortes se apliquen a la partida de sueldos y recursos destinados al clero. Yo, claro está, si tengo que acudir a Urgencias, prefiero que haya vendas para curarme en lugar de curas para vendarme.
