El alcalde Jorge Azcón, la candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza por el PP, Natalia Chueca, y el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, acaban de inaugurar la ampliación del parque Pignatelli a bombo y platillo, en un acto planificado en indecorosa clave electoral para mayor gloria de los candidatos.
Pero como dice el refrán, “no es oro todo lo que reluce”, y por ello desde Zaragoza en Común pondremos algunos puntos sobre las íes.
En 2016 el gobierno municipal de Zaragoza en Común inicia un proceso participativo de la remodelación de los depósitos y de la reforma del actual parque, sumándose a dicho proceso numerosas entidades y colectivos.
Posteriormente, en enero de 2018, el Pleno municipal aprueba con el voto de todos los grupos políticos la modificación del PGOU para asignar una nueva ordenación a los antiguos depósitos de agua. Y en base al proyecto del Servicio de Planificación y Diseño Urbano el Ayuntamiento acuerda transmitir parte del suelo a título de permuta y donde el adjudicatario se obliga a urbanizar el área: más de 30.000 metros cuadrados de los cuales el 62,5% corresponden a la ampliación de la zona verde, el 27,7% del suelo destinado a equipamientos públicos, y el 9,4% a vivienda (77 libres y 30 municipales en régimen de alquiler).
De interés general debe calificarse la operación donde se transmite suelo de uso residencial para incrementar notablemente la zona verde, dotar la zona de más equipamientos municipales y promover vivienda pública en régimen de alquiler.
En el presente mandato el Gobierno Municipal PP-Ciudadanos adjudica por 12 millones de euros a la promotora Aedas Homes la venta de los suelos, de los cuales 6 millones se destinan a la nueva urbanización de la ampliación del parque y otros 6 millones van directos a las arcas municipales.
El 28 de marzo de 2023 los munícipes de la derecha zaragozana han cortado la cinta de la ampliación de un parque ya existente, y unos accesos que benefician exclusivamente a un colegio privado como es La Merced. Pero desgraciadamente, pese a los compromisos iniciales y al consenso alcanzado en el proceso participativo, otros muchos aspectos han quedado olvidados en los cajones del Sr. Azcón, la Sra. Chueca y el Sr. Serrano.
Ni se han proyectado ni ejecutado las 30 viviendas que contemplaba el proyecto para gestionar en régimen público de alquiler por el ayuntamiento. Ni se han proyectado ni ejecutado los equipamientos públicos previstos (dirigidos a mayores e infancia). Ni se ha proyectado ni ejecutado ninguna obra de remodelación en la “Casa del Guarda”. Ni se ha proyectado ni ejecutado las mejoras en el antiguo Parque Pignatelli para una mayor integración con la zona de los antiguos depósitos. Ni se ha proyectado ni ejecutado el centro de interpretación del Canal Imperial previsto en los depósitos subterráneos. Ni se ha contado con las decenas de entidades y colectivos que en su día impulsaron el proyecto y aportaron sus ideas.
Nada se ha dicho de donde han ido a parar esos seis millones de euros que ha obtenido el Ayuntamiento con la operación, pese a ser preceptivo, a tenor de la Ley Urbanística de Aragón, que los patrimonios públicos del suelo tengan como destino la construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, actuaciones de iniciativa o regeneración urbana.
Un corte de cinta que algunos y algunas entendemos como un corte de mangas al interés general.
